Estados Unidos alberga el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo. Aunque el consumo ha crecido significativamente en otras regiones como Europa Occidental, América del Sur y Oceanía, la magnitud del mercado estadounidense no tiene todavía parangón, tanto por cantidad de consumidores como por índices de prevalencia. Según estimaciones recientes, los estadounidenses gastan aproximadamente 150 mil millones de dólares al año en drogas ilícitas.
Si bien la mayoría de los consumidores de drogas ilícitas no desarrollan patrones de comportamiento problemático, Estados Unidos ha enfrentado al menos cuatro grandes epidemias en su historia reciente: la heroína a fines de los años sesenta, la cocaína en polvo a mediados de los setenta, el crack en los ochenta y las metanfetaminas durante los noventa y principios del nuevo siglo. Sin embargo, el desafío más letal ha surgido en los últimos años: el fentanilo.
La crisis del fentanilo: una epidemia sin precedentes
Las primeras sobredosis de fentanilo se registraron luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos lo aprobara como analgésico intravenoso en 1972. Aunque el consumo indebido e ilícito del opioide continuó provocando muertes durante las siguientes décadas, la cantidad de sobredosis letales creció de forma exponencial solo en los últimos años. En 2022, el país registró 111,029 casos. De la totalidad de las muertes, casi un 70% fueron provocadas por opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 150 personas mueren cada día por sobredosis de opioides sintéticos.
A pesar de que la crisis de salud estadounidense muestra por primera vez desde el inicio de la epidemia ciertos signos de estabilización, marcados por una caída del 3% en las muertes por sobredosis respecto al año anterior, el país aún afrontó un alarmante registro de 74.702 fallecimientos por consumo de opioides sintéticos en 2023. Según datos oficiales, la gran mayoría de estos casos estuvo vinculado directamente al uso de fentanilo ilícito.
La evidencia indica que los cárteles mexicanos no solo trafican hacia Estados Unidos fentanilo puro proveniente de países como China y la India, sino que también se han involucrado en la manufactura ilícita del opioide sintético. Si bien el gobierno mexicano ha evitado precisar la magnitud de la producción en su país e incluso ha negado públicamente este fenómeno, el papel protagónico de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación resulta innegable, especialmente luego de que China ampliara sus controles sobre esta sustancia en 2019.
Solo en 2023, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó cerca de 12.200 kilogramos de fentanilo, de los cuales un 94% corresponden a los cruces fronterizos de San Diego (California) y Tucson (Arizona). Estos puntos estratégicos limitan con los estados mexicanos de Baja California y Sonora, dos rutas claves del tráfico de drogas—fentanilo y cocaína fundamentalmente—controladas por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Trump, fentanilo y América Latina
Las drogas ilegales—especialmente el fentanilo—desempeñaron un papel sobresaliente en las elecciones presidenciales de 2024. La campaña electoral reavivó el debate sobre la crisis sanitaria y sus impactos devastadores en el país. Ante la tibia oposición demócrata, las propuestas de Donald Trump reforzaron su visión punitiva centrada en combatir la oferta de drogas ilícitas, plasmada en consignas grandilocuentes como “aniquilar a los narcotraficantes.”
En el primer día de su mandato, Trump reafirmó su postura al designar formalmente a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas—una medida pendiente de su gestión anterior. Su énfasis en la oferta se vio reflejado no solo en recortes presupuestarios, despidos de personal y reestructuraciones en áreas claves de salud mental y abuso de sustancias en Estados Unidos, sino también en su Declaración de Prioridades de Política de Drogas. En este documento, emitido por la Casa Blanca en abril, se destacan dos objetivos fundamentales: (1) reducir el tráfico global de drogas ilícitas y (2) limitar su disponibilidad en territorio estadounidense.
En este contexto, el desinterés de Trump por América Latina—una constante que ha marcado la relación con la región durante las últimas administraciones—puede experimentar un giro estratégico, aunque no necesariamente por buenos motivos. El peso de la migración irregular y el tráfico de drogas ilícitas en su agenda doméstica, sumado a la necesidad de contener el ascenso de China en el escenario internacional, probablemente contribuya a reposicionar la región.
A diferencia del pasado, la nueva “guerra contra las drogas” no ha generado beneficios económicos para América Latina. El gobierno de Trump no ha proyectado su política de drogas en la región a través de recursos y asistencia, tal como sucedió con programas emblemáticos como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, sino a través de coerción y presión diplomática. Al externalizar los costos del combate antidrogas, trasladándolos a los países latinoamericanos, instituciones fundamentales dedicadas al abordaje de factores estructurales detrás de la delincuencia organizada y la inmigración irregular, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), fueron desmanteladas.
Aunque la producción de cocaína se encuentra en niveles históricos y las sobredosis asociadas a esta sustancia han crecido en Estados Unidos, la atención de Trump se ha centrado naturalmente en México y el fentanilo. El presidente estadounidense ha presionado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que profundice su control sobre la migración irregular y combata con mayor rigor la manufactura y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Con estos objetivos, Trump no solo designó a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas, sino que también propuso desplegar sus fuerzas armadas en territorio mexicano, amenazando además con imponer aranceles comerciales en caso de inacción por parte del gobierno de Sheinbaum.
La presión estadounidense parece haber tenido cierto efecto. Aunque Sheinbaum descartó categóricamente la intervención militar estadounidense, sí avanzó en medidas concretas para luchar contra el fentanilo en su país: desplegó 10.000 soldados en la frontera norte y extraditó 29 líderes de organizaciones criminales, entre los cuales sobresalen Rafael Caro Quintero y Miguel y Omar Treviño Morales, ex líderes de los cárteles de Guadalajara y los Zetas, respectivamente.
Estos logros, sin embargo, serán difícilmente sostenibles. La obsesión por reducir la oferta de drogas ilícitas—como lo demuestra la experiencia histórica en la región—no solo pone en riesgo el descenso temporal de sobredosis en Estados Unidos al relegar políticas de prevención y reducción de daños, sino que también puede desencadenar efectos colaterales graves para América Latina: fragmentación del crimen organizado, reconfiguración de las rutas del narcotráfico y un incremento de la violencia. Además, esta política contra las drogas de “garrote sin zanahoria” podría facilitar aún más la expansión de la influencia china en la región.
