Los informes de las Naciones Unidas muestran que la raza determina la composición de la base de las nuevas formas de pobreza y miseria en el mundo. Como resultado, las mujeres negras ocupan posiciones de extrema vulnerabilidad y son las más afectadas cuando se trata de la privatización de los servicios públicos.
Según el reciente informe Econonuestra de OXFAM, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y el lugar donde los ricos concentran la mayor parte de la riqueza total, después de Oriente Medio y el Norte de África, y donde el 50% más pobre tiene tan poca riqueza como el África Subsahariana. En una muestra de las vulnerabilidades que impone la raza, las personas y familias negras aparecen entre las que son expulsadas del mercado laboral, o las que, una vez empleadas, son explotadas y mal pagadas, con frecuentes abusos y violaciones de derechos. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), en América Latina, la población afrodescendiente se estima en 153,7 millones de personas, lo que representa el 23,7% de su población total».
Dentro de este grupo, las mujeres negras experimentan múltiples condiciones de exclusión, desigualdad y falta de ciudadanía. A pesar de sus logros, la pobreza y las importantes diferencias de ingresos persisten y las penalizan. En Estados Unidos, por ejemplo, «el patrimonio neto de una familia negra media es sólo el 15,8% del de una familia blanca media», mientras que en Brasil, «de media, la renta de los blancos es más del 70% superior a la de los negros», revela el informe anual de Oxfam Internacional.
Añadiendo la dimensión de género, en Brasil, según datos del Ministerio de Igualdad Racial, las mujeres negras representan el 38,5% de las personas inscritas en el Registro Único (CadÚnico). Del mismo modo, tienen los niveles más bajos de escolarización y, en consecuencia, peores posiciones en el mercado laboral en comparación con las mujeres blancas.
En general, las personas negras en Brasil son mayoría en el trabajo informal, entendido por el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) como «empleados en el sector privado sin permiso de trabajo firmado; trabajadores domésticos sin permiso de trabajo firmado; empleadores sin registro en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ); trabajadores autónomos sin registro en el CNPJ; y trabajadores familiares auxiliares». Pero si consideramos sólo los 5,8 millones de trabajadores domésticos informales, más del 91,4% son mujeres, de las cuales el 67% son mujeres negras.
El impacto de la privatización
En este contexto, el informe de Oxfam sobre la desigualdad en el mundo, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, añade que el futuro podría ser aún más sombrío: «Tardaremos 230 años en acabar con la pobreza, pero podríamos tener nuestro primer trillonario en 10 años», afirma.
El mundo occidental vive una nueva era de profundización de las desigualdades y las injusticias sociales, con un aumento drástico de la división social, el fortalecimiento del poder monopolístico y la potenciación de las grandes empresas, como indica el informe, que afirma que la privatización de los servicios públicos es una práctica relevante en este proceso.
En un primer nivel, la privatización aportaría una rentabilidad inequívoca a las grandes empresas. Sin embargo, aumentaría la exclusión y el empobrecimiento, de los que los más afectados son los grupos definidos por el género, la raza y la etnia, especialmente las mujeres racializadas. En el contexto de las dinámicas geopolíticas, con relaciones establecidas en los países del Norte Global, los inmigrantes. Y en el caso interno de países como Brasil, formados como consecuencia de la esclavitud y la colonización, sobre todo las mujeres negras.
No fue por otra razón que la representante de Oxfam Brasil, cuando formó parte de la coalición por la Reforma Tributaria 3S y participó de la audiencia pública realizada por el Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación de la Reforma Tributaria, declaró: «el hambre en Brasil tiene cara de mujer negra«, corroborando el informe divulgado, para el cual todas las desigualdades observadas a nivel global se exacerban cuando son atravesadas por el género, la raza, el origen (en el caso de los inmigrantes); en fin, por marcadores sociales de diferencia que apuntalan prácticas de discriminación.
La privatización de los servicios públicos y la vulnerabilidad de las mujeres negras
Los incentivos para que los Estados nacionales inviertan en la privatización de empresas y servicios públicos son estratégicos para este modelo global de producción de poder mediante el fortalecimiento de las grandes empresas privadas.
Estas privatizaciones pueden adoptar la forma de venta de empresas o traspaso de la prestación de servicios al sector privado, como la electricidad y el agua. Por otro lado, precarizan los servicios básicos como la educación, la sanidad y la seguridad, para favorecer la competencia con proveedores privados del mismo servicio.
La consecuencia directa es el debilitamiento de las relaciones de trabajo, especialmente cuando se asocia a políticas de flexibilización de la legislación laboral; una asociación que a menudo empuja a gran parte de la mano de obra hacia el trabajo externalizado y precario.
En ambos modelos, a los trabajadores empobrecidos y mal pagados se les hace actuar como consumidores de segunda clase en un sistema de ofertas orientado a la rentabilidad y el enriquecimiento de las empresas. Como clientes y consumidores de segunda clase, su estatus de ciudadanía se reduce y, con él, su acceso a los derechos fundamentales que antaño garantizaban con seguridad los Estados nacionales.
Si la privatización de los servicios públicos afecta a toda la población que se encuentra en la base de las relaciones sociales, con un stock escaso de capital fundamental para su automantenimiento, como es el capital educativo, político y económico, no cabe duda de que agrava la situación de los miembros más vulnerables de esta base desfavorecida: las mujeres negras.
Las mujeres negras suelen ver en el Estado y en el acceso a los servicios públicos una posibilidad real de garantizar una calidad de vida mínima para ellas y sus familias. En Brasil, según la Encuesta Nacional de Salud, las mujeres negras representaban el 60,9% del público que utilizaba el Servicio Único de Salud (SUS). Del mismo modo, a los servicios de educación, seguridad, justicia y otros servicios públicos acceden en gran medida personas y familias negras, a menudo encabezadas por mujeres negras.
En un escenario global, los procesos de privatización las afectan directamente: las hacen vulnerables al incorporarlas al trabajo informal, especialmente al de limpieza; las privan de su ciudadanía básica, privándolas de derechos; y las empobrecen, dificultándoles el acceso a servicios fundamentales.
Por eso, tanto como un engranaje en la producción de asimetrías económicas, las privatizaciones deben ser entendidas como mecanismos sutiles y potenciales para ocultar el rostro de un racismo que se reproduce libremente, organizando el mundo y manteniendo a las mujeres negras en una condición estructural de vulnerabilidad.
Autor
Doctora en Sociología. Profesora Asociada en la Escuela de Ciencia Política y Profesora Permanente del Programa de Posgrado en Memoria Social y en Ciencia Política de la UNIRIO. Integrante de los Comités de Investigación en Sociología de las Relaciones Étnico-Raciales, en la SBS; de Género, Raza y Diversidad, en la ABCP; y de Raza y Etnicidad, en la ANPOCS.
