El 2020 fue un año atípico para todo el mundo en el que nadie quedó libre de los efectos del Covid. Será un año que difícilmente olvidaremos, tal como la inclemencia de una tormenta que no da tregua. La pandemia cambió la forma de relacionarnos, alteró nuestro día a día. También demostró la incapacidad estatal y el mal manejo gubernamental con estrategias que privilegiaron la economía sobre la vida, provocando que varios países de la región destaquen por tener algunas de las más altas tasas de mortalidad del mundo.
En el caso de Chile la tormenta del 2020 fue casi perfecta. La pandemia se encontró con una ciudadanía molesta por las injusticias del modelo de desarrollo. El año de pandemia contribuyó a aumentar la percepción de desigualdad social, aumentó la pobreza y evidenció la desconexión entre gobernantes y ciudadanía. Muestra de esto último es que el exministro de Salud Jaime Mañalich reconoció que «no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y hacinamiento en Chile”. Esto en un contexto político de fuerte debate por el plebiscito para cambiar la Constitución.
Desafíos políticos del 2021
El estallido social del 2019 gatilló cambios en la política chilena. La agenda cambió y el reemplazo constitucional pasaba a ser el tema central. No obstante, el 2020 alteró los proyectos una vez más. Los procesos electorales fueron modificados y el plebiscito constitucional se movió de abril a octubre y la elección de autoridades subestatales de octubre a abril 2021, convirtiendo a este año en uno de los más decisivos para el país, ya que en noviembre, además, es la elección Presidencial y del congreso.
El año presenta desafíos para los actores e instituciones políticas del país, particularmente, para aquellas que deben realizar los cambios que la ciudadanía demanda. La institucionalidad deberá optar por cambios de fondo al modelo de desarrollo o enmiendas que mantengan el rumbo. Tarea bastante difícil, considerando que la clase política chilena está sumamente cuestionada por la ciudadanía.
Una de las expresiones del cuestionamiento es la cantidad de no-militantes inscritos como candidatos a la Convención Constituyente. Ya sea desde la sociedad civil o personas individuales, miles se movilizaron para apoyar candidata/os fuera de los partidos. Por ejemplo, el grupo “Independientes No Neutrales” logró juntar casi 80.000 firmas para sus 105 candidatos no-militantes. Estos números de patrocinios similares en las listas de independientes, es una señal para la clase política: miles de ciudadanos están dispuestos a apoyar nuevos actores para redactar la Constitución.
Los partidos políticos también incluyeron no-militantes en sus listas. El oficialismo incluyó en sus listas a 70 no-militantes y 112 militantes. Las listas de oposición integraron líderes sociales, militantes, figuras públicas y académicos. Por ejemplo, la centro-izquierda lleva 57 candidatos no-militantes y 128 militantes. Y la otra lista de izquierda logró que casi la mitad de sus candidatos sean no-militantes.
En este 2021 veremos si la institucionalidad tiene capacidad para procesar las demandas ciudadanas. La gran cantidad de movimientos sociales y ciudadanos organizados participando en las elecciones desafían la política tradicional del país. En este marco, las instituciones que se elijan deberán trabajar coordinadamente e integrar las demandas de la sociedad civil, manterner la transparencia y por sobre todo escuchar a la ciudadanía. Sin legitimidad ciudadana, la nueva Constitución será letra muerta. Y lejos de escampar, la tormenta se fortalecerá dejando el cielo todo gris.
Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA
Autor
Cientista político. Profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco (Chile). Doctor en Ciencias Sociales y Master en Ciencia Política por la Universidad de Chile.
