Cuando la democracia entra en crisis, el dedo acusador suele señalar al populismo. Líderes carismáticos, discursos antiinstitucionales y estilos autoritarios ocupan titulares y debates, reforzando una narrativa cómoda: la democracia liberal estaría amenazada desde abajo. Sin embargo, esta explicación resulta incompleta —y, en muchos casos, engañosa—. En América Latina, y cada vez más también en otras regiones, el problema más persistente no es el populismo, sino la oligarquía.
Desde las independencias del siglo XIX, América Latina fue un enorme laboratorio de republicanismo. Las nuevas repúblicas surgidas de la ruptura colonial abrazaron principios radicales para su tiempo: soberanía popular, constitucionalismo, elecciones competitivas y secularismo. No fueron copias imperfectas de Europa, sino experiencias originales que intentaron articular libertad política en sociedades profundamente desiguales. El problema es que esa desigualdad nunca fue resuelta. La ciudadanía se proclamó universal, pero se practicó de forma selectiva, atravesada por jerarquías de clase, etnia y género.

De ese desequilibrio histórico nacieron repúblicas formalmente representativas, pero sustantivamente oligárquicas. A lo largo del tiempo, pequeñas élites económicas —a menudo vinculadas a intereses externos— lograron capturar el Estado, moldear las instituciones y convertir la representación política en un mecanismo de reproducción del poder. Las elecciones continuaron existiendo, pero la igualdad política quedó vaciada de contenido. No se trató de democracias fallidas, sino de algo más inquietante: democracias compatibles con la dominación de unos pocos.
Mirar la democracia desde la tradición republicana permite entender mejor esta dinámica. Una república no se reduce al acto de votar. Supone la protección efectiva de la libertad frente a la dominación, ya sea ejercida por el Estado o por poderes privados. Para ello, son indispensables el Estado de derecho, la separación de poderes y una administración pública capaz de actuar con autonomía frente a intereses particulares. Cuando la riqueza y el poder se concentran de forma extrema, estas condiciones se erosionan. La desigualdad convierte a muchos ciudadanos en dependientes, vulnerables y, en última instancia, menos libres.
Esta perspectiva también ayuda a reinterpretar el populismo. Lejos de ser una anomalía inexplicable, el populismo suele surgir como respuesta a la experiencia cotidiana de exclusión y abuso producida por regímenes oligárquicos. Cuando las instituciones dejan de representar, cuando la justicia protege sistemáticamente a los poderosos y cuando el crecimiento económico beneficia a unos pocos, la apelación al “pueblo” contra la “élite” se vuelve políticamente eficaz. El problema es que el populismo rara vez resuelve aquello que denuncia. Al concentrar el poder, debilitar los contrapesos y politizar el aparato estatal, termina sustituyendo la dominación de la minoría por la dominación personalista, sin reconstruir la república.
Por eso, la amenaza más profunda no es solo el retroceso democrático entendido como manipulación electoral o restricciones a la prensa, sino lo que podría llamarse un retroceso republicano. Este se manifiesta en la erosión del Estado como institución impersonal, en la confusión entre lo público y lo privado, en la degradación de la burocracia y en el uso discrecional del poder. Estados de excepción normalizados, ataques a los organismos de control o la demolición de capacidades administrativas en nombre de la eficiencia no fortalecen la democracia: la vacían desde dentro.
Frente a este panorama, la historia latinoamericana ofrece también recursos normativos y políticos. Junto a las tradiciones oligárquicas y populistas, existe una corriente de republicanismo plebeyo: indígena, anticolonial, antipatriarcal y radicalmente igualitaria. Movimientos sociales, estallidos populares y procesos constituyentes han buscado, una y otra vez, ampliar la ciudadanía real y someter el poder económico al interés público. No se trata de rechazar las instituciones, sino de democratizarlas; no de personalizar el poder, sino de distribuirlo.
Esta discusión no concierne solo a América Latina. En Europa y otras regiones, el liberalismo democrático ha mostrado una peligrosa complacencia frente a la desigualdad y la tecnocratización. La sacralización de la propiedad privada, la fe ciega en el mérito y la delegación de decisiones políticas en mercados y expertos han debilitado el sentido del bien común. La ciudadanía se ha vuelto pasiva, y la política, gerencial. En ese contexto, no sorprende que crezca el desencanto ni que prosperen soluciones autoritarias.
Recuperar conceptos como república, oligarquía y revolución no es un ejercicio académico nostálgico. Es una forma de nombrar problemas reales que el lenguaje dominante ha ocultado. La democracia no puede sostenerse sin un Estado capaz de proteger derechos frente al poder privado, ni sin una ciudadanía materialmente igual en su capacidad de influir en lo público. Si el debate se limita a condenar el populismo sin interrogar las estructuras oligárquicas que lo alimentan, el diagnóstico seguirá siendo erróneo.
La democracia, entendida en sentido pleno, es una república democratizada: un orden de autogobierno sustentado en la igualdad cívica, la legalidad y la participación efectiva. Defenderla hoy exige algo más que proteger procedimientos electorales. Exige confrontar la concentración de poder y riqueza que, silenciosamente, la corroe. Porque si la democracia está en crisis, no es solo por quienes la desafían desde fuera, sino por quienes la vacían desde dentro.
*Texto basado en el número especial de LASA Forum “Oligarchic Republics in Latin America” (vol. 56, nro. 4, 2025), disponible aquí:https://forum.lasaweb.org/issues/vol56-issue4/












