La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, será juzgada en 2022 por el presunto delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. El proceso se desarrollará en el marco de un poder judicial que ha sido extremadamente cuestionado desde la opinión pública por su dependencia política y la constante interpelación a la expresidenta desde sectores afines al MAS que la acusan de golpista por asumir la presidencia en 2019 sin respetar los procedimientos internos de la Asamblea Plurinacional.

No obstante, hay que tomar en cuenta que Áñez asumió la presidencia basada en una sentencia constitucional y en un momento crítico a causa del vacío de gobierno con el propósito de evitar un mayor caos, luego de la renuncia de Evo Morales y de todas las autoridades a quienes correspondía la sucesión presidencial.

Este suceso político sigue polarizando a la sociedad boliviana y la pregunta sigue abierta ¿Jeanine Áñez es víctima de un sistema judicial políticamente dependiente del gobierno de turno o es la culpable de la muerte de civiles que se manifestaban a favor del expresidente Morales?

¿Víctima de un sistema judicial politizado?

Hay que tener en cuenta seis factores para comprender el ascenso de Jeanine Áñez a la presidencia de forma interina y su reconocimiento legal por la Asamblea Legislativa con mayoría del MAS. Primero, Evo Morales violó la Constitución cuando se postuló por cuarta vez consecutiva a la presidencia en 2019, luego que un referéndum se lo negara en 2016. En segundo lugar, los congresistas del MAS no asistieron a la sesión extraordinaria en la Asamblea convocada para resolver el vacío de poder. Tercero, el 12 de noviembre de 2019, después que Añez asumiera la presidencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio su respaldo legal a la sucesión en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del presidente. La cuarta certeza es que Morales fue quien convocó a la OEA para auditar las elecciones. La quinta certeza son las irregularidades del proceso electoral de 2019 demostradas por los observadores de la OEA. Y por último, el artículo 4 de la Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, firmada por representantes del MAS en enero de 2020, dice que “Excepcionalmente se prorroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional… hasta la posesión de las nuevas autoridades”.

La crisis sociopolítica de 2019 ubicó a Añez como un actor clave con un margen de acción porque su investidura otorgó certidumbre institucional ante el caos desarrollado antes, durante y después de la cadena de renuncias del partido gobernante (MAS) que desembocó en la anarquía política. Ahora bien, en 2022 Áñez se encuentra víctima de un sistema judicial altamente cuestionado por su parcialidad cuando se trata de opositores políticos al MAS.

De acuerdo a su defensa legal, existen numerosas ilegalidades dentro del proceso, entre ellos su salud ya que se encuentra en huelga de hambre, el desdoblamiento del caso y el juicio vía ordinaria y no en la Asamblea Legislativa a través de un juicio de responsabilidades entre otros. 

¿Culpable de la muerte de ciudadanos?

Un acontecimiento infausto en el inicio de la gestión de Áñez es la muerte de más de 30 ciudadanos en las localidades de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba) como efecto de operativos militares y policiales. Este es el eje de la interpelación por parte del MAS hacia su gobierno interino y las condiciones política-institucional en que fue nombrada presidenta.    

Para explicar el cuestionamiento del MAS a las condiciones política-institucional en que asumió como primera mandataria identificamos cuatro certezas jurídicas. En primer lugar, la Asamblea Plurinacional no se reunió para admitir o negar la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Segundo, no estuvo presente la mayoría parlamentaria para recibir el juramento de la Presidenta. En tercer lugar, la Constitución establece una línea de sucesión presidencial hasta la presidenta o presidente de la cámara de diputados (Añez era segunda vicepresidenta del Senado en representación del bloque minoritario opositor). Por último, el Decreto Supremo Nro. 4078 del 15 de noviembre de 2019, dejó exento de responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas que participó en el restablecimiento del orden interno.

En síntesis, las faltas a la Carta Magna y las muertes propiciaron el escenario para que desde el MAS se acuse a Áñez como culpable de irrumpir el orden constitucional.

Paradójico, catastrófico, injusto y reprochable

Es paradójico que la Asamblea Plurinacional, que no le tomó juramento para que asumiera el cargo en 2019, luego, en 2020, le prorrogara el mandato, y que el Tribunal Constitucional la reconozca como primera mandataria en su momento y, después, con el nuevo gobierno de Luis Arce, lo niegue. Fue catastrófico el Decreto Supremo que dio luz verde a los militares para disparar contra los ciudadanos movilizados, libres de cualquier responsabilidad penal. Es injusto un sistema de justicia que no permite el debido proceso a una exmandataria porque carece de un poder político que la respalde. Y es reprochable violar la Constitución, como lo hizo Evo para postularse por cuarta vez consecutiva a la presidencia, y como lo hizo Jeanine en la Asamblea Plurinacional para jurar como primera mandataria.

Esta doble condición de víctima y culpable de Jeanine Áñez, es contradictoria porque responde a diferentes certezas, criterios, ideologías y premisas. No existe una sola verdad. En otras palabras, para unos Áñez es símbolo de la democracia y resistencia, y, para otros de golpismo y muerte. Por tanto, como no es un caso políticamente resoluble, seguirá polarizando la política boliviana, lo cual beneficia a una minoría y perjudica a la mayoría.