La reciente publicación de la nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos y la actualización de la Estrategia y el Plan de Acción contra el Narcotráfico de la Unión Europea representan mucho más que una simple actualización de políticas. Señalan el regreso de una mentalidad antigua que muchos creían extinta: la idea de que las drogas son fundamentalmente un problema de guerra, que debe abordarse principalmente mediante la represión, la interdicción, la vigilancia y el fortalecimiento de las medidas de seguridad.
El lenguaje difiere a ambos lados del Atlántico. Washington habla abiertamente de «guerra», «ataque químico» y «caza de cárteles», al tiempo que vuelve a vincular la política antidrogas con la lógica antiterrorista al clasificar a los cárteles como «Organizaciones Terroristas Extranjeras» y al fentanilo como «arma de destrucción masiva». La Comisión Europea utiliza términos más suaves como «seguridad», «resiliencia» y «protección de las cadenas logísticas», pero también está expandiendo rápidamente los sistemas de vigilancia, las herramientas de predicción policial, los mecanismos de intercambio de inteligencia y las capacidades de monitoreo digital. Más allá de los distintos enfoques, ambas estrategias apuntan en la misma dirección: la política antidrogas se plantea nuevamente como una cuestión de seguridad centrada en el control fronterizo, los sistemas de inteligencia y la presión sobre terceros países.
Este cambio se produce en un momento particularmente delicado para América Latina y el Caribe. El nuevo Informe del PNUD sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026 advierte que las democracias de la región se enfrentan a una creciente presión por parte del crimen organizado, la inseguridad, la desigualdad, la polarización política y la debilidad institucional. El informe identifica correctamente que el crimen organizado ya no es simplemente un problema criminal; en muchos países se ha convertido en un problema de gobernanza capaz de influir en la política, controlar las instituciones, distorsionar los procesos democráticos y erosionar la confianza pública.
Sin embargo, existe una contradicción en el centro de este debate. Los gobiernos occidentales reconocen cada vez más el crimen organizado como una grave amenaza para la democracia, al tiempo que refuerzan muchas de las políticas prohibicionistas que contribuyeron al auge de las economías criminales. Durante décadas, la prohibición transformó ciertos mercados en negocios ilegales extraordinariamente lucrativos. El crimen organizado se expandió no solo por la corrupción o la debilidad de los Estados, sino también porque los sistemas globales de control de drogas crearon enormes economías sumergidas que operaban al margen de la ley. Y, sin embargo, este debate permanece prácticamente ausente de las nuevas estrategias de Estados Unidos y la Unión Europea.
En cambio, ambos documentos presentan al crimen organizado casi como una amenaza externa que ataca a las sociedades democráticas desde fuera. Estados Unidos culpa directamente a países extranjeros por no haber detenido el «envenenamiento» de los estadounidenses, mientras que Latinoamérica aparece una vez más principalmente como un territorio asociado al tráfico, la producción y la inestabilidad. Europa utiliza un lenguaje menos agresivo, pero reproduce muchas de las mismas dinámicas al orientar la cooperación con Latinoamérica, África y Asia cada vez más hacia la interdicción, el intercambio de inteligencia y el control logístico.
Las connotaciones coloniales son difíciles de ignorar. La cooperación internacional corre el riesgo de centrarse menos en el desarrollo compartido y más en la protección de los intereses de seguridad del Norte mediante la externalización de la aplicación de la ley, a menudo sin prestar atención a los costos sociales, las consecuencias democráticas ni el impacto en los derechos humanos en los países más afectados. Durante décadas, algunas de las comunidades más pobres de América Latina han pagado el precio más alto por la guerra global contra las drogas: violencia, militarización, corrupción, cárceles superpobladas, territorios fragmentados y democracias debilitadas. Sin embargo, gran parte de la respuesta del Norte Global sigue centrándose principalmente en la contención, en lugar de cuestionar si la prohibición en sí misma puede ser parte del problema.
Una de las ideas más importantes del nuevo informe del PNUD es que muchas democracias de la región están atrapadas en «equilibrios de bajo rendimiento», situaciones en las que la violencia, la desigualdad, las instituciones frágiles y la débil presencia estatal se refuerzan constantemente entre sí. Las economías criminales prosperan precisamente donde los Estados no proporcionan seguridad, oportunidades, infraestructura ni legitimidad.
