Coautora Micaela Trimble
Desde fines de abril, más de la mitad de los uruguayos ha venido enfrentando problemas de cantidad y calidad del agua. La población está siendo abastecida por agua con concentraciones oscilantes de salinidad, proveniente de una mezcla de agua dulce del embalse de Paso Severino y agua salobre del estuario del Río de la Plata. La Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) viene gestionando, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el aumento de las concentraciones de sodio y cloruro en el agua distribuida como alternativa para evitar los cortes de agua. En medio de la crisis, el discurso oficial culpabiliza los factores climatológicos, al mismo tiempo que apuesta a que la solución venga de la mano de las lluvias.
Ese discurso ha conllevado también un fortalecimiento de la defensa de proyectos hidráulicos que permitan aumentar la oferta de agua como el Proyecto Neptuno. Mientras que las medidas de gestión y control de actividades que se desarrollan en el territorio de la cuenca del Río Santa Lucía, de donde se abastece a la zona metropolitana de Montevideo, no han tenido la misma suerte.
El problema del agua
Mientras el discurso oficial mencionaba que el agua de OSE era “bebible”, pero sin atender los patrones de potabilidad, las sociedades médicas recomendaban que algunos grupos sociales como los afectados por hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis o embarazadas evitaran el consumo. Entre las consecuencias de las medidas adoptadas por el gobierno, estuvo la promoción del consumo de agua embotellada lo cual amplió las desigualdades sociales en el acceso al agua potable y segura al consumo, previsto constitucionalmente como derecho humano.
Inicialmente, la preocupación por la falta de lluvias era con el sector productivo agropecuario, uno de los principales sectores económicos del país, lo cual llevó a la declaración de una emergencia agropecuaria. Posteriormente, con la intensificación del problema, se incorporó también la preocupación por el agua para el consumo de la población. Y varios meses después, se declaró una emergencia hídrica, agilizando las inversiones en obras.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) relata que los últimos tres años han sido extremadamente secos y señala una relación entre este período seco con la fase “La Niña” del fenómeno de la Oscilación Sur del Pacífico. Además, existen estudios que muestran que esta sequía fue intensificada por las acciones humanas que han generado un aumento de temperatura.
Aunque hay factores climáticos en juego, resulta llamativo que el gobierno no se haya enfocado en otras dimensiones, como por ejemplo las medidas de gestión del agua y del suelo. Tampoco ha escuchado alternativas propuestas por actores de la cuenca y la zona afectada. Desde la oposición política, se ha criticado el hecho de no haber concretado proyectos hidráulicos propuestos por gestiones anteriores. En su lugar, se le dio prioridad al Proyecto Neptuno, una propuesta que involucra al sector privado y la construcción de una planta que potabilizará agua del Río de la Plata.
Desde la academia y las organizaciones sociales involucrados con la temática se considera que existen problemas de larga data relacionados con la falta de implementación y control de medidas para la reducción del deterioro ambiental de la cuenca. Esto está asociado a diversos conflictos entre los diferentes usos del agua y del suelo en la cuenca. Se suma a esto, una baja permeabilidad a la participación social en la toma de decisiones relacionadas a la planificación, gestión y control del agua.
Otro aspecto que genera preocupación es la pérdida de agua potable en las redes de distribución por falta de mantenimiento. El International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (2015) muestra que Uruguay posee una pérdida de casi 50% del agua potable producida en las plantas potabilizadoras. En este marco es planteada la interrogante ¿Por qué el gobierno está apostando a ampliar la oferta de agua, en lugar de tomar medidas para reducir significativamente las pérdidas de la propia red de distribución?
De las decisiones centralizadas al agua embotellada
Los ámbitos participativos, establecidos a raíz de la reforma constitucional de 2004 e integrados por diversos sectores, fueron tardíamente convocados para abordar la crisis. La Comisión de Cuenca y el Consejo Regional de Recursos Hídricos sesionaron recién en junio, cuando la crisis ya estaba avanzada, con protestas sociales casi diarias.
Sin embargo, no es la primera vez que estos ámbitos son ignorados y su función se ve seriamente afectada. En otros países del Cono Sur, también se ha visto que, en momentos de crisis, los procesos de toma de decisiones tienden a ser más centralizados, menos transparentes y participativos, y explicitan la desigualdad de poder entre los diferentes actores involucrados.
En el caso de Uruguay, hay un sector que salió aún más empoderado: el mercado de agua embotellada. Las ventas de agua se triplicaron tras la reducción intencional de la calidad del agua distribuida a la población. En consonancia con lo planteado por otros investigadores, más allá de discutir el subsidio del agua embotellada para la población con menor renta, se debería cuestionar esta forma de pasar la responsabilidad de abastecimiento público de agua potable al sector privado.
Como conclusión, vale señalar que en Uruguay no falta agua y que solo la lluvia no traerá la solución a esta crisis. Estas afirmaciones pueden generar sorpresa, pero esta crisis va más allá de la falta de agua en los reservorios o de la salinidad del agua que sale del grifo. Nos muestra, por un lado, la insistencia en las mismas respuestas gubernamentales en la ampliación de la oferta de agua a través de proyectos hidráulicos. Y por otro lado, evidencia los problemas con la participación social y la ampliación de la discusión de una crisis que afecta a aproximadamente 2 millones de personas.
Agua no falta en Uruguay, pues incluso frente a la crisis del abastecimiento en la zona metropolitana, no faltó oferta de agua (embotellada). Es decir, no hay dudas de que se observó un déficit cuali y cuantitativo de agua dulce que afectó de forma desigual a parte de la región centro-sur del país. Pero la crisis resulta de las medidas adoptadas (o no), generando consecuencias.
El gobierno optó por reducir la calidad del agua pública distribuida, con el conocimiento de que tal medida podría generar la reducción de la confianza de la población en la empresa pública y un mayor consumo de agua embotellada (que puede mantenerse). Es decir, se apostó al clima (por las lluvias) y a los mecanismos de mercado. El primero no puede ser culpable por decisiones políticas; el segundo, no busca prestar un servicio equitativo a la población y tampoco gestionar un bien común.
Micaela Trimble es profesora de la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Udelar. Investigadora Asociada del Instituto SARAS (Uruguay). Doctora en Manejo de Recursos Naturales y Medioambiente por la Universidad de Manitoba, Canadá.
Autor
Profesora de la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de São Paulo (USP).
