El 10 de diciembre de 2025, el World Inequality Lab, vinculado a la Paris School of Economics, publicó el World Inequality Report 2026. Coordinado por Lucas Chancel, Ricardo Gómez-Carrera, Rowaida Moshrif y Thomas Piketty, el informe sintetiza el trabajo de más de 200 investigadores vinculados con la World Inequality Database y amplía la mirada tradicional sobre la desigualdad incorporando, además del ingreso y la riqueza, dimensiones como género, clima, tributación, educación y representación política.
¿Por qué volver sobre este informe ahora, cuando el 2026 entra en su tramo final?
Precisamente porque la desigualdad no debería ser noticia únicamente el día en que se publica un nuevo dato. Casi un año después de su lanzamiento, el informe ofrece una oportunidad distinta: observar sus resultados con cierta distancia y preguntarnos qué significan para América Latina, y, particularmente, para quienes pensamos la salud pública desde las condiciones sociales en las que transcurre la vida.
El World Inequality Report 2026 obliga a abandonar una comodidad intelectual: pensar la desigualdad como una consecuencia imperfecta, pero inevitable, del crecimiento económico. Su mensaje central es más incómodo. La desigualdad se produce y reproduce mediante instituciones, reglas fiscales, mercados laborales y relaciones de poder.
Para América Latina, esta discusión resulta especialmente urgente. La región no necesita descubrir que es desigual. Necesita preguntarse por qué, después de décadas de crecimiento, reformas y políticas sociales, la concentración continúa definiendo quién puede vivir con seguridad y quién permanece expuesto.
Los números globales son difíciles de ignorar. El 10% más rico recibe el 53% del ingreso mundial y posee el 75% de la riqueza. La mitad más pobre recibe apenas el 8% del ingreso y controla solamente el 2% de la riqueza.
América Latina y la persistencia de la distancia
Para América Latina, el problema adquiere una intensidad particular. El informe estima que el 1% superior recibe alrededor del 20% del ingreso regional. Si añadimos el siguiente 9%, el 10% más rico concentra aproximadamente el 57%. En Europa, la proporción equivalente es cercana al 36%.
Esta comparación dice más que cualquier descripción abstracta. Significa que nuestras sociedades distribuyen de manera profundamente distinta los frutos de la actividad económica. También significa que crecer y distribuir son procesos relacionados, pero no equivalentes.
América Latina ha demostrado que las políticas públicas pueden modificar esa distribución. Desde los años noventa, las transferencias redistributivas contribuyeron a reducir las brechas. Sin embargo, el punto de partida continúa siendo extraordinariamente desigual. Antes de impuestos y transferencias, la relación entre el ingreso promedio del 10% superior y el 50% inferior alcanza 72 a 1. Después de la redistribución, cae a 50 a 1.
Es una reducción importante y, simultáneamente, una advertencia. Las transferencias pueden aliviar desigualdades que el sistema económico produce, pero tienen mayores dificultades para transformar las estructuras que las generan.
Aquí aparece una pregunta regional decisiva: ¿hasta qué punto nuestros Estados redistribuyen después de que ocurre la desigualdad, en lugar de intervenir sobre los mecanismos que continuamente vuelven a producirla?
Cuando la riqueza compra tiempo, salud y oportunidades
El informe permite además escapar de otra simplificación: reducir la desigualdad al salario. La riqueza importa porque acumular activos significa disponer de seguridad frente a una enfermedad, financiar educación, acceder a vivienda y resistir una crisis sin caer inmediatamente en pobreza. También significa transmitir ventajas entre generaciones.
En el extremo global, aproximadamente 56.000 adultos pertenecientes al 0,001% más rico poseen tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad. Su participación en la riqueza mundial aumentó desde alrededor del 3,8% en 1995 hasta casi el 6,1% en 2025. Mientras tanto, la mitad inferior permanece cerca del 2%.
No estamos observando únicamente diferencias entre personas. Estamos observando capacidades radicalmente diferentes para enfrentar la vida.
