La Huelga Inquilinaria de 1925 fue la primera gran crisis social del siglo XX en Panamá. Esta huelga se originó debido al hacinamiento, la precariedad y la falta de alternativas de vivienda que sufrían miles de extrabajadores del Canal en las ciudades terminales de la Ruta Transístmica. A esta volátil situación se le sumó el aumento desmesurado de los alquileres por parte de los casatenientes. El estremecimiento causado por esta crisis fue tal que llevó al gobierno a solicitar la intervención militar de las tropas estadounidenses acantonadas en la antigua Zona del Canal con el fin de contener la revuelta.
El aumento de los alquileres fue consecuencia de la crisis económica y fiscal que vivía Panamá debido a la finalización de la construcción del Canal y al mal manejo de las finanzas públicas por parte de los gobiernos que tuvo el país durante su primer cuarto de existencia. A esta crisis local se sumó el impacto económico global de la Gran Depresión de inicios de la década de 1930. Debido a las presiones inflacionarias y a la situación de abuso por parte de los casatenientes, las tensiones sobre este tema se mantuvieron entre 1925 y 1932. Estas tensiones se reflejaron en una serie de acciones como protestas en las calles, huelgas de no pago e incluso una toma de tierras.
El barrio de Boca La Caja —como se conoció a esta primera toma de tierras de 1932— surgió de la ocupación realizada por 72 familias de pescadores en el borde costero próximo a la servidumbre de lo que sería el aeropuerto de Paitilla. Construido en 1934, este sería el primer aeropuerto de la ciudad de Panamá, fuera de la Zona del Canal, de acuerdo con lo que describe el arquitecto Álvaro Uribe en el libro Ciudad fragmentada (1989).
El temprano surgimiento de los asentamientos informales durante el siglo XX no fue una situación exclusiva de Panamá. A este barrio le antecede la ocupación por soldados desmovilizados del Morro de Providencia, en Río de Janeiro, en 1897, el asentamiento informal más antiguo de la región. Le seguirían otras tomas similares, marcando una primera expansión urbana en América Latina. Favela Rocinha, también en Río de Janeiro (finales 1920), Villa 31 en Buenos Aires (1932), Las Yaguas en La Habana (1930s) y Boca La Caja en ciudad de Panamá serían los primeros asentamientos de esta temprana oleada.
Estos asentamientos pioneros serían el precedente de la explosiva ocupación de tierras que caracterizó el crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas entre la década de 1940 y finales del siglo XX. Barrio Petare en Caracas (1940), Ciudad Nezahualcóyotl en México (1950), Villa 21-24 en Buenos Aires (1950), Ciudad Bolívar, Bogotá (1950), Victoria en Santiago de Chile (1957), Cantegril en Montevideo (1954), La Limonada en Guatemala (1958) y La Ciénaga en Santo Domingo (1958) conforman la segunda oleada de un fenómeno que se extendería con fuerza hasta finales de la década de los 90.
Estas dos primeras oleadas de asentamientos informales marcan la expansión de la vivienda autoconstruida como forma de hacer ciudad en Latinoamérica, tanto en sus aspectos narrativos como sociales y físicos. Los asentamientos informales dieron origen a una jerga muy latinoamericana que estigmatiza su condición de pobreza y precariedad. Términos como favelas en Brasil, villas miseria en Argentina, barriadas de emergencia o barriadas brujas en Panamá, cantegril en Uruguay, callampas en Chile o tugurios en Costa Rica son parte de los americanismos que dan nombre a este fenómeno.
En conjunto, todos estos casos reflejan un patrón común: profundas crisis (bélicas o económicas) expulsaron a poblaciones vulnerables —soldados desmovilizados, migrantes rurales e inmigrantes extranjeros pobres, u obreros desempleados— hacia las periferias urbanas, en números crecientes, hasta constituir una parte considerable en la formación de las ciudades latinoamericanas.
Físicamente los asentamientos informales se ubicaron en zonas periféricas y marginales de las ciudades. Cerros, áreas pantanosas, zonas industriales cercanas a puertos o ferrocarriles e incluso basureros, entre otros espacios, que permitían residir cerca de los centros de empleo pero en tierras que eran poco atractivas para el desarrollo urbano formal.
En general, de estos primeros asentamientos, pocos fueron eliminados totalmente. Algunos gobiernos optaron por la erradicación y la reubicación —caso de Cuba con Las Yaguas en 1960—. Más frecuente ha sido la regularización progresiva: dotación de servicios, reconocimiento legal de la tierra, y en algunos casos, cierto grado de integración urbana. Por ejemplo, en Villa 31 en Buenos Aires se han construido espacios públicos que buscan una mayor integración con la ciudad.
Volviendo a Boca La Caja, en Panamá, este barrio continúa siendo, en la actualidad, una comunidad de pescadores y gente de clase trabajadora. Enclavado en el borde costero —y rodeado de rascacielos y centros comerciales construidos durante lo que va del siglo XXI—, se ha convertido en un espacio apetecido por el desarrollo real estate de la ciudad. Bajo este panorama ha surgido una reciente propuesta por parte de las autoridades de planificación urbana de la ciudad para asignar, por primera vez en su historia, códigos de zonificación a este barrio.
Esta propuesta ha generado malestar en la comunidad. El origen del descontento es que la propuesta asigna un uso de suelo de viviendas individuales al conjunto de lotes que conforman este barrio. Los moradores de Boca La Caja exigen que se les asigne un uso de alta intensidad, que permite la construcción de edificios de hasta 20 pisos, ya que este tiene un mayor valor de mercado que el de la vivienda individual. Una estrategia que parece estar destinada a lograr mejores precios de venta de sus propiedades, en caso de que se vean forzados a dejar su comunidad.
Boca La Caja ejemplifica el reto de la ciudad latinoamericana, en la que ya no es viable mantener los asentamientos informales en el limbo entre el olvido institucional y la amenaza constante del desalojo. La ciudad latinoamericana necesita generar modelos innovadores para reducir la expulsión de la población hacia la periferia. La informalidad en la vivienda y el hábitat es una condición estructural que afecta a otros aspectos económicos y sociales de la ciudad, como el trabajo informal, el desempleo, la delincuencia, el malestar social, la salubridad y el bienestar en general, por lo que urge atenderla si no queremos precipitar el colapso urbano.
En 1996, el informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre asentamientos humanos señalaba: “La pobreza urbana bien puede constituir el problema político y económico más explosivo de la región en el próximo siglo. Entre 1970 y 1990, el porcentaje de la población urbana en estado de pobreza absoluta subió de 29 % a 39 %”. Treinta y cinco años después, estas cifras no han hecho más que agravarse. Según el PNUD para 2022, “el 72% de las personas que viven en áreas urbanas son pobres”.
Los más de 120 millones de habitantes en la región que aún viven en la precariedad de estos asentamientos son un claro indicador de lo poco que se ha hecho en los últimos 100 años para dar respuesta a uno de los problemas fundamentales de la ciudad latinoamericana: brindar calidad de vida, oportunidades y dignidad a sus habitantes.
Autor
Geógrafo e historiador por la Universidad de Panamá. Investigador asociado en el Observatorio de Riesgo Urbano de Florida State University. Máster en Tecnologías de la Información Geográfica por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
