Donald Trump inició la demolición total del Ala Este de la Casa Blanca. Prometió no hacerlo, pero lo hizo de todos modos. Su idea es dar cabida a la construcción de un salón de baile de estilo y proporciones monárquicas. Sin duda, estamos lejos de los intentos de Benito Mussolini de reconstruir Roma o de la remodelación de París de Napoleón III, pero no es habitual que los líderes electos estadounidenses destruyan una parte significativa de la «casa del pueblo». Este desmantelamiento de un trozo de la Casa Blanca es quizás el símbolo más apropiado del trumpismo en el poder, es decir, una mezcla de estética postfascista del espectáculo y el uso de acciones ilegales no autorizadas para destruir las instituciones democráticas desde adentro.
Donald Trump lleva sólo nueve meses como presidente, pero una combinación de comportamiento errático y profundas acciones ideológicas está transformando al gobierno estadounidense en un régimen autocrático. Esto es bastante nuevo en la historia moderna de Estados Unidos. El trumpismo es, y siempre ha sido, un culto político al líder que personifica una mezcla de mentiras, estupidez y extremismo violento. Es una forma de populismo de extrema derecha que roza el fascismo.
Trump y el Partido Republicano están remodelando el sistema político estadounidense a su imagen y semejanza, manipulando la Constitución estadounidense hasta el punto de ruptura. ¿estamos pasando del período de erosión democrática a uno de demolición controlada?
Desde enero pasado, el sistema democrático de Estados Unidos ha estado bajo ataque por parte de Trump, apoyado por un Congreso liderado por los republicanos y legitimado, aunque lentamente, por una Corte Suprema dominada por los republicanos. Más específicamente, Trump está destruyendo la democracia mediante tres mecanismos interrelacionados: primero, la centralización del gobierno federal; segundo, la subversión del Estado de derecho; y tercero, la consolidación del legalismo autocrático. Estos tres procesos son intencionales y no accidentales, y su resultado previsto es la transformación de Estados Unidos, de una democracia constitucional, en una autocracia electoral.
El trumpismo defiende la «teoría del ejecutivo unitario», que sostiene que el presidente de Estados Unidos es la única autoridad sobre el poder ejecutivo. Según Trump, la autoridad del presidente es plenaria. Un dominio absoluto y exclusivo sobre la totalidad del gobierno federal. Esto incluye a todos los empleados federales y la elaboración de normas y el procedimiento interno de todos los departamentos y agencias. A partir de enero (bajo la dirección de su entonces confidente, el oligarca tecnológico Elon Musk), Trump inició una reestructuración y reforma masiva del gobierno federal con el despido de alrededor del 15% del total de empleados federales civiles.
El ataque de Trump al Estado de derecho consiste en el amplio uso del poder discrecional del ejecutivo sobre migración, seguridad nacional y política exterior para restringir los derechos civiles.
Bajo la administración de Trump, el servicio de Inmigración y control de aduanas (ICE) se convirtió en la agencia de seguridad con mayor financiación en la historia de Estados Unidos. Amplió su capacidad de detención a más de 200,000 migrantes —con un presupuesto casi el doble del de todo el sistema penitenciario federal— y un reclutamiento de agentes que duplicará al FBI. Desde finales de enero, ICE ha aterrorizado a miles de personas con redadas en escuelas, universidades, lugares de trabajo y hogares; sus agentes han secuestrado a migrantes, residentes y ciudadanos estadounidenses enmascarados, vestidos de civil, fuertemente armados y sin órdenes judiciales.
Todos los extranjeros en Estados Unidos son posibles objetivos de deportación siempre que el ejecutivo los considere riesgos para la seguridad nacional, perjudiciales para la política exterior estadounidense o simplemente con un «carácter amoral».
Tanto la centralización del gobierno federal como la subversión del Estado de derecho son esenciales para el éxito de este último mecanismo: la consolidación de una autocracia legal. La instrumentalización y politización de la ley y el procedimentalismo legal por parte de Trump debilitan los controles y equilibrios del orden constitucional estadounidense, allanando el camino para su transformación en un régimen autoritario.
Mediante el uso, abuso y omisión de la ley, Trump puede perseguir a quienes considera enemigos internos de la nación y enemigos personales. Trump responsabilizó a la izquierda “radical” de la decadencia nacional y cultural estadounidense al oponerse e intentar borrar los valores cristianos y tradicionales que supuestamente definieron la grandeza de Estados Unidos. Para Trump y el Partido Republicano, la izquierda “radical” es cultivada y legitimada por los medios de comunicación progresistas, las universidades que adoctrinan el “marxismo cultural”, y las élites liberales en ciudades gobernadas por demócratas.
Trump permitió que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), aprobara la fusión entre Paramount y Skydance Media después de que la primera accediera a resolver una demanda a favor de Trump y cancelar un programa de comedia nocturno crítico de Trump. La administración Trump ha suspendido y cancelado fondos federales a muchas universidades para presionarlas a abandonar las políticas de DEI (diversidad, igualdad e inclusión), cambiar sus planes de estudio e incluso expulsar a estudiantes y profesores con opiniones progresistas y «antiamericanas» según él.
En los primeros nueve meses de su segundo gobierno, Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, Washington D. C., Memphis, Portland y Chicago para ayudar a ICE y otras agencias federales en redadas de inmigración y otras operaciones policiales, además de protegerlas de los manifestantes. Ante los altos mandos militares, Trump afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses deberían estar preparadas para combatir al «enemigo interno» y que las ciudades estadounidenses son «campos de entrenamiento».
Considerando que la administración emitió una nueva estrategia para contrarrestar la violencia política organizada, definiendo al enemigo interno como “antifascista, anticapitalista, antiestadounidense y defensor del extremismo en materia de migración, raza y género; y hostil hacia quienes mantienen posturas tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moral”, Trump bien podría declarar una emergencia nacional y desplegar tropas para reprimir protestas contra ICE o incluso contra el propio Trump, como la reciente No Kings Protest, una de las protestas más multitudinarias de la historia del país.
Como ha demostrado la historia con anteriores movimientos extremistas y autoritarios, tanto fascistas como populistas, muchos de estos simpatizantes acabarán dándose cuenta de que han creído en falsas promesas y mentiras. La pregunta es: ¿cuándo?
La historia del siglo XX, y los acontecimientos post-enero 2025, ofrecen a los aspirantes a fascistas un camino claro hacia el autoritarismo y el establecimiento de un régimen esencialmente antidemocrático. La demolición de la democracia no es necesariamente un hecho aislado, sino un proceso agonizante que se puede acelerar en sus etapas finales.
Autor
Profesor de Historia de New School for Social Research (Nueva York). Fue profesor en Brown University. Doctor por Cornell Univ. Autor de varios libros sobre fascismo, populismo, dictaduras y el Holocausto. Su último libro es "Brief History of Fascist Lies" (2020).
Abogado. Postdoc en New School For Social Research (N. York). Especializado en derecho penal internacional, derecho constitucional y derechos humanos. Máster en Estudios Internacionales y Sociología.
