John Reed, periodista, poeta y activista estadounidense, llegó a México en 1913 como corresponsal de guerra de la neoyorquina revista Metropolitan Magazine. Acompañó a Pancho Villa en las batallas de La Laguna contra las fuerzas federales y, unos meses después, regresó a su país. En1917 partió hacia Petrogrado para ser testigo del final de la llamada Revolución de Octubre. De esas experiencias escribiría dos libros memorables: México insurgente y Diez días que estremecieron el mundo. De esta última obra procede el título de este artículo.
En México, el zapatismo, inspirado en las tesis anarquistas, reivindicaba la consigna de “tierra y libertad”. En la Rusia todavía zarista, Lenin proclamaría años después la máxima propagandística de “todo el poder a los soviets”.
Han transcurrido más de 100 años desde aquellos momentos históricos. Hoy, México se encuentra en el segundo gobierno de la llamada Cuarta Transformación y Rusia está gobernada por Vladimir Putin, «el hombre sin rostro», como lo llamó la periodista moscovita Masha Gessen.
López Obrador llegó al poder en 2018, tras ganar las elecciones, con el eslogan de la transformación y los símbolos de la independencia de España, la reforma liberal y la revolución mexicana, y rápidamente conectó con millones de mexicanos.
Ya en el poder, tuvo que transitar de las arengas en la plaza pública a la política de Palacio Nacional. Tenía que sentar las bases de lo que sería su gobierno para que su movimiento político conservara el poder. Desde el primer día decidió poner en marcha un cambio de régimen político que habría de continuar la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Cuáles son esas diez reformas constitucionales que han transformado la arquitectura de la transición democrática que habían tejido los líderes políticos de los últimos 40 años y que han alterado la distribución del poder, los contrapesos institucionales, la seguridad y las reglas de la competencia política?
Primera, la reforma del Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2025, institucionalizó la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, así como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. La cuestión de fondo es que la reforma supone un tránsito de “quién gobierna” a jurídicamente “quién controla al que gobierna”.
Segunda, la llamada simplificación administrativa de siete organismos constitucionales autónomos, aprobada en diciembre de 2024, modificó diversos artículos de la Constitución y eliminó referencias a la que había sido una de las “joyas” de la transición democrática. El problema no era simplemente que desaparecieran unas instituciones, sino quién asumiría sus funciones en lo sucesivo y ante quién rendiría cuentas.
Tercera, el control de constitucionalidad, popularmente conocido como “inimpugnabilidad constitucional” o “supremacía constitucional”. Esta reforma de octubre de 2024 es particularmente regresiva porque afecta al mecanismo mediante el cual se pueden impugnar las decisiones del Congreso de la Unión. Dicho en otras palabras, lo que reforme el Congreso será inapelable, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuarta, el poder militar. En 2019 se creó la Guardia Nacional con mando civil y se modificaron diversos artículos de la Constitución para ponerla en funcionamiento y que contribuyera a resolver los graves problemas de inseguridad derivados del avance del crimen organizado.
Quinta, en septiembre 2024 se aprobó la reforma que situó a la Guardia Nacional bajo tutelaje militar. La importancia de esta reforma es cualitativa: en un principio, la Guardia Nacional fue diseñada con mando civil y terminó bajo mando militar, lo que alteró la distribución constitucional de funciones entre autoridad civil y militar y amplió las competencias de esta última.
Sexta, el poder punitivo del Estado. La denominada prisión preventiva oficiosa, aprobada en diciembre de 2024, amplía el catálogo de delitos sujetos a esa figura, lo que supone técnicamente una expansión del poder político, no solamente sobre las instituciones, sino sobre la capacidad coercitiva del Estado mexicano.
Séptima, el poder económico. Las reformas constitucionales de octubre de 2024 reforzaron el papel del Estado en determinadas áreas estratégicas, con el objetivo de fortalecer su poder económico. Se busca así devolver retóricamente el poder central al Estado, lo que implica una mayor concentración del poder.
Octava, los cambios constitucionales de abril 2025 sobre las reglas de reproducción de las élites políticas, relacionados con la no reelección y el nepotismo, condicionarán la reproducción, renovación o bloqueo de las élites políticas a partir de los procesos electorales de 2030.
Novena, la democracia directa. En diciembre de 2019, el entonces presidente, López Obrador, envió una iniciativa de revocación de mandato al Congreso de la Unión. No se trata del debilitamiento de un contrapeso institucional, sino de una modificación de la relación entre la ciudadanía y el ejecutivo.
Y décima, el control político-militar. En octubre de 2025 se ajustaron las facultades del Senado respecto a los grados superiores de la Guardia Nacional en relación con determinados cargos de esta institución de seguridad nacional.
Entre 2018 y 2026, el cambio de régimen ha provocado cinco desplazamientos institucionales relevantes: del control judicial al nuevo modelo judicial; de los organismos autónomos a instituciones dependientes del ejecutivo; del control constitucional al blindaje de las reformas constitucionales; del predominio civil a una mayor centralidad militar, y de un Estado regulador a una mayor concentración del poder económico y punitivo.
Si John Reed viviera, seguramente se sorprendería al comprobar que aquellas primeras revoluciones populares terminaron estremeciendo al mundo con una elevada personalización y militarización del poder.
Autor
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
