El “lawfare”, como se conoce a la utilización de instrumentos jurídicos para articular una persecución política, se extiende por América Latina. En el último lustro, la “guerra jurídica” se ha intensificado, cuantitativa y cualitativamente, convirtiéndose en una estrategia regional coordinada que utiliza la legitimidad del aparato jurídico del Estado para subvertir, forzar o manipular los procesos democráticos de alternancia en el poder. Ecuador es un ejemplo ilustrativo de este proceso.
El procesamiento o encarcelamiento de líderes políticos como Lula da Silva ha sido la punta del iceberg del “lawfare”, pero la estrategia va mucho más allá. Entre otras medidas, incluye la acción de los medios de comunicación para aniquilar la imagen de líderes políticos; la utilización del aparato administrativo sancionatorio para perseguir a la militancia de la oposición; la imparcialidad judicial; o la injerencia en los procesos electorales. Estas estrategias han marcado el escenario político en Argentina y Brasil, y ahora también en Ecuador.
Ecuador, elecciones y lawfare electoral
En Ecuador estas estrategias han sobrepasado la dinámica tradicional de utilizar el sistema penal para anular al adversario político, bajo el amplio paraguas de la “lucha contra la corrupción”, para dar un salto al ámbito procesal-electoral. El lawfare comenzó en 2017, desarrollándose tanto en el ámbito judicial penal —la Fiscalía General del Estado y los tribunales— como en el ámbito administrativo con la Contraloría General del Estado.
Por un lado, se abrieron procesos penales y se dictaron penas de prisión preventiva contra dirigentes del “correísmo”, incluyendo al expresidente Rafael Correa. Y, por otro, se persiguió con sanciones económicas y amenazas de procesamientos a numerosos ex funcionarios de ese gobierno.
En octubre de 2019, tras el levantamiento popular y la represión policial y militar, esta utilización de la vía penal dio un giro cualitativo importante. De la persecución de la corrupción se pasó a perseguir una supuesta rebelión que afectó a destacados líderes políticos y sociales. Esta estrategia fue criticada desde diversos organismos y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a otorgar medidas cautelares para poner fin a la privación de libertad de los líderes políticos acusados de rebelión.
Las elecciones generales
Previo a la elección general, cuya primera vuelta se celebró el 7 de febrero, la maquinaria del lawfare se reactivó. Comenzaba así lo que podemos llamar el “lawfare electoral”, que ha englobado tres estrategias fundamentales: obstaculizar la inscripción de políticos, deslegitimizar candidatos y atacar a la institucionalidad electoral.
La primera se enfocó en impedir tanto la inscripción de la Revolución Ciudadana (RC) —partido del correísmo— en el registro de organizaciones políticas como la inscripción de sus candidatos. Estos debieron entonces presentarse a las elecciones locales de 2019 como miembros del movimiento Fuerza Compromiso Social (FSC).
Tras los comicios, sin embargo, la Contraloría General del Estado consiguió, bajo amenaza de destitución y mediante multas a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, anular también el registro de FSC, lo que forzó, cuatro meses antes de la cita electoral, la inscripción de una nueva alianza, esta vez con el Movimiento Centro Democrático, denominada Unión por la Esperanza (UNES). Finalmente, en septiembre de 2020, el Consejo Nacional Electoral aceptó la inscripción de la coalición que presentó como candidatura al binomio Andrés Arauz-Rafael Correa.
En paralelo a los obstáculos para la inscripción del partido, en julio de 2020 se reformó el Reglamento de Democracia Interna, incluyendo requisitos que dificultaban la inscripción de las candidaturas a presidente y vicepresidente. Esto, sumado a la inhabilitación judicial acelerada del expresidente Correa, obligó a un cambio de fórmula electoral in extremis. El binomio original finalmente fue sustituido por el binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall, que también fue impugnado, aunque finalmente pudo ser inscrito y confirmado en diciembre, apenas dos meses antes de la cita electoral.
Las dificultades para participar en el proceso electoral en Ecuador, sin embargo, no se han limitado únicamente al correísmo. A mediados de noviembre del año pasado la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó que Álvaro Noboa, líder del Partido Renovador Institucional Acción Nacional, tampoco podría postularse como candidato a la presidencia debido a incumplimientos del movimiento que buscaba auspiciarlo.
La OEA y la condena de interferencias en el proceso electoral
Estas acciones han sido observadas por parte de actores nacionales e internacionales. El informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló los obstáculos hallados en el proceso de inscripción de las candidaturas y la consiguiente repercusión en la igualdad de oportunidades en la contienda electoral.
A pesar del “lawfare electoral”, el binomio Arauz-Rabascall ganó con el 32.7% de los votos y superó por más de diez puntos al siguiente candidato, Guillermo Lasso. Este resultado, que requiere de una segunda vuelta, ha generado un rearme del lawfare, con una estrategia ahora centrada en el segundo y tercer objetivo mencionados: atacar la figura de Andrés Arauz y deslegitimar al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas estrategias tampoco son novedosas, pero el cambio cualitativo se ha producido con la aparición en escena de Francisco Barbosa, Fiscal General de Colombia, evidenciando la articulación regional de la guerra jurídica. Barbosa llegó a Quito a petición de su homóloga ecuatoriana en pleno recuento electoral y antes de la presentación de resultados definitivos. El motivo del viaje era aportar supuestamente pruebas de una presunta relación entre la financiación de la campaña de Andrés Arauz y el movimiento guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dichas pruebas no han sido reveladas, ni en Colombia ni en Ecuador.
Por otro lado, el Contralor General del Estado, solicitó el inicio de una auditoria informática del sistema, prolongando así la ofensiva contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Mientras que la Fiscalía, comunicó al Consejo su voluntad de recolectar el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral. Ambas injerencias fueron criticadas en el informe de la Misión de la OEA, donde se menciona que los continuos ataques al CNE, como árbitro de la contienda electoral, deben evitarse para no afectar a la legitimidad del propio proceso.
Además, las acusaciones —sin sustento— de fraude en el recuento de la primera vuelta y la acción propagandística de ciertos medios de comunicación, están contribuyendo a crear una narrativa del fraude y a empañar los comicios de cara a la segunda vuelta, acelerando el proceso de descomposición de la institucionalidad del Estado y del gobierno de Lenín Moreno.
Si a todo esto sumamos la dimisión de los ministros de Salud y Gobierno, las recientes masacres descontroladas en las prisiones, el aumento de la pobreza y la precariedad o los escándalos de las vacunaciones indebidas, lo que obtenemos es un escenario extremadamente volátil, que plantea un riesgo de ruptura democrática e institucional. En este escenario, las elecciones del 11 de abril son una oportunidad para restaurar, no solo la justicia social, sino la propia institucionalidad democrática en el Ecuador.
Foto de Agencia de Noticias ANDES
Autor
Cientista política y jurista. Profesora de la Universidad de Valencia (España). Coordinadora del GT de CLACSO 'Lex Mercatoria, Derechos Humanos y Democracia'. Miembro fundadora del CLAJUD (Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia).
