La operación militar de Estados Unidos en Venezuela a principios de año no fue una sorpresa propiamente dicha, aunque la naturaleza y aparente eficacia de la operación no eran anticipadas por muchos. La captura de Nicolás Maduro, ya sea resultado de una traición interna, como algunos especulan, o de una abrumadora superioridad militar tecnológica, tiene pocas consecuencias para una transición democrática en Venezuela, una de las principales preocupaciones de la región en los últimos 20 años. Sin embargo, el cambio de régimen no es una prioridad para el gobierno de Trump sino, más bien, el control de las reservas petroleras de Venezuela y la defensa de la hegemonía hemisférica estadounidense frente a China.
La reacción de los Estados latinoamericanos y de la Unión Europea ante la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Maduro fue dividida —más en América Latina que en Europa— y, en general, bastante tímida. Hace muchos años, el intelectual argentino Carlos Escudé desarrolló el concepto de “realismo periférico” pensando específicamente en América Latina (y en su propio país). Si evaluamos la reacción a los acontecimientos a ambos lados del Atlántico frente a la intervención de Estados Unidos, puede observarse que, en varios casos, la respuesta encaja bien con los supuestos del realismo periférico; en algunos episodios, incluso, podría hablarse de un “realismo oportunista”.
Resulta difícil caracterizar la reacción del régimen venezolano tras la captura de Maduro de otra manera: por un lado, sostiene una retórica abiertamente antiimperialista y revolucionaria; por otro, parece entregar la gestión del petróleo a Estados Unidos. Hugo Chávez, inevitablemente, se revuelve en su tumba. En la práctica, la prioridad de sus herederos y herederas en el nuevo contexto no es la coherencia ideológica ni la defensa del proyecto bolivariano, sino aferrarse al poder.
Otro ejemplo ilustrativo es el del presidente colombiano Gustavo Petro. Durante mucho tiempo fue uno de los críticos más vehementes de Donald Trump en América Latina. Sin embargo, tras algunas amenazas veladas desde la Casa Blanca y una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, pasó en tiempo récord de la confrontación a los elogios, destacando coincidencias políticas con Donald Trump que hasta hacía poco consideraba impensables.
El realismo periférico sostiene, en esencia, que la política exterior debe partir del reconocimiento de relaciones de poder asimétricas —en este caso, frente a Estados Unidos— y que los gobiernos, cuando priorizan el bienestar económico de su población, ajustan su conducta externa a esa realidad. Desde esta perspectiva, entrar en un conflicto abierto con Washington por la acción militar en Venezuela implica asumir costos sin ninguna expectativa realista de beneficio.
Esto da lugar a dos posibles reacciones. Por un lado, el seguimiento ciego o, como se dice en inglés, bandwagoning con Estados Unidos. Por otro lado, la defensa de los principios fundamentales de la política internacional y del derecho internacional, y el esfuerzo por influir en la solución a medio y largo plazo del conflicto en Venezuela. La intervención es irreversible y Maduro no regresará a Venezuela en el corto o mediano plazo, aunque también es debatible si el actual gobierno venezolano desea realmente ese retorno.
Las instituciones multilaterales latinoamericanas hasta ahora no han logrado alcanzar consenso ni siquiera para una declaración oficial común. La realización de una reunión de CELAC el 4 de enero, solicitada por Brasil y convocada por Colombia en su calidad de presidencia pro tempore, generó inicialmente ciertas expectativas. Sin embargo, pronto quedó en evidencia la persistente fragmentación regional, marcada por la división entre gobiernos de izquierda y derecha, a la que se suma una línea de fractura adicional entre quienes se alinean con Estados Unidos y quienes buscan mantener mayor autonomía.
El resultado pone de manifiesto la eficacia del enfoque bilateral de Washington hacia los países de América Latina y el Caribe, sustentado en la oferta de ‘acuerdos especiales’ a socios seleccionados. Argentina lideró la oposición a una declaración común crítica de la operación y fue respaldada por Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago. A medida que se celebraban elecciones, algunos países fueron modificando su posición. Los casos más llamativos son los de Chile y Honduras, donde los presidentes recientemente electos, Kast y Asfura, que pronto asumirán el poder, expresaron su apoyo a Trump, en contraste con las posiciones de los mandatarios salientes, Boric y Xiomara Castro.
El Consejo Permanente de la OEA se reunió el 6 de enero, pero tampoco logró consensuar una declaración común. De manera similar, Argentina, Ecuador, Paraguay y El Salvador respaldaron la operación militar; mientras Brasil, Chile, Colombia, México y Honduras la criticaron. El embajador argentino Carlos Bernardo Cherniak declaró que «Argentina aprecia la determinación mostrada por el presidente de los Estados Unidos y su administración en las acciones emprendidas en Venezuela»; mientras que el embajador brasileño Benoni Belli afirmó que «los atentados en territorio venezolano y el secuestro de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y amenazan a la comunidad internacional». Esto ilustra la brecha entre las posiciones clave de los países sudamericanos y explica por qué el Mercosur tampoco ha logrado consensuar una reacción conjunta.
Si bien en las últimas décadas la Unión Europea ha mantenido una política activa de promoción y defensa de la democracia, en la crisis actual de Venezuela, por ahora, carece de capacidad de influencia real y queda, en gran medida, relegada a un papel de mera espectadora. Además, la UE se ve confrontada por la amenaza del gobierno estadounidense de anexionar Groenlandia y, al mismo tiempo, depende del apoyo de Washington en el conflicto de Ucrania, lo que limita su margen de maniobra.
En este contexto, la UE actúa de manera similar a la mayoría de los países latinoamericanos, defendiendo con cautela los principios del derecho internacional, pero evitando un conflicto abierto con EE. UU.
Por ejemplo, en la declaración de la Alta Representante de la UE, apoyado por todos los países de la UE salvo Hungría, sobre las consecuencias de la intervención de Estados Unidos en Venezuela se dice: “estamos en estrecho contacto con Estados Unidos, así como con socios regionales e internacionales para apoyar y facilitar el diálogo con todas las partes involucradas, lo que lleva a una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis, liderada por venezolanos. Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única manera de que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la crisis actual.”
Se trata de una posición que puede ser compartida tanto por la Unión Europea como por los Estados latinoamericanos y que podría servir de base para la articulación de actividades coordinadas respecto a la situación en Venezuela. Si bien la UE y gobiernos afines en América Latina no disponen del mismo poder de influencia que Estados Unidos sobre el régimen venezolano, sí pueden condicionar su cooperación con un gobierno carente de legitimidad democrática a avances concretos en la liberación de presos políticos, la apertura de espacios para la participación política y la presentación de un calendario claro y creíble para una transición democrática.
Autor
Profesora asociada en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (IRI/PUC-Rio) y profesora colaboradora en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA).
Investigador asociado del German Institute for Global and Area Studies - GIGA (Hamburgo, Alemania). Fue Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos y Vicepresidente del GIGA.
