Lejos de generar oportunidades, generalmente los períodos de crisis desnudan problemas estructurales que en situaciones normales pueden pasar desapercibidos. La pandemia de la COVID-19 ha causado la mayor crisis económica y social en el último siglo. En este contexto, Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el PIB per cápita a finales del 2020 sería igual al de 2010 (lo que implica un retroceso de 10 años), se han cerrado 2,7 millones de empresas, el desempleo sería de 44 millones de personas y la pobreza extrema llegaría a niveles similares a 1990.
Además de las secuelas económicas, Latinoamérica también ha sido uno de los territorios con más altos índices de pérdidas humanas. De acuerdo con la información de la Universidad Johns Hopkins, al 28 de octubre de 2020, el total de casos confirmados de COVID-19 ascendían a 44 millones de seres humanos y 1,17 millones de muertes a escala mundial. De estos, 11 millones de casos y 394.000 muertes corresponden a América Latina y el Caribe. Es decir, la región concentra el 24,95% de los casos y el 33,8% de las muertes reportadas, y algunas naciones resultan ser las más afectadas.
Por ejemplo, los países con más muertes por cada 100 mil habitantes son: Perú, con 106,9 (primero a escala mundial); Bolivia, con 76,4 (cuarto); Brasil, con 75,4 (sexto); Chile, con 74,9 (octavo); Ecuador, con 73,7 (noveno), y México, con 71,2 (décimo). Además, México, Ecuador y Bolivia presentan altos niveles de fatalidad (fallecidos/casos confirmados) con el 10,0%, el 7,7% y el 6,1%, respectivamente. Cabe señalar que estas cifras contienen un grado de inexactitud, pues miles de contagios y muertes no pudieron ser confirmados por las limitaciones para realizar pruebas de COVID-19.
Algunas variables socioeconómicas revelan características propias de la realidad latinoamericana»
Pero ¿qué factores podrían explicar estas cifras? La respuesta a esta pregunta es extremadamente compleja. Por una parte, existen causas subjetivas que impiden su adecuada medición. A saber, factores idiosincráticos como el desconocimiento del alcance de la COVID-19, un inadecuado comportamiento frente a directrices emanadas por las autoridades, la falta de credibilidad frente a decisiones del poder político, el apego a relaciones sociales cercanas, entre otros. Por otro lado, también existen ciertos elementos que permiten un análisis más objetivo para establecer posibles causas para la crisis humanitaria. Mas precisamente, algunas variables socioeconómicas revelan características propias de la realidad latinoamericana.
Los siguientes indicadores reflejan la vulnerabilidad del grupo de naciones más golpeadas. Perú: ha destinado el menor gasto en salud en Sudamérica (4,9% con relación al PIB) entre 2010 y 2018; mantiene el segundo lugar de empleo vulnerable (50,9% del total del empleo); carece de un inadecuado proceso en el control de la corrupción y presenta una baja efectividad en el gasto de gobierno según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial.
En Bolivia, el acceso a las necesidades básicas son las más precarias en Sudamérica (medido por el índice de desarrollo humano); el empleo vulnerable es el más alto (58,1% del total del empleo); el 39,9% de la población vive en condiciones de pobreza; el número de camas de hospitales por cada 10 mil habitantes es de 11,5 (datos de 2015).
En Brasil, la desigualdad del ingreso es la más grande (el coeficiente de Gini fue de 0,53 en 2018); el acceso a la educación es sumamente inequitativo (23,8 en 2018) y, en Ecuador, el control de la corrupción es prácticamente nulo según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Esto quedó expuesto con los diferentes casos de corrupción en el manejo de los recursos destinados a la gestión de la salud pública durante la actual emergencia sanitaria.
En México, el gasto en salud es el segundo más bajo en Latinoamérica»
En México, el gasto en salud es el segundo más bajo en Latinoamérica (5,6% con relación al PIB entre 2010 y 2018). En Chile, a pesar de que es la economía con el mayor PIB per cápita y con el mejor índice de desarrollo humano en Latinoamérica, 16,8 personas de cada 100 habitantes es mayor de 65 años; la inequidad en la distribución del ingreso es una de las principales causas del descontento social en los años recientes. La información presentada corresponde a los últimos datos disponibles de la Cepal, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
A pesar de que ninguna economía ha podido evitar pérdidas humanas, las singularidades latentes en Latinoamérica han contribuido a profundizar y magnificar los efectos de la COVID-19. La vulnerabilidad en el mercado laboral, los insuficientes sistemas de control de la corrupción, el inadecuado uso de los recursos destinados para la educación y la salud, la precariedad en el acceso a las necesidades básicas, la pasividad de las políticas públicas y la aguda desigualdad de los ingresos han sido problemas arraigados en estas sociedades.
Sin embargo, la crudeza con la que la pandemia ha golpeado a estos países obliga a acciones colectivas. A escala local, el papel del Estado es fundamental para establecer políticas, con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa. A escala regional, es indispensable establecer un proyecto real de integración con objetivos comunes que atenúen crisis similares, aunque esto implique una pérdida en la autodeterminación. La inacción ante esta compleja situación social y económica seguramente causaría tragedias similares.
Foto de Eneas en Foter.com / CC BY
Autor
Economista. Profesor e investigador de la Univ. de las Américas (Ecuador). Doctor en Economía y Negocios por la Univ. Autónoma de Madrid y Máster en Econ. Internacional por la misma universidad. Especializado en economía internacional y macroeconomía.
