América Latina y el Caribe no se debate entre hipótesis de guerras interestatales sino entre violencias criminales y subsidiarias en las principales ciudades.

La zona compartida entre ambos países ha sido testigo de la transformación y mutación del conflicto armado, la proliferación de organizaciones criminales y la precaria presencia estatal, tanto de Caracas como de Bogotá.

La tercera década del siglo XXI está removiendo los miedos e incertidumbres acumulados a lo largo de la historia. Parece que este siglo, en lugar de ver solucionados los problemas del pasado, es una recolección “frankenstiana” de desgracias añejas.

Al principio de la pandemia hubo un descenso en el crimen tradicional desplazando la violencia al interior de los hogares. Pero a partir de mayo de 2020, las estructuras criminales comenzaron a adaptarse a las nuevas situaciones de emergencia en los diferentes países.

El 2020 ha sido el año del regreso al pasado. Nos deja la lección de cuán vulnerables somos los humanos en la Tierra y la evidencia que el planeta no necesita a la humanidad para existir, pero sí que él es necesario para la vida de la humanidad.

¿Qué es legítimo y qué no? ¿los gobiernos deberían negociar con estructuras terroristas y criminales para reducir el crimen y los homicidios? En materia de seguridad y de negociaciones hay una constelación amplia de casos entre Estados, grupos insurgentes y guerrillas, pero menos con terroristas o narcos.