Venezuela y el nuevo escenario geopolítico

Desde la imposición de las primeras sanciones en 2017, la estructura dominante del régimen chavista en Venezuela supo leer el contexto internacional desfavorable y decidió utilizar los recursos que tenía a su favor: atrincherarse en el poder internamente, buscar la ayuda de aliados internacionales también comprometidos en derrocar el liderazgo de EE. UU. en el mundo y esperar mejores condiciones en el futuro.

En los últimos años, el régimen chavista ha avanzado en la consolidación del autoritarismo y hoy se encuentra fortalecido frente a una oposición dividida y agotada. Pero en términos económicos, las condiciones han mejorado, la liberalización desordenada e impulsada por el gobierno ha dado efectivamente algunos resultados, incluso con Venezuela en pésimo estado y niveles récord de pobreza y desigualdad. A finales de 2021, la economía volvió a crecer tras siete años de reducción del PIB en más de un 80%, y a principios de 2022, el país mostró signos de salir de la hiperinflación.

En el frente externo, desde 2021, Maduro se esfuerza por mejorar su imagen de dictador y tratar de recuperar el reconocimiento perdido desde las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018. También en 2021, la toma de posesión de Biden como presidente de EE.UU llegó con nuevas prioridades en política exterior, como la salida de Afganistán, las consecuencias de la diplomacia de Trump, las tensiones políticas en distintas partes del mundo y la reformulación de la estrategia para contener el avance chino.

A nivel regional, el giro del péndulo ideológico en los gobiernos de la región en los últimos años ha ido acompañado de posturas de distanciamiento de Estados Unidos y sus políticas para el hemisferio, y de una mayor tolerancia al autoritarismo de la izquierda en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

La invasión rusa como punto de inflexión

La invasión rusa de Ucrania exigió atención y prioridad en la agenda de EE.UU y Europa. En contra de muchos pronósticos, los aliados reaccionaron a la invasión rusa con la imposición de un régimen de sanciones, que incluye, entre otras medidas, el fin de las importaciones de petróleo y gas de Rusia.

Las medidas se producen en medio de una lenta recuperación del suministro de petróleo y gas, derivada del impacto económico de la pandemia. En este sentido, las sanciones han presionado aún más los precios internacionales de estos recursos, generando impactos económicos a escala global.

Para contener el impacto de las sanciones, el pasado mes de marzo EE.UU y otros países miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar parte de sus reservas estratégicas. Sin embargo, esta decisión no es una solución sostenible en el tiempo y corre el riesgo de no tener el impacto deseado en el precio del barril.

En este contexto, Venezuela reapareció en el tablero geopolítico como una opción para contribuir a la sustitución de parte de las exportaciones de petróleo de Rusia. La idea pone a Biden en una disyuntiva.

Desde el punto de vista estratégico, Putin es un adversario mucho más peligroso que Maduro. Según esta lógica, el levantamiento de las sanciones a Venezuela ayudaría a reducir la presión interna derivada, en parte, del aumento de los precios del combustible, y la presión externa de los aliados europeos preocupados por la seguridad del suministro de hidrocarburos. Sin embargo, el levantamiento de las sanciones resultó problemático para la administración demócrata ante la proximidad de las elecciones legislativas, especialmente en el estado indeciso de Florida.

Observando las decisiones recientes, la administración Biden parece haber optado por reducir las expectativas de grandes cambios políticos en Venezuela y por lanzar la zanahoria. La propuesta, aún simbólica, de levantar las sanciones contra un sobrino de Nicolás Maduro y permitir a Chevron negociar los términos de posibles actividades futuras en Venezuela, busca persuadir al régimen de que es posible llegar a acuerdos con Maduro y sus colaboradores, siempre que haya concesiones que permitan una reinstitucionalización del país y una transición ordenada a la democracia.

A cambio, el levantamiento progresivo de las sanciones permitiría mejorar las condiciones económicas de una Venezuela en ruinas, principalmente a partir de la entrada de empresas operadoras extranjeras para propiciar una recuperación de la industria petrolera.

La iniciativa también busca revertir la influencia rusa en Venezuela, e incluso tendría el potencial de generar fricciones entre Maduro y Putin. Desde la entrada en vigor de las sanciones, Rusia ha empezado a competir con Venezuela por las cuotas del mercado chino, vendiendo petróleo con mayor descuento que el país sudamericano. Las medidas coercitivas también dificultan la capacidad del régimen chavista para mover los fondos depositados en los bancos rusos sancionados.

Preguntas en abierto a partir de la nueva aproximación

Aunque la política de máxima presión no ha sido suficiente para producir una transición política hacia la democracia en Venezuela, las sanciones siguen siendo una de las pocas cosas que animan al chavismo a hablar. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes para lograr un cambio en el comportamiento de un régimen que sigue avanzando en la profundización de su proyecto autoritario, incluso después de la inesperada recepción de funcionarios de la Casa Blanca en Caracas el pasado mes de marzo.

El chavismo tampoco oculta su desinterés por negociar con la oposición. Al conocer la posibilidad del levantamiento de las sanciones, se anunció la reanudación de las conversaciones para reactivar las negociaciones en México. De manera casi inmediata a los anuncios, el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reafirmó la exigencia de liberar a Alex Saab para conformar la delegación chavista.

Además, hace unos días, Maduro expresó su rechazo a retomar las negociaciones con Noruega como facilitador, en un claro gesto hacia Rusia, que se suma a la reciente designación del ex embajador de Venezuela en el país euroasiático como canciller.

En caso de que se reanuden, las conversaciones de México también parten con nuevas dificultades para trabajar en los puntos del memorándum definido el año pasado, como por ejemplo, el restablecimiento del estado de derecho, ya que el parlamento electo en 2020 ya renovó los magistrados del TSJ con gente de confianza de Maduro.

Otras acciones que van en contra del “espíritu de México” es un proyecto de ley que está discutiendo el Parlamento para controlar los fondos que reciben las ONGs del extranjero, con el claro objetivo de estrangularlas financieramente y cerrar aún más el espacio cívico en el país.

En el mediano plazo, la experiencia reciente de las elecciones de gobernadores genera serias dudas sobre la posibilidad de que en 2024 el chavismo permita las condiciones de integridad suficientes para realizar una elección presidencial competitiva que sea capaz de amenazar el control de Maduro sobre el poder ejecutivo y, con ello, la unidad de la constelación de actores clave a su alrededor.

Por último, es importante preguntarse por la sostenibilidad de la estrategia con visión a medio y largo plazo que se pretende con esta iniciativa de la administración Biden. La polarización política interna y el actual contexto económico en EE.UU abren la posibilidad de que un republicano llegue a la Casa Blanca en 2024, acompañado de nuevas directrices de política exterior para Venezuela.

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