En un contexto de alta concentración de la renta y la riqueza en el sector privado, lo que supone un gran riesgo para los intereses públicos, la cooperación internacional con y entre las organizaciones de la sociedad civil es cada vez más relevante. Según el Informe sobre la Desigualdad en el Mundo 2022, «las naciones son cada vez más ricas, pero los gobiernos cada vez más pobres». El aumento de la pobreza también se asocia con el aumento del hambre y el calentamiento global, ya que el 1% más rico del mundo emite la misma cantidad de contaminación que 5.000 millones de personas, según Oxfam.
Esta «sindemia» que caracteriza la actual gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional exige respuestas colectivas a los problemas de salud (malnutrición, obesidad y carencia de nutrientes), al cambio climático y a la concentración de la renta y la riqueza. Además, el derecho humano a una alimentación adecuada está muy amenazado y violado, yendo en dirección contraria a la producción de alimentos.
Las grandes corporaciones privadas ven la alimentación como un negocio. Aunque perjudicial, el sector privado busca la venta de productos ultraprocesados y, para ello, participa e influye en espacios multilaterales vinculados a esta agenda, como la Cumbre de Sistemas Alimentarios de septiembre de 2021.
Esta lógica también forma parte de la crisis del sistema multilateral y de los Estados. Con la creciente crisis de liquidez del sistema ONU, debida principalmente a la falta de contribuciones de los Estados, el sector privado se ha convertido en un «socio» en la mesa de negociaciones y en una fuente de fondos para la ejecución de proyectos, a pesar de los graves conflictos de intereses.
En este sentido, la cooperación Sur-Sur puede ser un mecanismo estratégico para defender una alimentación sana y sostenible como derecho humano y bien público. Es importante reconocer que, en la región de América Latina y el Caribe, la cooperación Sur-Sur ha sido una forma de articulación entre diferentes movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Desde principios del siglo XXI, ha habido un gran dinamismo en la participación de bloques de países – las cumbres sociales. Con respecto a la agenda de Seguridad Alimentaria y Nutricional en particular, esta cooperación se expresa en el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI), que reúne a diversos actores sociales para la acción colectiva con el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU.
Las organizaciones de la sociedad civil en la cooperación Sur-Sur
La cooperación internacional tiene lugar tanto entre pueblos, países y organizaciones intergubernamentales como entre sociedades (y naciones). Esto significa reconocer que la cooperación Sur-Sur también sirve para articular la resistencia entre las organizaciones de la sociedad civil del Sur global.
En cuanto a la experiencia de Brasil con la Seguridad Alimentaria y Nutricional, podemos mencionar la reanudación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) en 2023 como órgano consultivo de apoyo al gobierno ejecutivo federal en la elaboración de marcos de acción (Políticas y Planes Nacionales) y en la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
La sociedad civil en las iniciativas de cooperación Sur-Sur ha recibido un gran impulso por parte de los gobiernos progresistas de la región y, en momentos de retroceso, es una garantía de que las luchas e iniciativas para promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional siguen activas. Desde la «ola rosa» hasta el boom de las materias primas, hubo una creciente participación de la sociedad civil en las políticas gubernamentales. Después de este período, muchas articulaciones y proyectos de cooperación continuaron realizándose incluso sin la participación de los países.
Sin embargo, existe un desafío y una demanda permanentes para garantizar espacios formales con asignaciones presupuestarias para la participación social efectiva en las discusiones multilaterales lideradas por los Estados.
Gobernanza regional de la seguridad alimentaria y nutricional
Considerada una región formada por países dedicados a la exportación agrícola – el «granero» del mundo – la agenda de la Seguridad Alimentaria y Nutricional es una prioridad para pueblos y gobiernos. Sobre todo, porque la región también se caracteriza por una alta concentración de tierras, suelos fértiles para la producción de alimentos y la presencia de minerales. Así, hemos pasado de la condición de «colonias de explotación» intensivas en mano de obra esclava a un extractivismo ambiental y minero sin precedentes en el mundo.
En las relaciones internacionales, el uso de la palabra gobernanza surge en el contexto de la estimulación del neoliberalismo. Un Estado mínimo funcionaría mediante la externalización de servicios y bienes públicos con el apoyo del sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) empezaron así a estimular la idea de un plan de acción multisectorial, multinivel (de lo local a lo global) y con múltiples actores, incluidas las asociaciones público-privadas. Más allá de las estrategias regionales diseñadas para el comercio mundial y regional, los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a la necesidad de defender la agricultura familiar y su soberanía alimentaria.
Frente a la degradación ambiental causada por el agronegocio, la deforestación y la invasión y titulación de tierras pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades quilombolas y tradicionales, está en la agenda la necesidad de políticas y estrategias de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por ser garantía del derecho humano a una alimentación adecuada, a la biodiversidad y a las unidades de conservación. Además, la creciente producción para el mercado externo con la exportación de commodities está reduciendo el área de producción de alimentos basados en las diferentes culturas alimentarias de los países. Esto, unido a la mercantilización de los alimentos básicos de la dieta, provoca un repunte de la inflación y el consiguiente aumento de la inseguridad alimentaria. Por lo tanto, también es necesario influir en la agenda comercial y en las estrategias de suministro de alimentos.
El trabajo en red de las organizaciones de la sociedad civil es cada vez más importante frente al creciente poder del sector privado. La cooperación Sur-Sur es central si no queremos permitir retrocesos en diversas agendas globales de interés público, especialmente en la lucha contra el hambre, la pobreza, la destrucción del medio ambiente y la salud humana, junto con la diversidad cultural y la biodiversidad.En Brasil, el CONSEA ha buscado insertarse y contribuir a la participación social efectiva en iniciativas de cooperación internacional. En diciembre de 2023, organizó una reunión con líderes de gobiernos y sociedades, previa a la VI Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para discutir la gobernanza democrática de la seguridad alimentaria y nutricional para la realización del derecho humano a una alimentación adecuada. En esta ocasión, se destacó la importancia de crear y fortalecer espacios de participación social en la seguridad alimentaria y nutricional, sin perder de vista la participación de los grupos de población más vulnerables al hambre, la inseguridad alimentaria y la pobreza, tanto en América Latina y el Caribe como en África.
Autor
Investigadora, profesora y becaria postdoctoral CAPES en la Universidad Federal de Goiás (UFG), activista y profesional de la cooperación internacional Sur-Sur en el Centro de Estudios y Articulación de la Cooperación Sur-Sur (ASUL), actualmente es consejera suplente del CONSEA.
Graduado y máster en Relaciones Internacionales. Participa activamente en redes de la sociedad civil en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Justicia Ambiental desde 2017. Actualmente es secretario ejecutivo del Foro Brasileño por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Activista alimentario. Doctor en Ciencias por la Facultad de Salud Pública de la USP. Miembro del Grupo de Investigación DEMSA (UFU). Miembro del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU.
