En las últimas semanas ha sido particularmente saliente la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Unión Europea, y más específicamente con su misión de observación electoral (MOE). Y es que el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso revocó la invitación hecha a principios de año para las elecciones del 28 de julio. Como reclamo a la continuidad de las sanciones que este actor multinacional mantiene sobre algunos miembros del gobierno venezolano. Por tanto, los representantes de la UE «no son bienvenidos a nuestro país mientras se mantengan las sanciones genocidas contra la República Bolivariana de Venezuela, y especialmente contra su Gobierno».
Cabe destacar que la Unión Europea mantiene sanciones contra más de 50 altos funcionarios del gobierno, acusados con nombre y apellidos por actos represivos contra la población civil y que erosionan la democracia en Venezuela. Sin embargo, en varias comunicaciones de la diplomacia comunitaria se reitera que no son acciones dirigidas a todo el Estado venezolano, tal como lo mantiene la narrativa oficial. Todo lo cual ocurre, después que la UE suspendiera sanciones contra cuatro de estos funcionarios vinculados al organismo electoral, entre lo cuales está el propio Elvis Amoroso.
En todo caso, dicha exigencia pudiera corresponder a la Cancillería venezolana y no a una institución que se debe a la conducción del régimen electoral. Lo cual evidencia la inexistente autonomía institucional en la Venezuela de Maduro, en especial en el CNE.
Pero al margen de este roce, en general la observación electoral internacional ha sido por años una de las diversas condiciones que han minado el carácter competitivo del sistema electoral en Venezuela. Especialmente si tomamos en cuenta que los informes más exhaustivos y con carácter técnico sobre las condiciones electorales venezolanas, han venido de la propia MOE en elecciones anteriores.
En el marco de una nueva elección en la que finalmente la oposición, sorteando todo un extenso catálogo de arbitrariedades, pudo presentar una candidatura ¿qué implicaciones políticas directas tendría el que la observación internacional haya quedado vetada?
