Javier Milei, el presidente de Argentina, ganó notoriedad por la imagen de la motosierra. En un primer momento, su intención fue “cortar de raíz” al Estado argentino, su enemigo. Pero la motosierra se está utilizando contra la democracia. El 25 de febrero fueron nombrados por decreto dos ministros para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, lo que plantea dudas sobre la legitimidad e independencia del poder judicial en el país.
El proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, establecido por la Constitución Nacional, implica la presentación de candidatos por el Poder Ejecutivo, seguida de la aprobación del Senado, con quórum de dos tercios. Este procedimiento incluye una fase de impugnaciones y observaciones públicas, de acuerdo al Decreto 222/03, que tuvo como objetivo aumentar la transparencia y la participación ciudadana. La Corte, que debería contar con cinco jueces, actualmente sólo cuenta con tres, debido a jubilaciones y renuncias.
La reciente decisión de Milei de nombrar a Lijo y García-Mansilla, mediante el Decreto 137/2025, desconoce este proceso legislativo, comprometiendo la separación de poderes y la independencia de la Corte. Los nombramientos por decreto son temporales, precarios, se hacen durante el receso del Congreso y buscan burlar la falta de apoyo político del presidente, quien no cuenta con los votos necesarios para aprobar sus nominaciones. El partido de oposición, Unión por la Patria, tiene mayoría en el Senado y puede obstruir dichos nombramientos.
Además de dañar la credibilidad de la Corte, la acción de Milei es vista como una violación a la independencia judicial y un retroceso en relación a la igualdad de género, ya que nombró solo a hombres, desconociendo la histórica subrepresentación de las mujeres en el tribunal. Sólo tres mujeres, de un total de 104 hombres, han ocupado un asiento en la Corte Suprema a lo largo de su historia. Argentina es el único país de Iberoamérica sin representación femenina en la Corte.
Las críticas se intensifican con la afirmación de que los nombramientos son inconstitucionales y podrían resultar en la nulidad de las sentencias que firmen los nuevos ministros. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la erosión de la legitimidad y la calidad institucional del Poder Judicial, enfatizando que la construcción de consensos y el respeto a la separación de poderes son fundamentales para la democracia. La situación actual, marcada por una masiva desconfianza popular hacia el Poder Judicial, resalta la urgencia de volver a la legalidad en el proceso de nombramientos judiciales.
El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni calificó de inconstitucionales los recientes nombramientos, pronosticando serios problemas legales si estos ministros firmaran sentencias, que serían nulas de pleno derecho y constituirían usurpación de funciones. El ministro en retiro Juan Carlos Maqueda también expresó su indignación, al considerar que la decisión del presidente, tres días antes del inicio de las sesiones ordinarias, es “absolutamente lamentable”. Maqueda destacó que el contexto histórico que permitió los nombramientos por decreto en 1860, en una Argentina casi desierta, es radicalmente diferente al actual.
La situación se complica aún más por el hecho de que el nuevo ministro, García-Mansilla, había expresado previamente su oposición a los nombramientos realizados por decreto. A pesar de las voces críticas, muchos simpatizantes han optado por el silencio, temerosos de ser asociados con una maniobra presidencial controvertida, especialmente en relación con el nombramiento de Ariel Lijo, ampliamente cuestionado. Observadores advierten que esta estrategia permite al presidente Milei esperar los resultados de las elecciones legislativas de 2025, buscando fortalecer su base en el Senado para reintroducir nombramientos senatoriales. El actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, indicó que la propia Sala evaluará la constitucionalidad del decreto, y ya hay acciones judiciales en su contra.
El viejo conocido
Ariel Lijo, el candidato, es un destacado juez federal conocido por su trabajo en casos de corrupción. Tiene un historial controvertido, con 34 denuncias disciplinarias presentadas, aunque ninguna ha resultado en una condena. Lijo, quien está asociado con figuras políticas influyentes, defendió su candidatura en una audiencia de ocho horas en el Senado en 2024, donde enfrentó un número considerable de desafíos. Su nombramiento, sin embargo, fue ampliamente criticado, incluso por aliados de Milei, como la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina y el Colegio de Abogados de Buenos Aires han expresado su preocupación por las implicaciones económicas del nombramiento de Lijo, quien ya ha sido cuestionado por su conducta inapropiada. Juristas y constitucionalistas también se posicionaron en contra de las designaciones, calificándolas de irregulares y potencialmente inestables para la institucionalidad del país.
En estos momentos, la situación de Lijo sigue siendo incierta. Como su nombramiento es temporal, Lijo deberá renunciar a su cargo de juez federal, según decidió el propio Supremo Tribunal Federal en la primera semana de marzo. Aún no ha dimitido y se dice que prefiere ser aprobado por el procedimiento ordinario, con el visto bueno del Senado.
Lo desconocido
El reciente nombramiento de Manuel José García-Mansilla en sustitución del juez Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre de 2024, también ha planteado dudas sobre la legitimidad del proceso. En marzo de 2024, el presidente Milei lo nominó a la Corte Suprema, pero García-Mansilla no obtuvo las nueve firmas necesarias del comité del Senado para proceder a una votación en el plenario. Ignorando ese requisito, Milei lo nombró en comisión mediante decreto nº 137/2025, el 25 de febrero de 2025. La Corte Suprema, considerando que el candidato poseía las calidades exigidas por la Constitución, lo juramentó en ceremonia privada dos días después. Un grupo de organizaciones acudió a los tribunales pidiendo su anulación.
García-Mansilla tiene una trayectoria académica, siendo Doctor en Derecho, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y Profesor de Derecho Constitucional. En el sector privado, representó al sector energético. Se le describe como ultraconservador en temas sociales y liberal en términos económicos, alineándose con la ideología del actual gobierno. Su postura crítica hacia los tratados de derechos humanos y su activismo contra la interrupción voluntaria del embarazo ejemplifican sus posiciones.
Históricamente, el intento de Mauricio Macri de nombrar magistrados por decreto en 2015 se topó con una fuerte oposición, lo que lo llevó a revertir la decisión. En contraste, Javier Milei ha gobernado mediante decretos controvertidos y, en medio del “Criptogate”, ha buscado consolidar su poder en el poder judicial, generando preocupaciones sobre la erosión democrática en Argentina.
Autor
Cientista político. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal Fluminense (UFF). Doctor en Ciencia Polítia por el Institutos de Esudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP/UERJ).
