Bolivia vive una crisis social causada por el poder legislativo que no se pone de acuerdo en la elaboración de una ley de convocatoria para las elecciones de los máximos representantes del poder judicial. Uno de sus órganos, el Tribunal Constitucional Plurinacional, anuló el 29 de septiembre la reelección indefinida e inhabilitó a Evo Morales para las elecciones del próximo año 2025. Esto ha ocasionado la furia del expresidente y hoy opositor Morales, quien ha ordenado a sus seguidores bloquear caminos en varios puntos clave del país. Hoy el país está semiparalizado.

Las elecciones de magistrados del poder judicial por voto popular son una completa extravagancia en el contexto de los sistemas de justicia latinoamericano y mundial. Este método se insertó en la nueva Constitución boliviana sancionada en 2009. La idea era evitar que los partidos políticos, en el congreso, se repartan los altos cargos del poder judicial.

Sin embargo, la vacuna resultó más peligrosa que el virus. El Movimiento al Socialismo (MAS), con su amplia mayoría en el Congreso, definió a los candidatos a magistrados, en su mayoría afines a este partido, lo que facilitó su control por parte del poder ejecutivo. La muestra más diáfana de este sometimiento fue la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en 2017 habilitó a Morales para un cuarto mandato continuo, bajo el argumento risible que protegía los derechos humanos del entonces presidente de Bolivia.

A lo largo de más de 15 años del gobierno del MAS, el poder judicial se ha convertido en un engranaje más del poder ejecutivo, que ha utilizado la justicia para detener la trayectoria política de sus opositores. Evo Morales, sin ningún miramiento, promovió el acoso judicial de numerosos políticos que, o bien optaron por salir de la vida política, o se convirtieron en militantes del MAS.

Como en política la paradoja suele ser la norma y no la excepción, Morales, con la última sentencia del TCP que lo inhabilita como candidato para los comicios, pasó de ser el verdugo que activa la pesada guillotina judicial sobre el cuello de sus enemigos, para ser una víctima de esta misma maquinaria que él se encargó de aceitar y pulir.  

Con estos antecedentes, se puede comprender la urgencia que tiene Morales para la realización de las elecciones judiciales en el plazo más breve posible ya que mantiene la esperanza de que los nuevos candidatos a magistrados, apadrinados por él, ganen en las elecciones judiciales y nuevamente habiliten a Morales a un cuarto mandato. Solo de este modo se puede entender el súbito cambio de postura del líder cocalero respecto de la justicia: ahora la desea independiente cuando antes la quería sumisa y corrupta.

Morales se ha jugado el todo por el todo y hasta el momento su medida de bloqueo de caminos permanece. Ya son más de 10 días de vigencia de esta medida, con 36 puntos de bloqueo claves para la transitabilidad de los caminos. Las empresas de transporte de pasajeros han dejado de emitir boletos y esta medida ya ha ocasionado dos muertos y 11 heridos, la mayoría de ellos de la policía.

Ante esta emergencia, el gobierno solo ha atinado a movilizar tropas policiales para intentar levantar los bloqueos con poco éxito. Los movilizados no solo atacan con piedras a policías, choferes y viajeros, sino que utilizan dinamita. Desde el espacio institucional, el vicepresidente David Choquehuanca, como máximo ejecutivo del poder legislativo, ha llamado a reuniones para consensuar la convocatoria a elecciones judiciales. Empero, esta medida no ha hecho que los bloqueos disminuyan sino que, al contrario, ha envalentonado aún más a los miembros del ala del MAS afín a Morales.

Los bloqueos son una acción colectiva relativamente nueva en Bolivia. Hasta 1985 la forma de protesta era el paro de actividades, una clásica medida de clase, recomendada ardientemente por Karl Marx y obedecida al pie de la letra por la Central Obrera Boliviana, el actor central de la política entre 1952 y 1985.  

Una vez derrotado el movimiento obrero, que ya no tenía la fuerza para presionar al gobierno con huelgas, el mecanismo que se urdió para presionar sobre el poder ejecutivo fue el bloqueo de caminos, un repertorio de acción colectiva que tiene como actores determinantes a los movimientos campesinos.

Fueron los  bloqueos de calles y caminos lo que derribaron a dos presidentes elegidos constitucionalmente: Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos Mesa en 2005. El presidente Luis Arce tiene razones para preocuparse.