Los verdaderos desafíos de la nueva constitución chilena

Coautor Alejandro Olivares

En la reciente campaña presidencial fueron frecuentes las propuestas que buscaban “eliminar la grasa del estado” para conseguir mejores resultados sin “operadores políticos” que obstaculizan la gestión pública profesionalizada que necesitamos. Sin embargo, más allá del relato de los candidatos, en Chile cada centavo invertido logra mayores retornos en términos de bienestar social que sus vecinos, superando ampliamente, según el Indicador de Efectividad Gubernamental elaborado por el Banco Mundial, a Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México, entre otros países.

Lo anterior está lejos de ser casualidad. Desde el retorno a la democracia en 1990, en el país se han llevado a cabo importantes reformas orientadas a modernizar la gestión pública, con énfasis en el correcto uso de los recursos y la eficiencia del gasto. Todo esto acompañado de la incorporación de tecnologías como apoyo a la labor de los servicios públicos.

Del mismo modo, se han hecho importantes esfuerzos en la profesionalización de los funcionarios, principalmente mediante la creación de un sistema de servicio civil con lo que se han impuesto altos estándares para la selección del personal en la dirección del estado en los primeros niveles jerárquicos. Chile ha creado un sistema de alta dirección pública que asegura niveles de idoneidad de la persona que esté a cargo de una institución pública, cuestión que con el tiempo se ha expandido incluso hacia los directores de colegios públicos que deben concursar a través de estos procedimientos.

Por lo tanto, el debate sobre la administración pública no se debe centrar en aquellos aspectos que ya se encuentran medianamente resueltos con el andamiaje institucional actual. Más bien, debemos pensar cómo incorporar nuevas lógicas, procesos y estructuras en la gestión pública que permitan enfrentar los temas urgentes. Desde la crisis migratoria y climática, y temas relativos a la inclusión de grupos excluidos de la sociedad, hasta la descentralización efectiva y la necesidad de solidificar ciertos valores que permiten el correcto funcionamiento de la democracia.

Autonomía y flexibilidad de la administración publica

Por ello, la administración pública requiere ser repensada. No en función de indicadores de eficiencia, sino en un sentido más amplio que le permita ser autónoma de políticos contrarios a los ideales democráticos y flexible para responder rápidamente a cambios en el entorno.

Respecto a la autonomía, desde hace algunos años los académicos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt vienen advirtiendo que las democracias en el mundo actual ya no caen por golpes de estado o invasiones extranjeras, sino que lo hacen a través de líderes que con sus decisiones terminan erosionando las instituciones.

Esto es especialmente relevante en Latinoamérica, donde muchas instituciones políticas y económicas se crean sin tener nunca la intención de cumplir en la práctica el rol que tienen en el papel, tal como advierten en un reciente libro los especialistas Daniel Brinks, Steven Levitsky y María Victoria Murillo.

Uno de los pilares que necesita la gestión es contar con la autonomía suficiente para cumplir adecuadamente su mandato legal y los valores que promueve la administración pública, resguardando su labor de mandatarios políticos de turno que quieran instrumentalizarla. Esto es de espacial preocupación para el caso chileno, ante el ascenso que ha tenido la ultra derecha y la posibilidad cierta de ocupar el sillón presidencial en los próximos años.

Respecto a la flexibilidad, la administración pública necesita tener una estructura ágil que haga frente de forma adecuada a los cambios en el entorno. Algunos principios estructurantes de la administración pública, como el apego irrestricto a las normas y la estandarización de procesos administrativos la han convertido en una organización con dificultades para enfrentar problemas globales, como las crisis migratoria y climática. Esto es especialmente cierto en el caso chileno, donde se suma un proceso de toma de decisiones centralizado, que deja escaso margen de acción a las administraciones regionales.

Recientemente hemos visto como la llegada masiva de migrantes al norte de Chile generó el rápido colapso de los servicios públicos y un conflicto con las localidades de la zona. Lo propio ha hecho la crisis climática, llevando al estado al límite ante incendios y situaciones de escasez hídrica, por mencionar algunas. Los servicios públicos desconcentrados y descentralizados podrían adaptarse de mejor manera ante estas dinámicas si tuviesen mayores atribuciones y recursos para actuar a nivel local y con perspectiva territorial, sin depender de las decisiones del gobierno central y los servicios que están en la capital.

El estado debe estar al servicio de las personas pero las estructuras estatales que tenemos hoy, en particular fuera de la capital, no cuentan con las herramientas para responder ante situaciones extremas y urgentes. La flexibilidad y la capacidad pueden hacer la diferencia para el tratamiento adecuado de los problemas públicos. Este es el desafío que debemos aceptar para asumir el nuevo ciclo político de Chile.  Y el debate constitucional actual es una oportunidad única para repensar la vinculación del estado con otros ámbitos de la vida social y económica, así como su estructura, procesos y funcionamiento. Así, una nueva constitución debe incorporar principios rectores que aseguren a la administración pública la autonomía, flexibilidad y capacidades necesarias para resolver adecuadamente problemas públicos, con independencia del gobernante de turno.

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_{Alejandro Olivares es politólogo y profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco. Doctor en Ciencias Sociales y Master en Ciencia Política por la Universidad de Chile.}