Un clásico axioma de la política sostiene que el mejor momento para implementar las medidas más resistidas por la opinión pública es lo más lejos posible de las próximas elecciones. No conviene perder tiempo en festejar victorias ni en vanagloriarse por los resultados de los comicios. Si el impacto de esas decisiones es negativo, habrá margen para amortiguar el malestar de los votantes; si, por el contrario, las medidas muestran efectos positivos en el mediano plazo, el electorado tenderá a premiar al gobierno en la próxima cita electoral. Con el calendario de 2027 en el horizonte -la posibilidad de reelección y, sobre todo, la necesidad de mantener vigentes los pilares de su programa libertario- Javier Milei apuesta a comenzar 2026 con, entre otras medidas, la polémica reforma laboral sancionada.
El 2024 fue una montaña rusa para el gobierno argentino. El año inició con una perspectiva auspiciosa por parte de analistas y consultores de campaña: las encuestas lo favorecían y no aparecía un adversario de peso que amenazara el resultado. Las elecciones de mayo en la Ciudad de Buenos Aires ratificaron ese escenario: Milei logró imponerse a la versión local del kirchnerismo por casi tres puntos y al oficialista PRO por cerca de quince. Sin embargo, las elecciones desdobladas de la provincia de Buenos Aires (PBA) parecieron marcar un abismo entre Milei y el electorado, con una inesperada derrota de casi catorce puntos frente al oficialismo provincial. Muchos proyectaron entonces que, si en la provincia donde vota casi el 40% del padrón Milei perdía, el resultado nacional seguiría rieles similares.
Esos análisis, sin embargo, no contemplaron cuatro puntos clave: (1) el electorado puede votar distinto según el cargo, el distrito y el momento; (2) el triunfo del kirchnerismo en PBA fue un estímulo suficiente para que los “votantes blandos” de Milei -que podían haberlo votado en septiembre pero no lo hicieron- concurrieran en octubre; (3) una parte del kirchnerismo dio por ganada la elección de octubre y se relajó electoralmente; y (4) el resultado provincial generó incertidumbre en el “mercado”, provocando volatilidad en el dólar. El electorado leyó esa volatilidad no como una debilidad de Milei, sino como un anticipo de lo que podría ocurrir si el kirchnerismo se fortalecía.
Con habilidad política, Milei consolidó dos alianzas importantes que apuntalaron el resultado de octubre y le permitieron superar por siete puntos al kirchnerismo en las legislativas nacionales. La primera fue con el PRO, bajo la premisa de que sus electorados son muy similares y que, si compiten separados, atomizan el resultado. La segunda, su alianza con el gobierno de Donald Trump, le permitió contener la demanda de dólares, típica de la incertidumbre que antecede a una elección en la Argentina.
En definitiva, la síntesis política de 2024 expuso la vulnerabilidad de un gobierno que, aun haciendo equilibrio al borde del abismo, parece haber llegado para quedarse y termina proyectando una posible reelección en 2027. Es una moneda en el aire: nada está asegurado, todo es posible.
Con ese clima de incertidumbre, el gobierno entiende que una parte de su suerte electoral en 2027 dependerá de lo que logre -o no- hacer en 2026. Y eso se vincula con lo que “vino a hacer”. Controlar la inflación fue el contrato electoral con el que dos de cada tres electores rechazaron al oficialismo de 2023 y buscaron una esperanza en la oposición. Según reflejan las encuestas, esa expectativa se cumplió: se le adjudica a Milei haber estabilizado la inflación en torno al 2–3%, al punto de que dejó de encabezar el ranking de principales preocupaciones de la opinión pública. Ahora bien, el nuevo contrato electoral de este segundo tramo del gobierno -lo que las encuestas marcan como preocupación principal- tiene que ver con la reactivación del trabajo. Frente a esa demanda, el gobierno responde con un proyecto de reforma laboral.
El texto que aprobó la Cámara de Senadores y que está a la espera de tratamiento en Diputados incluye, entre sus puntos principales: indemnizaciones por despido menos costosas para los empleadores; menores aportes al sistema previsional; despenalización para registrar a trabajadores actualmente informales; creación de un “banco de horas” que permite compensar horas extra con tiempo de descanso (acordado con el empleador) en lugar de pagarlas como extras; modificaciones al período de vacaciones; mantenimiento del estatus de “independientes” para trabajadores de plataformas, con la obligación de las empresas de contratarles un seguro; declaración de algunos sectores como esenciales, lo que limita la posibilidad de paros totales; entre otros.
En términos comunicacionales, es una reforma con la que el gobierno aspira a enviar tres mensajes. El primero -y quizás el más buscado- es para los inversores extranjeros. Milei entiende que, en su esquema económico, la inversión necesaria para reactivar el país no vendrá del Estado ni de un aumento del déficit fiscal, sino del sector privado. En particular, de inversores externos que lo ven a él y a su filosofía política como un aliado. Sin embargo, esa atención que el libertario despierta entre empresarios y magnates necesita transformarse en dinero que efectivamente ingrese al país; en ese sentido, la reforma busca garantizar reglas de juego más favorables.
En segundo lugar, el mensaje apunta a los empresarios locales, quienes -bajo una normativa más flexible- deberían, desde la óptica del gobierno, dinamizar el mercado laboral. Además, con casi el 60% de los votos del Senado acompañando el proyecto, Milei exhibe músculo político y deja una señal de fortaleza y vitalidad, algo impensado años atrás.
En tercer lugar, el mensaje se dirige a los argentinos que acumulan años de inestabilidad laboral o desempleo y ven en esta reforma una posibilidad de acceso a nuevas oportunidades. Solo el tiempo mostrará si se trata de una reforma auspiciosa o perjudicial para los trabajadores; lo cierto es que, desde la perspectiva de quienes padecen años de malestar -y sin herramientas para discernir todas las aristas del proyecto- continuar con el esquema anterior no parece conducirlos a un mejor lugar.
En un reciente grupo focal emergió esta idea: “Yo no sé si es buena o mala la reforma; lo que sé es que estoy mal. Hay que hacer algo distinto, probar otra cosa; no sé qué”. En otras palabras, al igual que ocurrió con la demanda para bajar la inflación en 2023, Milei tiene una especie de “cheque en blanco” para resolver el problema laboral: “no sé cómo, pero que lo resuelva”. En línea con eso, una encuesta de mediados de febrero indica que casi el 46% de los argentinos está a favor de la reforma (entienda lo que entienda de ella) y cerca del 43% está en contra. El proyecto divide a la opinión pública; hay una leve mayoría a favor, pero una porción casi equivalente se opone.
A poco más de un año de los comicios que definirán quién será el próximo presidente de la Argentina, el gobierno se juega un primer round político. La aprobación de la reforma laboral se presenta como una respuesta al malestar en el empleo que enfrenta el país, en un contexto en el que Milei, en parte y desde la óptica de la opinión pública, estabilizó la dinámica inflacionaria heredada del gobierno anterior. Será la percepción de los electores la que determine si este proyecto -una vez aprobado y con sus efectos materializados- funcionará como catalizador electoral para el presidente, o si, por el contrario, se convertirá en un elemento más para alimentar a sus detractores.
Autor
Profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Belgrano, Argentina, donde también investiga sobre comportamiento político y electoral, comunicación política y psicología política. Magister de FLACSO y politólogo y sociólogo de la UBA.