Esto resulta particularmente importante para quienes pensamos la salud pública y la epidemiología. La posibilidad de alimentarse adecuadamente, habitar una vivienda segura, estudiar, descansar, disponer de tiempo para cuidar o recibir atención sanitaria no comienza en el consultorio. Comienza mucho antes, en la distribución social de recursos y oportunidades. Desde esta perspectiva, la desigualdad económica también puede leerse como una desigual distribución de las posibilidades de producir y proteger la salud.
El mismo patrón aparece en las desigualdades de género. En América Latina, las mujeres reciben alrededor del 36% del ingreso laboral regional. Globalmente, la participación femenina prácticamente no cambió entre 1990 y 2025: pasó del 27,8% al 28,2%.
La desigualdad también tiene territorio
Hay otra dimensión especialmente relevante para nuestra región: el territorio.
Una persona no experimenta la desigualdad como un promedio nacional. La experimenta en el barrio donde vive, en el transporte disponible, en la escuela cercana, en el tiempo necesario para llegar a un hospital, en la disponibilidad de alimentos y en las oportunidades laborales de su comunidad.
El informe relaciona precisamente estas diferencias territoriales con nuevas fracturas políticas. Advierte que el acceso desigual a servicios públicos, infraestructura y oportunidades puede deteriorar la cohesión social y dificultar la construcción de acuerdos redistributivos. En América Latina, además, los conflictos de clase se superponen con divisiones regionales y con desigualdades históricas vinculadas al pasado colonial. Esta observación merece atención.
Una sociedad extremadamente desigual no solamente distribuye mal sus ingresos. Puede terminar produciendo experiencias sociales tan diferentes que sus habitantes dejan progresivamente de reconocerse como integrantes de un destino común. Entonces la desigualdad deja de ser exclusivamente económica. Se convierte en distancia social.
Quien utiliza educación privada, salud privada, transporte y seguridad privados puede desarrollar cada vez menos dependencia de los servicios colectivos. Quien carece de esas posibilidades depende de instituciones públicas que, con frecuencia, enfrentan restricciones de recursos, cobertura y capacidad de respuesta. Entre estos dos mundos todavía existe ciudadanía formal, pero disminuyen los espacios materiales compartidos.
Lo que realmente estamos decidiendo
El reporte sostiene que impuestos y transferencias pueden reducir las brechas, aunque con intensidades muy diferentes entre regiones. También muestra una paradoja preocupante: la progresividad tributaria puede debilitarse precisamente entre quienes concentran las mayores fortunas.
Para América Latina, esto desplaza necesariamente una parte de la conversación desde la pobreza hacia la distribución. Preguntar cuántas personas superaron una línea de pobreza sigue siendo indispensable. Pero ya no es suficiente.
También debemos preguntar quién captura el crecimiento, quién acumula patrimonio, quién financia al Estado, quién realiza el trabajo de cuidados, qué territorios reciben inversión pública y qué grupos disponen de mayor capacidad para influir sobre las decisiones colectivas.
La desigualdad no consiste solamente en que unos tengan más que otros. Toda sociedad presenta diferencias; el problema aparece cuando esas diferencias determinan de manera persistente quién dispone de oportunidades, tiempo, educación, protección frente al riesgo, posibilidades de cuidar su salud y capacidad para hacerse escuchar.
Casi un año después de su publicación, quizá allí reside una de las contribuciones más importantes del World Inequality Report 2026 para nuestra región.
Nos invita a dejar de contemplar la desigualdad como paisaje. América Latina conoce perfectamente ese paisaje. Lo hemos descrito y medido durante décadas. La pregunta pendiente es otra: ¿cuánta desigualdad estamos dispuestos a convertir en normalidad antes de reconocer que aquello que llamamos destino económico también está construido por decisiones colectivas?
Autor
Nutricionista por PUCE y Salubrista Público por USFQ, diploma en Políticas Públicas por FLACSO. Ha coordinado proyectos de salud reconocidos por OPS y trabajado como consultor internacional. Actualmente, es docente en PUCE, enfocado en nutrición comunitaria y salud pública.
