Ecuador cerró el 2025 con el mayor número de muertes violentas de su historia. No se trató de un estallido aislado, sino de la confirmación de una tendencia: los homicidios han crecido de manera sostenida al menos desde 2020 y este aumento se aceleró de forma persistente en los últimos cinco años.
Según los datos oficiales de la Policía Nacional del Ecuador, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 9 161 homicidios intencionales, un aumento del 30% respecto de los de 2024. La tasa nacional alcanzó 50,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cifra que ubica a Ecuador entre los países con mayores tasas de homicidio a nivel global. Más relevante aún es la naturaleza de esta violencia: el 95,4% de las muertes está clasificado como violencia criminal, directamente asociada al crimen organizado, a disputas por el control territorial y a economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.
Este repunte responde, en primer lugar, a la expansión del crimen organizado transnacional y a la incorporación, tardía pero acelerada, de Ecuador a las economías ilícitas del narcotráfico. Su ubicación entre Colombia y Perú -principales productores de cocaína-, la disponibilidad de puertos de aguas profundas y una economía dolarizada que facilita circuitos financieros y de lavado convirtieron al país en un nodo funcional dentro de estas redes. Desde aproximadamente 2020, Ecuador dejó de ser un territorio de tránsito marginal para convertirse en parte activa de la cadena de valor del narcotráfico.
En paralelo a esa inserción se profundizaron las debilidades estructurales del Estado. La fragilidad del sistema judicial, la limitada capacidad para investigar y seguir la ruta del dinero ilícito, la corrupción selectiva y el colapso del sistema penitenciario generaron condiciones propicias para una captura progresiva y sistemática de las instituciones por parte de las organizaciones criminales. La violencia, en este contexto, es expresión de un deterioro institucional acumulado.
Desde una perspectiva regional, el caso ecuatoriano no resulta novedoso. Años antes, Colombia y México transitaron este mismo sendero, con dinámicas nacionales propias, pero con patrones comunes: expansión de economías ilícitas, respuestas centradas en la militarización de la seguridad sin reformas estructurales del Estado y ciclos prolongados de violencia. En ese sentido, Ecuador enfrenta una fase tardía de un proceso regional ampliamente documentado.
Pese a contar con estas experiencias como referencia, la respuesta del Estado ecuatoriano ha sido predominantemente reactiva. Estados de excepción sucesivos, despliegues militares masivos, operativos policiales intensivos y una narrativa gubernamental de guerra interna han marcado la política de seguridad. Estas medidas han producido efectos visibles y, en algunos casos, reducciones temporales de ciertos delitos -los robos comunes, por ejemplo, disminuyeron un 3% en 2025-, pero no han alterado las condiciones estructurales que sostienen la violencia, como lo demuestra la evolución de la estadística oficial.
Un factor central que explica estos resultados es la persistente precariedad del sistema de inteligencia nacional. Ecuador carece de un esquema integrado que articule de manera efectiva a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos civiles para anticiparse al delito, mapear redes criminales y seguir la trazabilidad del dinero ilícito. Esta fragmentación institucional se traduce en duplicación de esfuerzos, pérdida de información crítica y respuestas descoordinadas. Sin inteligencia estratégica, la política de seguridad se reduce al despliegue territorial y militar que, sin reformas estructurales, se agota rápidamente.
La evidencia territorial refuerza esta lectura. Según datos oficiales, seis zonas concentran cerca del 85% de los homicidios: Guayaquil (DMG), Los Ríos, Manabí, El Oro, Guayas y Esmeraldas. Se trata de áreas portuarias y corredores estratégicos de exportación donde convergen intereses criminales locales y transnacionales. Sin embargo, el desplazamiento de la violencia hacia provincias históricamente más seguras expone la falsa sensación de calma como antesala del descuido institucional. Allí donde el Estado asume que el problema es ajeno o distante, las organizaciones criminales encuentran condiciones para asentarse y expandirse.
Más allá de sus efectos inmediatos, esta dinámica tiene consecuencias democráticas de largo plazo. La persistencia de altos niveles de violencia favorece la institucionalización de medidas extraordinarias como parte del funcionamiento ordinario del Estado: estados de excepción recurrentes, expansión del poder coercitivo y reducción del espacio para el debate público sobre alternativas de política.
La experiencia regional muestra que la militarización, sin reformas profundas del Estado, no resuelve el problema del crimen organizado y, en muchos casos, lo reconfigura. Sin fortalecimiento judicial, inteligencia financiera, control penitenciario y coordinación interinstitucional, la violencia no se reduce: se adapta, muta y persiste.
El balance de 2025 permite una lectura clara. Ecuador se incorpora, con retraso, a una trayectoria regional ya conocida, marcada por economías ilegales en expansión, respuestas estatales reactivas y déficits sostenidos de capacidad institucional. La discusión pendiente no es cuántos soldados desplegar en las calles, sino cuánto Estado queda por reconstruir allí donde el crimen organizado ha aprendido a operar con ventaja.
Autor
Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad del Azuay y exgobernador del Azuay durante el gobierno de Guillermo Lasso. Master universitario en estudios latinoamericanos, Universidad de Salamanca, España.
