El año cierra con una imagen poderosa en Chile. Un presidente, un candidato electo y una candidata derrotada -con ideas y formas de pensar radicalmente diferentes- mostrando respeto hacia los resultados electorales, hacia el árbitro y entre ellos mismos. Un acto de lo más sencillo y esperable en cualquier democracia, se convirtió en un gesto revolucionario. Puede parecer una simple formalidad o una nota de color, pero no lo es. En una América Latina dividida entre discursos de odio y el ejercicio polarizado de la política, estos actos de cortesía institucional y normalidad democrática marcan la diferencia.
Un intenso ciclo electoral marcó 2025. Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras celebraron elecciones presidenciales que redefinieron de algún modo el juego político regional. A estos procesos se sumaron numerosos comicios legislativos, elecciones locales y referendos. México, por su parte, experimentó con la elección popular de jueces y magistrados, una reforma sin precedentes que pretendió democratizar el sistema de justicia, pero que -en la práctica- supuso retrocesos en las condiciones de gobernanza electoral que parecían estar ya resueltos.
En momentos donde la región experimenta procesos de erosión democrática, que se realicen elecciones que cumplan con condiciones de integridad no es una cuestión menor. De cómo sean estas elecciones depende la posibilidad de alternancia y rotación en el poder, así como también que la democracia persista, resista y sea resiliente frente a los múltiples desafíos como la violencia político-criminal, el hartazgo ciudadano, la cooptación de las instituciones electorales, la polarización afectiva y/o la radicalización ideológica.
Las urnas hablan: cuatro patrones regionales
La evaluación de las elecciones de 2025 desprende cinco patrones que trascienden las fronteras nacionales y describen algunas singularidades del proceso político actual en la región.
Primero: el voto de castigo se consolida. Desde la contundente victoria de la ultraderecha sobre la izquierda en Chile el 14 de diciembre —cuando José Antonio Kast obtuvo el 58% de los votos—, pasando por el fracaso de la consulta popular del presidente Daniel Noboa en Ecuador, hasta la estrepitosa caída del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia y el tercer lugar del oficialista Partido Libre en Honduras, el mensaje ha sido consistente: la ciudadanía castiga a quienes gobiernan, independientemente de su color político.
En Bolivia, el MAS perdió dramáticamente después de casi dos décadas de dominio. El partido de Evo Morales y Luis Arce, que en 2020 obtuvo 75 de 130 diputados, quedó reducido a apenas dos escaños en las elecciones de agosto. Por primera vez, Bolivia celebró una segunda vuelta presidencial el 19 de octubre, donde Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se impuso con el 54.5% de los votos. En Honduras, la candidata del oficialista Libre, Rixi Moncada, quedó relegada al tercer lugar, mientras el candidato conservador Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional), resultó ganador como presidente electo tras una polémica contienda política, intervencionismo de actores externos, numerosos actos de violencia política-electoral y 24 días de incertidumbre para conocer los resultados.
Noboa sufrió una derrota demoledora en la consulta popular del 16 de noviembre: el NO ganó en las cuatro preguntas propuestas, incluyendo el rechazo a autorizar bases militares extranjeras (60% votó NO) y a convocar una Asamblea Constituyente (61% votó NO). Este resultado sorprendió porque ocurrió apenas siete meses después de que ganara la elección presidencial ecuatoriana en abril con 55.6% de los votos. Las interpretaciones sobre este cambio del electorado están aún por definirse, pero sugiere que la ciudadanía no estaría dando “cheques en blanco” a los gobernantes.
Segundo: el pragmatismo desplaza a la ideología. El triunfo de Paz en Bolivia con un mensaje centrista de “capitalismo para todos”, la victoria de Noboa en Ecuador con foco exclusivo en la seguridad, y el rechazo a los oficialismos confirman que el electorado latinoamericano de 2025 está más allá de las ideologías. O, al menos, una parte de él. Los votantes no parecerían estar buscando proyectos transformadores a largo plazo, sino respuestas concretas a problemas inmediatos: inseguridad, crisis económica, corrupción.
Este fenómeno favorece a las fuerzas conservadoras. En Chile, ganó por primera vez un candidato de ultraderecha —nostálgico pinochetista— con promesas de recortes drásticos al gasto público, políticas de “orden y seguridad”, oposición al aborto y al matrimonio igualitario, e iniciativas radicales contra la delincuencia y la migración irregular. El éxito de Kast se suma a los gobiernos de derecha como el de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Santiago Peña en Paraguay y Luis Abinader en República Dominicana. Esta nueva “marea azul” configura el mapa político actual, pero lo hace con distintas tonalidades y niveles de radicalidad.
Tercero: fragmentación partidaria, gobiernos divididos y minoritarios. Salvo en Ecuador, donde la polarización entre correísmo y anticorreísmo atravesó la elección presidencial (en abril) como la consulta popular (en noviembre), en el resto de los casos el escenario político se fragmentó profundamente. En Bolivia, siete candidaturas con opciones reales de ganar compitieron en la primera vuelta. En Honduras, tres candidaturas se disputaron la presidencia, resultando una una de las diferencias competitivas más estrechas que ha vivido el país.
La alta fragmentación suele generar presidentes minoritarios con gobiernos divididos. En este año electoral, Bolivia y Ecuador se suman a Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, donde gobiernan presidentes con apoyos minoritarios en el Congreso. A diferencia de ello, en otros dos casos, hay presidentes poderosos, con gobiernos de partido unificado: México y El Salvador cuentan con mayorías calificadas en sus Legislativos que generan poderes fuertes que faciilitan la aprobación de reformas constitucionales sin negociar con la oposición.
