La conectividad se ha convertido en una promesa transversal en política latinoamericana. Sin embargo, la región no parte de cero: acumula políticas, inversiones y aprendizajes verificables que permiten distinguir entre anuncios, capacidades de implementación y resultados medibles. Cada ciclo electoral vuelve a presentar internet satelital, escuelas conectadas, fibra e infraestructura 5G. Esa coincidencia revela que la conectividad dejó de ser asunto sectorial para integrarse en el repertorio básico del desarrollo. Por ello, el debate no debe organizarse como una oposición entre pasado inmóvil y nuevas promesas. La pregunta pertinente es otra: ¿qué políticas han producido avances, dónde persisten las brechas y qué capacidades permiten convertir la conexión en valor social y productivo?
Lo que muestra la evidencia comparada
La investigación sobre 33 países de América Latina y el Caribe demuestra que las disparidades de banda ancha están asociadas estrechamente con el desarrollo socioeconómico. La relación entre uso de internet e índice de desarrollo humano es particularmente elevada, y el acceso de hogares y cobertura móvil ayudan a explicar diferencias importantes entre países. Estos resultados no autorizan atribuir el desempeño a una única tecnología ni a una sola decisión gubernamental; sin embargo, muestran que infraestructura, asequibilidad, capacidades y continuidad institucional operan de manera conjunta.
La comparación regional aconseja evitar rankings construidos con un solo indicador. Un país puede mostrar velocidades elevadas en ciudades principales manteniendo rezagos rurales; otro puede ampliar cobertura móvil sin resolver la asequibilidad; un tercero puede conectar escuelas sin integrar la tecnología en la pedagogía. La brecha digital tiene, al menos, tres dimensiones: disponibilidad de infraestructura, acceso y adopción efectiva, y capacidad para obtener beneficios educativos, económicos e institucionales.
Cuatro trayectorias que sí importan
Uruguay es el caso pionero. El Plan Ceibal (2007) combinó dispositivos, conectividad, formación docente y seguimiento a escala nacional. Su lección más valiosa no fue distribuir computadores, sino crear una institución capaz de sostener y adaptar la política durante casi dos décadas—aunque la tecnología no produjo mejoras uniformes en todos los aprendizajes.
Chile acumula regulación, competencia y expansión de fibra. Su experiencia demuestra que la cobertura amplia no elimina brechas de calidad, precio y uso productivo. El cable Humboldt, desarrollado con Google, sitúa la infraestructura digital en el terreno de la resiliencia y la geopolítica.
Argentina, mediante ARSAT y Conectar Igualdad, ilustra la utilidad de la infraestructura pública y, simultáneamente, el costo de las interrupciones: la dificultad de convertir una red troncal en conexiones asequibles para el territorio nacional persiste como desafío institucional.
Costa Rica, con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y una institucionalidad sectorial estable, recuerda que el servicio universal exige identificar beneficiarios, diseñar subsidios, supervisar operadores y evaluar calidad: la capacidad regulatoria es, por tanto, parte de la infraestructura.
Brasil: la infraestructura que no se ve
Brasil debe analizarse simultáneamente como un gran mercado interno y como nodo internacional. Una parte esencial de su posición digital se encuentra bajo el océano. Fortaleza, junto con otros puntos de aterrizaje, concentra cables que conectan Sudamérica con Norteamérica, Europa y otros mercados. Los cables submarinos transportan la mayor parte del tráfico internacional de datos.
La conexión EllaLink entre Fortaleza y Sines (operativa desde 2021) creó una ruta directa entre Sudamérica y Europa sin pasar necesariamente por Estados Unidos. Esta diversificación reduce latencia, mejora redundancia y amplía opciones comerciales, pero plantea preguntas sobre dependencia de grandes plataformas, seguridad de infraestructuras críticas y soberanía digital. La conectividad funciona como un sistema: redes troncales internacionales, centros de datos, puntos de intercambio, fibra nacional, redes móviles y soluciones de última milla. Una política que atiende solo uno de esos niveles será necesariamente incompleta.
Starlink: función complementaria, no sustitutiva
Starlink ha adquirido influencia creciente sobre la infraestructura digital latinoamericana. Conviene, sin embargo, cautela estadística: en julio de 2024, Anatel registraba apenas 224.700 accesos en Brasil (cerca del 0,5 % de la banda ancha fija). Su valor real es complementario—zonas remotas, escuelas, salud, logística, emergencias—, aunque depender de un único proveedor privado plantea riesgos de precio, jurisdicción y soberanía.
La conveniencia técnica de los satélites de órbita baja no es ideológica. Un consenso electoral transversal lo confirma: Brasil, Costa Rica, Perú y Colombia incorporan el satélite en arquitecturas híbridas. La prueba decisiva será convertir esas promesas en planes neutrales, sostenibles y articulados con capacidades reales.
La agenda pendiente
La agenda ya no consiste únicamente en conectar territorios, sino en garantizar que la conectividad produzca capacidades, productividad y desarrollo. América Latina debe completar la cobertura en zonas rurales, amazónicas, insulares y de baja densidad mediante soluciones híbridas que combinen fibra, redes móviles, enlaces comunitarios y satélites. Pero una conexión cara, lenta o inestable no representa inclusión digital real.
El desafío es simultáneamente tecnológico, económico e institucional: reducir costos, mejorar calidad del servicio, formar capacidades digitales, proteger datos, supervisar proveedores y vincular infraestructura con educación, salud, servicios públicos y emprendimiento. Esta brecha es especialmente crítica para micro, pequeñas y medianas empresas: disponer de internet no significa poder adoptar comercio electrónico, analítica de datos o inteligencia artificial cuando persisten déficits de talento, financiación, ciberseguridad y cumplimiento regulatorio.
De la promesa a la capacidad de ejecución
La conectividad se ha convertido en un mínimo político regional. Precisamente por existir antecedentes, es posible comparar cada nueva propuesta con políticas que funcionaron, instituciones que perduraron y errores que no deberían repetirse. Uruguay mostró el valor de la continuidad institucional; Chile, Argentina y Costa Rica evidencian la importancia de combinar regulación, inversión y objetivos de servicio universal; Brasil demuestra que la conectividad depende de infraestructuras internacionales invisibles.
La verdadera nueva promesa no es simplemente conectar a quienes faltan, sino construir instituciones capaces de medir resultados y transformar la conectividad en aprendizaje, productividad, confianza, innovación y desarrollo territorial, como hace la fundación tech4peace en Colombia. Esa promesa es menos espectacular que una antena satelital, pero mucho más difícil de cumplir.
La transformación digital solo genera valor cuando instituciones, empresas y comunidades desarrollan capacidades para gobernar la tecnología, gestionar riesgos, formar talento e impulsar emprendimientos. Starlink y otros sistemas satelitales pueden completar el mapa, pero no reemplazan la fibra, las redes móviles, la competencia ni el Estado.
Ahora que la región parece haber alcanzado un consenso sobre la necesidad de conectar todos sus territorios, la discusión verdaderamente importante comienza: cómo convertir ese acceso digital universal en prosperidad compartida.
Autor
Profesor asociado de la Universidad de La Sabana (Colombia). Doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador Post-Doctorado en la Universidad de Salamanca
Profesor asociado de la Universidad de La Sabana (Bogotá). Doctor por la Univ. de Warwick (Reino Unido). Sus áreas de interés son ética en los negócios, digitalización y el rol del sector privado en conflictos de América Latina.
