Coautor Kevin S. Tiburcio

A más de 1500 km. de Buenos Aires, en un rincón perdido del Chaco argentino en la provincia de Formosa, más de 80 mujeres embarazadas de la comunidad idígena wichi denunciaron persecución policial y traslados forzosos a centros de aislamiento gubernamentales para ser sometidas a cesáreas. Las mujeres, escondidas supuestamente en el monte, denunciaron ante las cámaras que, tras las cesáreas forzosas, las mujeres son separadas sin aviso y hasta por 14 días de sus bebés que son llevados a centros de neonatología en los hospitales de la capital provincial.

Esta escandalosa denuncia de violencia obstétrica —violencia ejercida por profesionales de la salud que afecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres— ha sido rechazado por el Gobierno de la provincia como un acto mediático de una cadena de televisión. La politización del tema y la ausencia de denuncias formales han puesto la denuncia en tela de juicio. Sin embargo, como sucede en otros casos, el miedo a éstas y otras prácticas de violencia frecuentemente reprimen a los afectados.

Más allá del caso específico del grupo de mujeres wichi, lo cierto es que en Argentina el número de cesáreas se encuentra en un 45% del total de los nacimientos, una proporción tres veces mayor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto demuestra un abuso por parte de las autoridades políticas y sanitarias de este tipo de práctica que muchas veces se basa en motivaciones económicas.

Los derechos de la mujer

El pasado 8 de marzo, cuatro días antes que la denuncia saliera a la luz, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, fecha anual en que especialistas, colectivos, organizaciones y la sociedad civil se replantean el alcance de los derechos de las mujeres. Y si bien en Argentina y en América Latina lentamente se van alcanzando nuevos logros, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar estos derechos, entre ellos los reproductivos.

Actualmente, si bien muchos casos de abusos se mantienen en la oscuridad, otros salen a la luz gracias a denuncias o investigaciones en profundidad. Hace algunos años, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM de México denunció que cuatro de cada cinco mujeres indígenas padecen maltrato, humillación, ridiculización y agresiones psicológicas, físicas y verbales durante el embarazo, parto o cuando solicitan atención en los servicios de salud.

Fujimori y la esterilización forzada en Perú

Si bien las esterilización forzadas y las cesáreas obligatorias son prácticas cada vez menos frecuentes, en el pasado fueron utilizadas por el estados en muchos países de la región. En Perú, a lo largo del periodo presidencial de Fujimori, se practicó sistemáticamente la esterilización forzada, como se conoce al procedimiento que hace a las mujeres incapaces de reproducirse sexualmente, sin su consentimiento.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, como se conoció al plan estatal peruano, se basaba en la necesidad de que las mujeres accedieran al control natal gratuito. El plan también proponía la salud sexual y reproductiva como un derecho para mujeres y hombres. Sin embargo, la aplicación de las medidas anticonceptivas o de control natal recayeron únicamente sobre las mujeres.

Según el informe basado la investigación en el caso de las esterilizaciones involuntarias realizadas en el Perú, entre el año 1996 y 2001 se realizaron 272,028 esterilizaciones. El año 1997 fue que el que registró el mayor número de casos con 109,689 esterilizaciones realizadas, en su mayoría, a mujeres indígenas y campesinas sin su consentimiento.

El papel del Estado

¿Cuál es la relación entre la esterilización en el Perú y la situación denunciada por las mujeres wichí en Formosa?

La violencia obstétrica puede ser interpretada como la violencia sistemática por parte del Estado al omitir y desarticular el cuidado de la salud materna y los derechos de las mujeres. La misma se presenta cuando existen omisiones, atención inadecuada, malos tratos, procedimientos innecesarios o injustificados durante la atención del parto y puerperio. Es un tipo de violencia directa que generalmente viola los derechos reproductivos de mujeres pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En Argentina actualmente se cuenta con diversos instrumentos normativos que reconocen esta violencia y la necesidad de que los partos sean respetados. El parto respetado tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno de la libre decisión de las mujeres para el proceso en el mismo y reivindica la implementación de los métodos menos invasivos. Sin embargo, uno de los principales problemas que se siguen presentando en la atención materna es que la línea principal o la columna vertebral de los programas públicos y las políticas de salud recaen solamente sobre la condición reproductiva de la mujer.

Hay una necesidad urgente de que los servicios de atención materna tomen en consideración también las necesidades emocionales y fisiológicas de las mujeres. La mayoría de los casos de mortalidad materna podrían ser prevenidos si los servicios de atención se adecuaran a las necesidades de las madres y no estas a las necesidades institucionales.

En todo caso, estas prácticas terminan siendo un determinante que inhibe los deseos de las mujeres de procreación o sus expectativas familiares. Este tipo de violencia llevadas adelante desde el Estado, que tienen como víctimas a las mujeres por su condición biológica para la gestación, va en contra de su obligación de garantizar el respeto y acceso a los derechos.

_{Foto de Eneas De Troya}

_{Kevin Sander Tiburcio Zamudio es Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).}