Cuarto: el vaciamiento del centro político y la crisis de los partidos -y liderazgos- moderados. Como sostuvimos junto a María Esperanza Casullo hace ya hace algunos años, en las últimas décadas los partidos de “centro-y-algo” (centroizquierda y centroderecha) tienen bastantes dificultades para acumular votos en el centro. La política moderada parece no tener apoyo electoral en los países de América Latina. Esa pérdida de capacidad representativa del centro político ha generado un vacío que suele ser aprovechado por políticos outsiders o por nuevos partidos que dicen representar nuevas demandas y generar alternativas desde los márgenes. Este vacío alimenta las estrategias políticas orientadas a la polarización.
Quinto: crisis de credibilidad institucional. A excepción de Chile, donde dos horas después del cierre de los comicios se anunciaron resultados que fueron reconocidos inmediatamente por los contendientes, en Honduras y Ecuador los procesos electorales enfrentaron severos cuestionamientos de los actores político-partidarios que se negaron a reconocer los resultados. En Ecuador, tras la segunda vuelta de abril, Luisa González —candidata de la Revolución Ciudadana— cuestionó la transparencia del proceso. En Bolivia, las acusaciones cruzadas de irregularidades fueron constantes durante las elecciones de agosto. En Honduras, más de dos semanas después de los comicios del 30 de noviembre, el país no tenía definido el resultado a la elección presidencial.
La confianza en las instituciones electorales, piedra angular de la democracia, muestra fisuras preocupantes, que se han agravado de manera sistemática en este 2025. Varios países enfrentan crisis de gobernabilidad acompañadas por esquemas fragmentados, discursos de odio, desconfianza interpersonal e institucional y polarización extrema.
Tres aprendizajes para el futuro
Este año electoral deja aprendizajes que marcarán la política regional en los próximos años.
Primero: la violencia política-criminal condiciona la democracia. Algunas elecciones se celebraron en contextos de violencia criminal. Honduras registró seis homicidios políticos durante la campaña, cuatro de ellos contra candidatos del oficialista Partido Libre. La ONG Cristosal documentó 67 hechos de violencia política entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, incluyendo asesinatos, atentados, amenazas y acoso. Ecuador celebró su consulta popular bajo Estado de Excepción debido al “conflicto armado interno”, declarado para contrarrestar la escalada de violencia del narcotráfico y de la ausencia de control estatal del sistema penitenciario. México realiza elecciones en contextos de violencia, particularmente, a nivel local. El proyecto “Votar entre balas”, de la ONG Data Cívica y México Evalúa, ha reportado desde 2018 cómo se ha ido incrementando la violencia político-criminal en el país, siendo la de 2024 la más violenta de todo el período especialmente a nivel local.
Segundo: la influencia externa redefine la soberanía electoral. La intervención de Estados Unidos en las presidenciales hondureñas así como en las legislativas argentinas de unas semanas antes alerta sobre los problemas para la autonomía política en la región. Daniel Noboa en Ecuador buscó activamente establecer bases militares estadounidenses, propuesta rechazada por el 60% de los votantes. Este nivel de intervencionismo —apoyando explícitamente candidatos, condicionando ayuda económica, presionando sobre decisiones electorales o alertando sobre represalias sino se votaba de una determinada manera— marca un precedente peligroso que redefine las reglas del juego en la región. El actor externo pasa a convertirse en un potencial equilibrador de la competencia, generando condiciones de “cancha inclinada”.
Tercero: la polarización puede desmovilizar al electorado. Ecuador demostró que incluso en contextos de extrema polarización, la movilización no está asegurada. El voto moderado, que podría haber inclinado la balanza en la Consulta Popular, simplemente desapareció o se disolvió entre las dos opciones más polarizadas. Esto sugiere que la polarización puede llevar a la desmovilización de sectores que no se sienten representados por ninguno de los extremos, debilitando paradójicamente la participación democrática.
Democracias en riesgo
A pesar de las dificultades, los procesos electorales continúan llevándose a cabo con niveles de integridad. La alternancia se dio en varios países. La mayoría de los perdedores, incluso algunos a regañadientes, aceptaron los resultados. Esto confirma que las instituciones electorales mantienen cierta fortaleza. Sin embargo, la erosión democrática proviene de quienes son electos, no de la ausencia de elecciones. Surge de liderazgos que desafían la base pluralista de la democracia. La disputa actual supone un enfrentamiento sobre qué es la “verdadera democracia”: si aquella que prioriza derechos y contrapesos institucionales o la que concentra poder en nombre de la “voluntad popular”. Este debate atraviesa países tan diversos como Venezuela, Ecuador, El Salvador o México.
En 2025, las democracias latinoamericanas enfrentaron múltiples amenazas: baja confianza institucional, violencia persistente, cooptación de árbitros electorales, vulnerabilidad ante actores externos y gobiernos iliberales que promueven la polarización. El voto castigo fue uno de los patrones más visibles de este año, pero formó parte de un fenómeno más amplio: una volatilidad electoral extrema donde la ciudadanía rechaza a quienes gobiernan, independientemente de su color político, en busca de soluciones a problemas inmediatos.
El desafío para 2026 —cuando países como Costa Rica, Perú, Colombia o Brasil (municipales) celebren nuevas elecciones— será mantener la autonomía y profesionalización de los árbitros electorales, favorecer el pluralismo, despolarizar el espacio público, evitar -o al menos atemperar- las injerencias externas y continuar fortaleciendo los procedimientos y las instituciones democráticas, sin ceder ante discursos que prometen orden a costa de los derechos conquistados.
Autor
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora por la Universidad de Salamanca y Máster en Estudios Latinoamericanos por la misma casa de estudios. Fundadora y coordinadora de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres.
