El MAS (Movimiento al Socialismo) aceleró la competencia preelectoral en Bolivia desde Lauca Ñ (perteneciente al municipio de Shinahota, en Cochabamba) mediante su congreso partidario: se ratificó como jefe nacional y declaró único candidato a las presidenciales a Evo Morales y se expulsó a Luis Arce. Este acontecimiento político-partidario ha sido considerado ilegal e inorgánico por parte de los afines del presidente boliviano, pero para los seguidores del líder indígena su lealtad y convicción le otorgan la legitimidad necesaria fundamentada en un estatuto que le da legalidad. Además, ha marcado la agenda a los demás aspirantes a la presidencia.

Económicamente, Bolivia atraviesa una situación complicada, algo que refleja el aumento del precio del dólar en el mercado no oficial. Esto ha conllevado incertidumbre y emociones negativas difíciles de revertir en el corto y medio plazo. A pesar de que el ministro de Economía ha insistido en que la compraventa se ha normalizado (tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar), para muchos comerciantes (empleos informales) la situación sigue siendo irregular.

En cuanto al contexto social, la tasa de informalidad en Bolivia es mayor que en Nicaragua, Paraguay y El Salvador. De acuerdo con datos oficiales de junio de este año de la Fundación Jubileo, 76 de cada 100 personas ocupadas mayores de 14 años no tienen inscripción en un tipo de sistema de seguridad social que les otorgue beneficios como jubilación y atención médica.

Respecto a la situación política, la oposición al gobierno nacional es ideológicamente variopinta, pero tiene como factor común el antimasismo. Sin embargo, electoralmente ha estado, y así sigue, atomizada. Su limitada capacidad para construir un frente amplio con proyecto de sociedad que capitalice este factor común los ha reducido a una minoría en el Parlamento por más de una década y sin posibilidad de frenar las derivas autoritarias del poder ejecutivo. Por ahora, parece que el comportamiento político-electoral egoísta, sin convicción ideológica ni pasión identitaria de los opositores seguirá vigente en el proceso preelectoral de cara a 2025. 

La deriva autoritaria del presidente con la oposición partidaria y regional es un aspecto que no se debe dejar de lado. Las detenciones preventivas (arbitrarias) de Luis Fernando Camacho (gobernador de Santa Cruz) y Jeanine Áñez, entre otros presos políticos, son representativas de la debilidad institucional y del retroceso democrático en el país.

El principal clivaje entre Arce y Evo es el aumento de la desigualdad de recursos estatales entre las facciones que representan. El Estado central tiene más de medio millón de empleados públicos bajo el mando del poder ejecutivo. Este dato ilustra los incentivos materiales, de poder y estatus que ha generado el presidente Arce en agentes individuales y colectivos desde noviembre de 2020, heredero de los incentivos materiales otorgados durante las gestiones de Morales.

Los agentes colectivos que apoyan a Arce están agrupados en el denominado Pacto de Unidad. Básicamente, están estructurados a partir de tres organizaciones matrices de origen indígena y campesino consideradas por el presidente como “las dueñas” del instrumento político: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, y Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (SCSIOB). El cuarto agente colectivo (no es parte orgánica del Pacto de Unidad) es la Central Obrera Boliviana (COB), de origen popular. 

El 17 de octubre se realizará un cabildo con todos estos agentes colectivos y la masa burocrática en la ciudad de El Alto con el fin de “definir reconducción, reorganización y reestructuración del instrumento político y el proceso de cambio”. Una concentración que pretende mostrar las fuerzas sociales articuladas que respaldan a Arce alejadas estructuralmente de Morales, pero próximas ideológicamente al MAS.

Por su parte, la facción evista está fundamentalmente compuesta por el sector cocalero (Chapare) y dirigentes (paralelos) del Pacto de Unidad. Son la base emocionalmente extremista e ideológicamente radical del MAS. Varios representantes sociales y profesionales leales a Evo han sido excluidos de la administración de Arce. En la Asamblea Plurinacional se ha paralizado el tratamiento de varias leyes por la disputa intensa entre parlamentarios arcistas y evistas, lo que impide que el presidente cuente con la mayoría absoluta. 

Con todo, el congreso en Lauca Ñ aceleró el divorcio entre Arce y Evo, intensificó el clivaje a nivel de la administración pública, generó mayor distanciamiento en el Parlamento entre las varias facciones y dividió las aguas entre sectores populares, campesinos e indígenas: orgánicos (arcistas) contra militantes (evistas). 

En este clivaje, Arce tiene una ventaja coercitiva sobre Evo, ya que el poder judicial juega un rol estratégico que le es favorable. El amparo constitucional, presentado por Felipa Montenegro, representante de las Bartolinas (agente colectivo que apoya al presidente), es una acción legal que pretende que se declare ilegal la convocatoria al congreso. Una situación jurídica que posiblemente se resuelva el 23 de octubre. 

Luego del congreso, el debate entre las facciones evistas y arcistas tiene como eje la legalidad/ilegalidad y legitimidad/ilegitimidad sobre el evento partidario. Por el momento, el MAS está en manos de Evo, pero los agentes colectivos que apoyan a Arce mantienen la batalla en el campo jurídico para recuperar el instrumento del que se consideran dueños.

Arce y Evo representan la continuidad, no el cambio. Ambos han ejercido la cooptación como mecanismo de dominación sobre los agentes colectivos constitutivos del Pacto de Unidad: la fuerza social en la que se basa la estrategia discursiva de ambos líderes cuando interpelan al pueblo para decidir en su nombre. 

El Pacto de Unidad y la COB se pueden definir como asociaciones de interés porque solo buscan dar continuidad a los beneficios estatales que reciben sus miembros. Son incentivos materiales, de poder y estatus que no generan un cambio disruptivo por el bien público; son sujetos del mecanismo de cooptación.

Por ahora, Evo retorna a la arena electoral y Arce es expulsado del MAS –para Morales el primer mandatario se autoexpulsó porque desistió de participar en su congreso nacional-, pero es indudable que se postulará por segunda vez a la presidencia. Los dos representan la continuidad de un proyecto político en proceso de resquebrajamiento. Las dos facciones necesitan mantener la cooptación sobre las asociaciones de interés, la coerción sobre sus opositores y el consentimiento de sus electores. 

A pesar de la gravitante disputa preelectoral al interior del partido político más importante de Bolivia en el siglo XXI, de acuerdo con el contexto socioeconómico el proceso de cambio es un sofisma.