La gran noticia no son los 26 capos que fueron extraditados este agosto a Estados Unidos para ser juzgados por crímenes cometidos en México y contra las sociedades de los dos países; tampoco que en febrero extraditaran a los primeros 29 capos y nos quedáramos con la imagen del capo Rafael Caro Quintero cabizbajo e incrédulo después de haberse librado de la prisión estadounidense por décadas (ahora, se dice, espera inquieto la pena de muerte por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena).
No, la gran noticia es lo que no dice la narrativa del oficialismo ante el envío de esos 55 personajes cuidadosamente seleccionados por las autoridades estadounidenses. Y es que en esos grupos no va ni una sola persona de la base política que les permitió operar con absoluta libertad a lo largo y ancho del territorio nacional, dejando una estela de miedo y muerte. ¿Acaso, pregunto, esa complicidad es un mito, una leyenda urbana, un invento periodístico?
Ahí está la sólida investigación académica de Luis Astorga sobre los vínculos entre política y crimen organizado durante el siglo XX y el trabajo del periodismo de investigación, que ha dejado constancia de nombres que han estado y están detrás de los cárteles y que siguen operando pese a bajas, arrestos y extradiciones.
Algunos nombres han trascendido en prensa por la presión que ejercen Donald Trump y sus mensajeros para que sean entregados algunos personajes activos en funciones de gobierno. Sin embargo, solo se extradita a exponentes del brazo operativo del crimen organizado.
La pregunta que nos hacemos muchos observadores es hasta cuándo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podrá seguir sin entregar a algunos de ellos o, mejor, a cambio de qué no va a entregar a presuntos narcopolíticos señalados por las agencias de seguridad estadounidenses.
Sheinbaum habla todos los días de salvaguardar la soberanía y afirma, vehemente, que se trata de algo innegociable, pero lo que estamos viendo es lo contrario: se entrega soberanía en materia de migración cuando destinamos recursos públicos para contener la marcha hacia el vecino del norte, se entrega soberanía cuando cedemos en materia de comercio afectando a nuestros productores, y por supuesto se entrega soberanía en materia de seguridad cuando a los extraditados se los envía a la justicia estadounidense en vez de ser juzgados por los delitos cometidos en territorio nacional.
¿Acaso sigue valiendo el argumento de que el Poder Judicial “está podrido” y es el culpable de que los delincuentes que cometieron los peores crímenes contra la sociedad tras un tiempo entre rejas vuelvan a las calles cuando estamos por inaugurar el nuevo sistema judicial con jueces, magistrados y ministros electos “democráticamente por el pueblo de México” que evitarán que se siga reproduciendo esa dinámica perversa?
¿O es que la presión que ejerce Kristi Noem, por señalar a uno de los mensajeros que han llegado a Palacio Nacional, es tal que no se le puede decir que no?
Cierto, en política siempre se toman decisiones entre inconvenientes privilegiando el bien mayor para un país, pero, ese bien mayor, ¿tiene nombre y apellido? ¿De eso estamos hablando cuando se toma la decisión de que en este nuevo paquete de extraditados no vaya ningún presunto narcopolítico? ¿Acaso hay un intercambio para no afectar la estructura del poder político?
Y si existe tal intercambio, está claro que a la presidenta mexicana ya le tomaron la medida y la administración Trump sabe dónde apretar para seguir obteniendo beneficios. Entonces, eso que proclama Sheinbaum de tomar decisiones con la “cabeza fría” es otra pieza de propaganda que inmediatamente repite y aplaude la representación y comentocracia oficialista.
Estamos ante una cesión constante de soberanía. Obviamente, ya no es como en los tiempos de Antonio López de Santana, cuando entregamos la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos, sino que se trata de algo más sutil mediante acuerdos en materia de migración, comercio y seguridad nacional. Eso sí, con un discurso soberanista, cuando las decisiones y acciones se están tomando en el mejor estilo pragmático para proteger los intereses del grupo gobernante visible e invisible.
Entonces, al ver las imágenes de los extraditados, en otro tiempo distinguidos por la soberbia y la prepotencia de saberse poderosos y protegidos por sus jefes de cuello blanco, me imagino el pesar y la impotencia que deben de sentir por saberse despojados de todo o casi todo, cuando algunos de ellos llevan sus bienes en una bolsa de plástico. Seguramente incuban el sentimiento de traición que antes sintieron los extraditados en febrero al saberse sacrificados mientras otros gozaban de impunidad.
Deben de sentir la presión de ir a lo desconocido, aunque con la esperanza de ser absueltos, como ha sucedido con iguales o mayores capos que ahora son testigos protegidos. Estos, no hay que dudarlo, van a hablar, y mucho, sobre la narcopolítica en México.
Y eso significará mayor presión sobre la presidenta Sheinbaum, que cada día tendrá menos margen para defender a su gente y, sospecho, terminará entregando a al menos algunos de los suyos como jugada política para consolidar su poder, hoy ensombrecido con la declaración de Trump de que México “hace lo que le pide Estados Unidos”.
Los tiempos de la administración Trump están claramente definidos en la agenda bilateral. Hasta ahora, han logrado cumplir sus objetivos, y van por más. En algunos temas se cuidarán las formas y en otros, simplemente, tomarán decisiones unilaterales llevando al traste aquello de que “a México se le respeta”.
A diferencia de Sheinbaum, a quien esta presión le quita el sueño, los presidentes Vladimir Putin o Emmanuel Macron, e incluso Lula da Silva, tienen mayor margen de maniobra, lo que les permite tomar aire y resistir los embates estadounidenses para dejar pasar el tiempo y negociar en mejores condiciones.
Si no, que la presidenta Sheinbaum responda: ¿qué ha ganado México en estos meses de relación tormentosa? Que no diga que tiempo.
