En Brasil, las ciudades de São Sebastião, Londrina, Salto da Divisa y Palhoça sufrieron ataques contra las escuelas en 2024. Aún debe confirmarse si se trata de casos de violencia extrema, influenciados por discursos de odio e ideologías extremistas, como los otros 36 que tuvieron lugar entre 2001 y 2023. Aunque no encajen en este contexto específico de violencia, son situaciones que suscitan preocupación. Según UNICEF, entre el 50% y el 70% de los estudiantes latinoamericanos son víctimas de acoso escolar, especialmente en países como México, Colombia, Paraguay y Perú. Palizas, lesiones con objetos, uso de lenguaje obsceno e incluso abusos sexuales son casos alarmantes que ponen de manifiesto un entorno de creciente inseguridad escolar. Diversos ataques a escuelas están directa e indirectamente relacionados con este fenómeno. Estos actos no pueden normalizarse y es deber de la sociedad civil contribuir a que la población adopte una postura atenta y proactiva sobre el tema.
Los cuatro episodios registrados en Brasil en 2024 muestran que el número de casos se mantiene en el mismo nivel que en los últimos dos años. Si se comprueba que los incidentes de este año son de violencia extrema contra las escuelas, 2024 será el segundo año consecutivo con el mayor número de ataques en el primer semestre del año.
Pero ¿por qué ya no parecen tan relevantes como antes? Daniel Cara, coordinador del grupo de trabajo del Ministerio de Educación (MEC) sobre el tema, habla de la normalización de estos ataques por parte de la población brasileña. Según él, este crimen ya se considera arraigado en nuestra sociedad.
El contexto social y político en el que se han producido estos ataques en Brasil favorece la normalización, especialmente por factores como: la negligencia de los discursos de odio pronunciados por figuras públicas de la extrema derecha, la imposibilidad de avanzar en la discusión sobre la regulación de las redes sociales, y la apología de las armas.
Pese a la aparente normalización por parte de la población, el problema sigue estando en el centro del debate político sobre la agenda educativa. Por un lado, están los partidarios de una educación de escuela homogénea (como las escuelas cívico-militares), tecnicista y más centrada en la preparación técnica para una futura profesión que en el desarrollo del pensamiento crítico. Para este grupo, la prevención de la violencia extrema contra las escuelas pasa exclusivamente por la seguridad armada. En el otro lado, están los defensores de una educación pública y pluralista que promueva el pensamiento crítico, la democracia y los derechos humanos, para quienes la prevención pasa por mejorar la convivencia escolar.
¿La seguridad y la convivencia escolar pueden coexistir?
En principio, puede resultar difícil imaginar cómo pueden convivir propuestas con enfoques diferentes, pero este ejercicio es necesario ante una población dividida en grupos ideológicamente opuestos que reclaman la protección de sus hijos e hijas, niños y adolescentes.
El informe Ataques de violencia extrema en las escuelas de Brasil: causas y caminos afirma que hay medidas de seguridad que pueden conciliarse con estrategias para mejorar la convivencia escolar, siempre que haya un espacio propicio para cultivarla. Entre ellas están el aumento del cuidado en los puntos vulnerables, los botones de pánico, la formación del personal, las cámaras externas y la policía de proximidad. La seguridad armada no es una opción.
En el libro electrónico Violencia contra las escuelas en Brasil: Perspectivas sobre el extremismo entre los jóvenes y estrategias de prevención, producido en asociación entre Latinoamérica21 y el Instituto Aurora, en coautoría con diferentes organizaciones de la sociedad civil, cada artículo contiene propuestas para superar este problema.
Tales propuestas son: 1) Promover una escuela heterogénea que valore la educación en derechos humanos y la cultura de paz; 2) Conocer los factores que ponen en contacto a niños y jóvenes con ideologías extremistas y los que los alejan de ellas; 3) Prevenir con estrategias orientadas a actuar y no a reaccionar, reconociendo con anticipación las señales de violencia extrema; 4) En el seguimiento de incidentes en la escuela hay que actuar con todas las políticas públicas, como salud, cultura y asistencia social, reduciendo la desconfianza en las instituciones; 5) Averiguar qué buscan los jóvenes en las redes sociales y proponer alternativas que los alejen del camino de la radicalización hacia el extremismo, ayudándolos a pensar en otras masculinidades posibles; 6) Incluir prácticas pedagógicas que abran espacios para que los alumnos expresen y reflexionen sobre sus hábitos mediáticos; 7) Construir posibilidades de vida y promover espacios de pertenencia que reconecten a los sujetos con experiencias compartidas, comunitarias y solidarias, previniendo y rescatando a los jóvenes del extremismo.
El peligro de un debate polarizado en medio de la normalización
Frente a un escenario polarizado, se debe tener cuidado para que el tema de la violencia escolar no se convierta en un instrumento para alterar la visión de la población sobre cómo debe ser un ambiente escolar, haciendo que soluciones ineficaces a un problema complejo ganen apoyo popular.
Por ejemplo, a principios de julio de 2024, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia del diputado Nikolas Ferreira (PL-MG), discutió el proyecto de ley 2380/2022, que preveía la vigilancia de las escuelas por agentes especializados, con la justificación de casos de ataques a estas instituciones. La discusión siguió en torno a la defensa de la seguridad armada en las escuelas para combatir la violencia contra y en estas instituciones.
También en el primer semestre de 2024, la privatización de una parte de las escuelas públicas fue aprobada por los gobernadores de dos estados brasileños (São Paulo y Paraná), ambos de partidos que apoyan agendas más conservadoras, y esta privatización incluye la licitación de las áreas de vigilancia y recepción de las escuelas.
Al final, lo que vemos es que no normalizar la violencia contra las escuelas tiene que ver con prevenir el próximo ataque a estas instituciones, pero también con: 1) impedir el éxito del lobby armamentístico; 2) frenar la transferencia de dinero público a empresas privadas que buscan su propio beneficio; y 3) detener un proyecto de poder por el que las escuelas se gestionan a través del miedo.
La sociedad civil tiene el deber de hacer que la población no normalice la violencia contra las escuelas, garantizando que el debate sobre el tema siga siendo público, incluyendo a la comunidad escolar, circulando en los principales medios de comunicación y en las plataformas digitales, e impidiendo que sea cooptado por grupos políticos extremistas.
Por encima de todo, se trata de construir un camino que no esté sesgado por los valores de la extrema derecha y en el que una sociedad dividida encuentre formas de reconectarse.
Autor
Responsable de Investigación y Proyectos en el Instituto Aurora de Educación en Derechos Humanos. Máster en Filosofía por la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Miembro del Consejo Municipal de Derechos Humanos de Curitiba.
Directora Ejecutiva del Instituto Aurora de Educación en Derechos Humanos. Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR).
