El tráfico de fauna se ha consolidado como una red del crimen organizado transnacional que explota vacíos legales, exigiendo cooperación y protección más allá de las fronteras.
La expansión de redes criminales transnacionales revela fallas estructurales del Estado y la consolidación de una gobernanza ilícita que desafía la seguridad regional.
Ecuador ha dejado de ser un actor marginal para integrarse de lleno, y tardíamente, a las dinámicas del crimen organizado transnacional, en un contexto de profundas debilidades estatales.
La violencia que siguió a los hechos recientes en Jalisco no habla solo de una organización criminal, sino de la capacidad —y los límites— del Estado para administrar los vacíos de poder.
El uso creciente de drones por el crimen organizado está trasladando la disputa por el control territorial al espacio aéreo de baja altitud, desafiando la capacidad de respuesta de los Estados.
La extorsión criminal se infiltra en escuelas, templos y espacios deportivos ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y frenar su expansión.
