Chile: de la Protesta Social a la Crisis Sanitaria

La irrupción del COVID-19 ha significado desafíos muy similares para todos los países del mundo. Sin embargo, el contexto político en el que el virus llegó a Chile es bastante sui generis. Desde mediados de octubre de 2019 el país experimentó una ola de protestas nacionales en rechazo no sólo a las desigualdades socioeconómicas y socioestructurales sino también a una arquitectura institucional rígida, que entorpece la adopción de reformas. En respuesta, los principales partidos políticos acordaron mantener un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie acerca de la idea de redactar una nueva Constitución.   

El estallido social de octubre no fue más que la manifestación ostensible de un marcado deterioro de la legitimidad y de crecientes desafíos para la representación democrática.  La identificación partidaria, la confianza en las instituciones y la valoración de los principales actores políticos venían en picada, al igual que los niveles de apoyo a la gestión del Presidente Sebastián Piñera.  He aquí el principal desafío de Chile: la peor emergencia sanitaria de la historia moderna irrumpe en medio de protestas y una profunda crisis de legitimidad.  Sorprendentemente, la ciudadanía chilena acató, de manera casi inmediata, los llamados a la desmovilización en aras de respetar el distanciamiento social y aceptó sin mayores contratiempos que el plebiscito programado para el 26 de abril de 2020 se re-agendara para el 25 de octubre de 2020.  

Como ocurrió en otros países, desde el punto de vista sanitario, el gobierno procuró tempranamente evitar la llegada del virus al territorio nacional, adoptando controles de salud al ingreso al país, orientados a identificar posibles portadores provenientes del extranjero, con el propósito de testearlos, aislarlos y tratarlos. Sucesivamente se fueron implementando medidas adicionales, tales como el cierre de fronteras, la suspensión y prohibición de las actividades masivas, el cierre de centros comerciales, la interrupción de clases presenciales y la adopción de cuarentenas, entre otras.  En paralelo, el gobierno buscó evitar un colapso del sistema sanitario.  Así, se adelantó la campaña de vacunación contra la influenza, se testeó de manera cada vez más extensiva, se expandió el número de camas críticas disponibles y se incrementó la disponibilidad de respiradores mecánicos.  Desde el punto de vista económico, muy tempranamente el gobierno introdujo medidas para evitar la pérdida de empleos, promover la liquidez de las empresas y apoyar a los trabajadores formales, que se fueron ampliando progresivamente.  

A pesar de que muchas de las medidas adoptadas dieron sus frutos, el gobierno tomó dos decisiones que fueron profundamente criticadas y que, para algunos, han comprometido el éxito de sus respuestas al COVID-19

A pesar de que muchas de las medidas adoptadas dieron sus frutos, el gobierno tomó dos decisiones que fueron profundamente criticadas y que, para algunos, han comprometido el éxito de sus respuestas al COVID-19.  En primer lugar, el 19 de abril, el Presidente Piñera anunció el “Plan Retorno Seguro”, aduciendo que, si se tomaban los resguardos necesarios, sería posible alcanzar una “nueva normalidad”.  Con un total de 10.507 casos confirmados y 139 fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud, al gobierno le pareció prudente comenzar a planificar el retorno a las actividades presenciales.  En este contexto, se anunció la incorporación gradual de los funcionarios públicos, trabajadores del sector privado y estudiantes.  Para muchos, el “Plan Retorno Seguro” y su comunicación a la ciudadanía provocó un relajamiento prematuro de las medidas de distanciamientos social, lo que produjo un notable incremento de los contagios.  Ante las críticas, la vocera de gobierno le dijo al Diario La Tercera que no era posible descartar si los anuncios de gobierno produjeron tal aumento.  Como sea, al 2 de junio el Ministerio de Salud registraba 108.686 contagios y 1.188 fallecimientos, lo que ubica a Chile como el país con mayor cantidad de casos registrados por millón de habitante de América Latina.

En segundo lugar, la adopción tardía, y probablemente insuficiente, de políticas para mitigar los efectos económicos del COVID-19 dirigidas a las familias e individuos, sobre todos aquellos en situación de vulnerabilidad, también ha sido cuestionada.  Si bien tempranamente se pusieron en marcha diversas medidas para proteger el empleo formal y apoyar a las empresas, para los 2.4 millones de trabajadores informales la ayuda llegó tarde y para los 1.9 millones trabajadores por cuenta propia aún no llega. En las comunas más pobres algunas personas se han visto en la disyuntiva de elegir entre respetar el aislamiento social o generar ingresos para sostener a sus familias. Estos trabajadores en general no son elegibles para los beneficios a los que sí pueden optar los trabajadores formales, como los seguros de desempleo, con lo cual han experimentado enormes limitaciones para cubrir sus necesidades básicas durante esta emergencia.

El desenlace de esta crisis aún no está sellado y todo indica que dependerá de dos principales factores.  Primero, el sistema sanitario chileno viene trabajando al límite de sus capacidades desde hace semanas.  Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, al 2 de junio se encuentran ocupadas el 88% de las camas críticas a nivel nacional y el 98% de las de la Región Metropolitana de Santiago.  Segundo, los sectores más vulnerables han recibido ayuda tardía e insuficiente. Esto ha provocado que en algunas comunas se hayan registrado protestas esporádicas por falta de alimentos e ingresos.  Como resultado, si se produce un colapso del sistema sanitario y los ingresos y bienes de primera necesidad para los sectores vulnerables siguen siendo insuficientes, el precario equilibrio político en el que se encuentra Chile podría verse amenazado. 

Foto de patrickcoe en Foter.com / CC BY