Esto plantea una pregunta incómoda pero inevitable: si el crimen organizado obtiene gran parte de su poder del control de los mercados prohibidos, ¿es realmente posible debilitar a estas organizaciones a largo plazo sin debatir formas alternativas de regulación?
Uno de los aspectos más valientes de otro informe reciente del PNUD, Dimensiones del Desarrollo de la Política de Drogas (2025), fue precisamente su disposición a ir más allá de los límites tradicionales de los debates internacionales sobre política de drogas y reconocer abiertamente que los enfoques punitivos a menudo han sido ineficaces o incluso contraproducentes para el desarrollo, la gobernanza, la salud pública, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. El informe no se limitó a criticar la prohibición. También exploró la idea de una «transición justa» de las economías ilícitas a las reguladas, argumentando que las comunidades históricamente dependientes de los mercados ilegales de drogas no deben ser simplemente abandonadas durante los procesos de reforma. Su énfasis en los medios de vida sostenibles, la justicia social, la regulación basada en la equidad, la reducción de daños, los derechos indígenas y la integración de los productores marginados en los mercados legales representó una de las posturas más progresistas jamás adoptadas dentro del sistema de la ONU en materia de política de drogas.
Precisamente por eso, resulta sorprendente que el informe del PNUD de 2026 sobre democracia y desarrollo ignore esta dimensión transformadora. La posibilidad de que el fortalecimiento democrático en América Latina requiera también transiciones justas entre economías ilícitas y lícitas, capaces de reducir la violencia, debilitar el crimen organizado, ampliar los derechos y crear nuevas formas de desarrollo inclusivo, merecía un lugar mucho más central en el debate.
Mientras tanto, el ciclo se repite: más vigilancia, más interceptación, más sistemas de inteligencia y más presión sobre los países productores y de tránsito. Sin embargo, los mercados ilegales siguen adaptándose con una rapidez asombrosa. Las rutas cambian, surgen nuevos actores, la producción se traslada a otros lugares y las drogas sintéticas evolucionan más rápido de lo que los sistemas de control pueden reaccionar. Irónicamente, tanto la estrategia de EE. UU. como la de la UE reconocen abiertamente esta adaptabilidad, al tiempo que insisten en el mismo enfoque centrado en la represión.
La estrategia estadounidense incluye una extraña adición sobre la «importancia de la fe», donde el documento argumenta que «añadir a Dios a la ecuación aporta un poder especial» para abordar la adicción. Tras décadas de fracaso en la erradicación de las drogas mediante el castigo y la militarización, el discurso comienza a virar hacia narrativas de redención moral, sustituyendo una dependencia por otra y reemplazando los enfoques basados en la evidencia y los derechos humanos con visiones moralizantes de salvación divina. Una narrativa que una creciente (y políticamente influyente) comunidad religiosa conservadora de la región estaría peligrosamente dispuesta a adoptar y contribuir a su expansión, en un escenario de tratamiento de adicciones ya dominado por organizaciones religiosas.
Los riesgos democráticos de este giro hacia la seguridad son cada vez más evidentes. El verdadero desafío, por lo tanto, no reside simplemente en cómo contener a las organizaciones criminales, sino en cómo construir democracias capaces de gobernar economías complejas y sociedades profundamente desiguales sin quedar atrapadas entre la violencia criminal, las tentaciones autoritarias y la inercia prohibicionista.
La política de drogas ya no puede tratarse simplemente como una cuestión técnica o de seguridad pública. Se ha convertido en una cuestión central sobre la democracia y el desarrollo sostenible. La innovación y la reforma social son esenciales para superar la falsa dicotomía entre prohibición y caos, y para construir futuros más humanos, democráticos y eficaces.
Autor
Fundador y director de D2 INNO-LAB, el Laboratorio Global de Innovación en Políticas de Drogas y Desarrollo. Es investigador asociado del Centro de Investigación en Gobernanza Global (CIGG) de la Universidad de Salamanca (España). Fue director del programa de cooperación en políticas de drogas UE-América Latina y el Caribe (COPOLAD III).
