Los cargos anunciados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en tres distritos federales en contra de la fracción de Los Chapitos (hijos del Chapo Guzmán), del Cártel de Sinaloa, por la producción y distribución de fentanilo en las ciudades estadounidenses, ha sido contundente. Es una política de Estado en territorio ajeno. Así lo expresó el fiscal general, Merrick Garland, desde la mismísima Casa Blanca, al señalar a 28 personas que estarían involucradas en el trasiego de esta droga sintética.

Este posicionamiento ha llevado a dos lecturas en México. Una, que está vinculada con el futuro de la política del Gobierno obradorista de “abrazos, no balazos”. Y, la otra, que es el primer paso en la ruta estadounidense en contra de la narcopolítica mexicana.

La política de “abrazos, no balazos” en materia de lucha contra el crimen organizado, más allá de la mofa que ha provocado en los círculos políticos de Washington, está cercada y no parece tener futuro. Y es que la producción y distribución de fentanilo está causando miles de muertes de consumidores de Estados Unidos y ha activado las alarmas políticas hasta convertirse en parte medular del debate público.

En Estados Unidos, los líderes del Partido Republicano se han pronunciado por que se reconozca a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, lo que ha sido rechazado por la mayoría de los representantes demócratas por lo que implicaría en materia de seguridad y soberanía nacional. Sin embargo, la postura demócrata no significa afinidad con la visión del oficialismo mexicano y menos en un año electoral en el que el juego de suma cero se impone en aquellos temas que rentabilizan votos.

Esto explica la postura del gobierno de Joe Biden en cuanto al fentanilo, un asunto socialmente muy delicado que exige decisiones duras en el combate contra su producción y distribución. Esto pone en entredicho la política sostenida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha sido interpretada en algunos círculos políticos y mediáticos norteamericanos como de complicidad con las organizaciones criminales.

La búsqueda de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán en territorio mexicano seguramente no quedará a la espera de una traición dentro del Cártel de Sinaloa a cambio de los 10 millones de dólares que se ofrecen por cada uno. Lo que probablemente habría detrás de lo que suceda sería la colaboración binacional, incluyendo operaciones encubiertas de las agencias de seguridad estadounidenses.

Por ello, llama la atención la postura del Gobierno mexicano y las palabras de López Obrador, quien, ante la infiltración norteamericana en el Cártel de Sinaloa, ha dicho que se trata de una “intromisión abusiva”, lesiva para la soberanía nacional. Esto, sin duda, afectará la cooperación binacional en materia de lucha contra el trasiego de fentanilo hacia los Estados Unidos y, de hecho, esta semana se volvió a mencionar en medios estadounidenses que México es un narco-Estado.

Aunque el canciller de México, Marcelo Ebrard, aporte cifras de logros “sin precedentes” en la lucha contra la epidemia del fentanilo, lo cierto es que a las autoridades norteamericanas estos resultados no les convencen y lo que tienen en el imaginario es la política permisiva de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador.

La tensión entre los Gobiernos no significa, al menos de momento, que se vaya a avanzar mucho más allá del intento de recortar la producción y distribución de fentanilo y, en este sentido, es una torpeza del propio Gobierno negar que en México no se produce la droga, cuando los propios datos del canciller demuestran lo contrario.

De momento, las autoridades estadounidenses han sido cuidadosas de no mezclar a los empresarios de la droga con los viejos y nuevos políticos. Esto quedó en evidencia en el juicio de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad durante el mandato de Felipe Calderón, cuando el juez Brian Cogan rechazó que se implicara a políticos mexicanos.

Por lo tanto, no hay motivos para pensar que el Gobierno estadounidense esté buscando algo más con la lucha contra Los Chapitos. Por lo tanto, aparentemente se conservaría el statu quo y se mantendría la calma de los gobernantes que recibieron favores de esta fracción criminal durante los comicios de 2021 y que podrían estar alistándose para influir en la decisión del voto en los comicios estatales de este año.

En definitiva, el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA es una sacudida para el Gobierno mexicano, pues, a su juicio, no es suficiente su capacidad para atender un problema creciente para la sociedad norteamericana. Sin embargo, de momento parece que esto no afectaría la coyuntura electoral con respecto a otoño, cuando estará en juego la nominación del candidato oficialista mexicano y el nuevo presidente de los vecinos norteamericanos.