Coautora Melissa Martins Casagrande
Con el desplazamiento de personas en todo el mundo, Brasil ha sido el destino de un gran número de solicitantes de refugio en los últimos años. El aumento del número de solicitudes, sin embargo, no se ha traducido en más tramitaciones, lo que ha provocado el crecimiento de la lista de espera. Hace unos años, esta lista superaba las 100.000 personas, un hecho preocupante ya que repercute directamente en la protección de estas personas.
Aunque la legislación brasileña garantiza ciertos derechos iniciales, los demás sólo son accesibles tras el reconocimiento de la condición de refugiado. El retraso en la lista de espera es inaceptable, sobre todo cuando el problema no es la ley o el instituto de protección en sí, sino la falta de estructura para tramitar las solicitudes. Este año, la Ley de Refugiados cumple 25 años, por ello Brasil debe reevaluarla.
Refugio en números
El informe más importante sobre el tema en Brasil es el elaborado por el Observatorio Internacional de las Migraciones (OBMigra), llamado Refugio en números. La primera versión del informe se publicó en 2016, con datos de 2015, un momento en el que Brasil estaba experimentando cambios en la realidad del refugio, como el aumento del número de solicitudes, lo cual empezaba a tensar el sistema. En julio de 2015, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare), expresó la necesidad de reducir el pasivo en su acta de la 103ª reunión.
Desde entonces, la situación ha empeorado y no parece recomponerse, principalmente porque se ha producido un aumento del número de refugiados y solicitantes en todo el mundo, además de la persistencia de los factores que generan el refugio en todo el planeta. Brasil ocupa el tercer lugar entre los países de América con mayor número de solicitudes en espera de ser analizadas, sólo por detrás de Estados Unidos y Perú.
La lista de espera, sin embargo, se redujo en los últimos años debido al reconocimiento de la grave y generalizada violación de los derechos humanos en Venezuela, lo que permitió simplificar el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado para estas personas. Esto hizo que la toma de decisiones se hiciera en grandes bloques, que fueron expresivos desde finales de 2019, hasta el punto de que Brasil declaró a más de 51.000 venezolanos como refugiados. Sin embargo, incluso con esta iniciativa, más de 90.000 venezolanos siguen esperando respuesta, casi el doble de las reconocidas.
Otra acción que impactó la lista de espera fueron las diversas ordenanzas que cerraron las fronteras en los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia del Covid-19, ya que esta impidió la entrada regular de refugiados y otros migrantes a Brasil. Esto imposibilitó la regularización de ambos grupos y estancó el número de solicitantes mientras estuvieron vigentes.
Las ordenanzas implicaban que, aunque la persona consiguiera entrar en territorio brasileño, no podían solicitar refugio. El resultado de estas medidas fue el surgimiento de una cuestión hasta ahora poco presente en la realidad brasileña: el importante aumento de los migrantes y refugiados irregulares, traducido en un crecimiento de más del 5.000% en las deportaciones en 2020. Esto representa un enorme riesgo al obligar a la persona a regresar al lugar donde su vida y seguridad están amenazadas.
Además, el 20 de noviembre de 2020, Conare rechazó 17 solicitudes de refugio sin entrevistas, con la justificación de que las solicitudes eran infundadas. Esta decisión va en contra de las disposiciones de la Ley 9.474/97, la Ley de Refugiados, y la Resolución Normativa emitida por el propio Conare. La alegación es que las solicitudes abusivas ponen en dificultades el propio mantenimiento del sistema de análisis. Sin embargo, este tipo de decisiones suponen una merma de derechos, debilitando el propio derecho al refugio.
Las solicitudes abusivas han sido objeto de debate durante mucho tiempo. En 1983, la Recomendación nº 30 del Comité Ejecutivo del ACNUR ya analizaba la cuestión, señalando la preocupación por las posibles consecuencias para una persona que efectivamente necesita protección y que no puede realizar una solicitud. lo que justificaría el mantenimiento de medidas como el derecho a una entrevista personal en todos los casos.
Esto no quiere decir que no haya solicitudes abusivas o infundadas, pero desconocer los casos sin pasar por todas las etapas establecidas por la ley afrenta el debido proceso legal. Dado que el objetivo es la protección, es más apropiado garantizar que la persona sea escuchada ya que puede ser una oportunidad única para compartir información.
La mejor manera de resolver estas situaciones no es la restricción, sino la ampliación, que en el caso brasileño debería darse en el ámbito del propio CONARE. Se ha observado que, aunque el número de personas vinculadas a la agencia ha aumentado en los últimos años, ésta se ha mostrado insuficiente para atender la creciente demanda.
Cuando se observa el ritmo al que se analizan las solicitudes, uno se da cuenta de que será difícil disminuir la lista de espera, lo que perjudica a los solicitantes, a la propia agencia y dificulta la planificación de mejorías. Este contexto abre un espacio para respuestas como el rechazo sin entrevista, que están en desacuerdo con la ley y con el espíritu protector de toda la lógica de los refugiados.
*Este artículo es resultado de un estudio solicitado por Conectas Derechos Humanos, realizado por los autores desde agosto de 2021 hasta junio de 2022.
Abogada. Doctora en Derecho por la Universidad McGill, Canadá. Tiene un posdoctorado en el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y una maestría en Derecho en la misma institución.
Episodio relacionado de nuestro podcast:
Autor
Director y profesor del Centro de Ciencias Humanas (CCH) de la Universidad Federal de Roraima (UFRR). Doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
