El gobierno de Donald Trump decretó el fin del orden multilateral económico. Lo hizo, en la práctica, mediante la adopción de restricciones comerciales arbitrarias y discriminatorias urbi et orbi. Con este recurso ha logrado la concertación de acuerdos precarios con distintos países mientras continúa difundiendo mensajes extorsivos.
Jamieson Greer, que ocupa el cargo de representante comercial de Estados Unidos, reivindicó, en una nota publicada por el New York Times el pasado 7 de agosto, la pretensión de su gobierno para erigirse en el árbitro supremo de las relaciones económicas internacionales empleando expresiones como la siguiente: “En lugar del prolongado proceso de resolución de disputas que favorece la vieja guardia de burócratas comerciales, el nuevo enfoque estadounidense consiste en supervisar de cerca la implementación de los acuerdos y, si fuera necesario, reimponer rápidamente un arancel más alto por incumplimiento…”
Acerca de la viabilidad de semejante postura, conviene advertir, en primer lugar, que, por una razón sistémica, la imposición norteamericana difícilmente pueda prosperar a mediano plazo. En segundo lugar, los países en desarrollo deberían adoptar posiciones afines a sus intereses estructurales previendo una etapa —plagada de dificultades— durante la cual se procurará reconstituir el sistema económico internacional sobre nuevos fundamentos.
¿Por qué se desmorona el actual multilateralismo económico?
Desde la segunda posguerra, en la medida que el sistema capitalista fue adquiriendo una trama de mayor densidad y extensión, flaquearon las disciplinas multilaterales, y en esas instancias los países más desarrollados impusieron el peso de su poder a través de medidas unilaterales y convenios discriminatorios y restrictivos.
Fueron períodos de transición que las sucesivas rondas de negociaciones multilaterales del GATT tendieron a superar una y otra vez reajustando las reglas a fin de asegurar su viabilidad. Así debe interpretarse la reforma introducida por la Ronda Uruguay (1986-1993) al instituir la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero esta diversificación de las materias negociadas en el ámbito multilateral, pese a las expectativas iniciales, ya es inoperante.
Un rasgo definitorio de la etapa de transición en curso es la eclosión de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que, al motorizar procesos inéditos de acumulación, reproducción y concentración del capital, han empoderado a corporaciones transnacionales cuya relación con los Estados nacionales anfitriones se caracteriza tanto por su interdependencia como por su conflictividad, manifiesta o larvada, según las circunstancias, y con decisiva incidencia geopolítica debido a que las TIC incluyen sistemas y dispositivos de uso dual (comercial y militar).
En el escenario indicado, las reglas multilaterales disponibles no alcanzan a limitar las estrategias agresivas de corporaciones transnacionales en el sector de las TIC. Afloran entonces las atribuciones políticas para fijar regulaciones unilaterales en nombre de principios o valores tales como la libertad de expresión, la protección de datos personales, la defensa de la competencia y, en definitiva, la seguridad nacional.
¿Por qué se necesita recomponer el orden multilateral económico?
La multiplicación y aceleración de flujos económicos y financieros mediante las herramientas aportadas por las mismas TIC agudizaron los desequilibrios derivados de la condición asumida por Estados Unidos como “locomotora” del sistema económico internacional, empezando por su cuantioso endeudamiento. Este carácter ambivalente resulta de su condición como proveedor de la moneda de intercambio y reserva de mayor prevalencia mundial, esto es, el señoreaje.
Uno de los mentores de la política económica internacional para el segundo mandato de Trump ha sido Stephen Miran, quien, a través de un documento difundido en noviembre de 2024 (A Users’s Guide to Restructuring the Global Trading System), recomendó incrementar los aranceles a la importación valiéndose del señoreaje como arma disuasiva. Este influyente asesor escribió: “Cuando el país de reserva es grande en comparación con el resto del mundo, no se le imponen externalidades significativas debido a su condición de reserva”. Más aún: “…si el activo de reserva es el elemento vital del comercio mundial y de los sistemas financieros, esto significa que quien controle el activo de reserva y la moneda puede ejercer cierto nivel de control sobre las transacciones comerciales y financieras”.
Pero para conservar el señoreaje, la manipulación de las transacciones comerciales y financieras no puede ser infinita. Enfrascado en la contienda geopolítica con China por la conquista de los mismos mercados a través del comercio y las inversiones mediante los aportes tangibles e intangibles de las TIC, Estados Unidos podrá preservar el señoreaje solo si logra imponerse sobre el adversario aceptando determinadas reglas.
Así, tanto las maniobras de política económica de carácter discriminatorio y restrictivo como las prácticas corporativas de captación y manipulación de voluntades y mercados tienen un límite para todos los contendientes: si arrasaran con los recursos de poblaciones y territorios conquistados, estarían cavando su propia fosa. He aquí la necesidad de recomponer un orden multilateral y así deslindar los campos de batalla.
Acusaciones al Brasil: un tiro por elevación contra el mundo en desarrollo
Entre las cuestiones más sensibles para países periféricos como son los latinoamericanos y que se agudizarían al prolongarse la orfandad multilateral, merecen citarse las expuestas por la “investigación” iniciada el 15 de julio de este año por la Oficina del Representante Comercial (USTR) de Estados Unidos contra Brasil bajo la leonina Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Bajo este régimen violatorio de las reglas de la OMC —según lo recordó la pronta respuesta del gobierno brasileño—, se han formulado impugnaciones insostenibles pero de graves consecuencias en ausencia de un paraguas multilateral adecuado. Entre ellas resalta el desconocimiento de acuerdos de integración económica celebrados por países en desarrollo y, adicionalmente, del trato especial y diferenciado.
El desconocimiento de acuerdos de integración y del trato especial y diferenciado pueden tener graves consecuencias
El gobierno norteamericano manifiesta que constituyen una muestra de deslealtad comercial las preferencias arancelarias no extensivas intercambiadas por Brasil en acuerdos con terceros países —en particular México e India— abarcando bienes cuya producción en los países signatarios alcanzaría estándares de competitividad internacional.
Todos los Estados miembros de la OMC están amparados multilateralmente para concertar compromisos de integración económica. Adicionalmente los países en desarrollo lograron aquilatar al cabo de la Ronda Tokio un reconocimiento significativo: la “cláusula de habilitación”. Se trata del derecho de dichos países a concertar entre sí preferencias comerciales no extensivas, esto es, fuera del alcance del principio de la nación más favorecida. Dicho reconocimiento multilateral no admite vetos o cuestionamientos de terceros países. Estas objeciones solo se justifican bajo los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) que utilizan los países desarrollados para suspender preferencias unilaterales y discrecionales otorgadas a países en desarrollo sobre producciones inicialmente no competitivas (“cláusula de graduación”).
La pretensión de reinstalar una especie de cláusula de graduación vulnera un derecho adquirido por los países en desarrollo y, en ese sentido, al erigirse como árbitro de desempeños competitivos circunscriptos a determinados sectores productivos, desconoce la existencia de disparidades e insuficiencias básicas.
Así, el cuestionamiento de los compromisos adquiridos por nuestros países para hacer valer las pocas exportaciones tradicionales que cuentan con ventajas competitivas apuesta, una vez más, por la perpetuación de dichas carencias estructurales.
Este despropósito solo podrá superarse reafirmando las disciplinas multilaterales que consagran el reconocimiento de la integración económica y del trato especial y diferenciado para el mundo en desarrollo.
