Las noticias sobre la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano se centraron en Nicolás Maduro, cuya acusación y detención ya aparecían como un desenlace previsible. Sin embargo, la detención de su esposa, Cilia Flores, acusada de manera individual, como responsable directa y con agencia propia, introdujo un elemento distintivo en el operativo. El rol de la primera dama suele presentarse como una función meramente simbólica. No obstante, la historia política latinoamericana muestra que ese espacio ha sido, en muchos casos, un terreno clave para la acumulación de poder. Desde el antecedente emblemático de Eva Perón, cuya gravitación dio lugar a una dinámica inédita de liderazgo dual junto al presidente argentino, la figura, y a menudo la personalidad, de la primera dama, ha sabido reinventarse y adaptarse en distintos contextos tanto democráticos como dictatoriales.
Hoy, las primeras damas continúan desempeñando diversos papeles en los gobiernos. Algunas se limitan a tareas protocolares; otras asumen un perfil social; y no pocas participan activamente en la promoción de políticas públicas alineadas con la agenda oficial, construyendo influencia y capital político propios. Varias de ellas han optado luego por postularse a cargos de elección popular, incluso llegando a ocupar la presidencia, como ocurrió en Argentina y Honduras.

Cilia Flores encaja plenamente en este grupo de primeras damas influyentes caracterizado por un liderazgo dual. Ella contaba con una sólida experiencia política previa; es decir, su protagonismo no comenzó con la llegada de su esposo al poder. Abogada y dirigente histórica del chavismo, Flores ocupó cargos centrales en el Estado venezolano: fue diputada de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, procuradora general de la República entre 2012 y 2013 y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. También fue la encargada de tomar juramento a Hugo Chávez como presidente. Diversos analistas sostienen que, desde esas posiciones y como primera dama, ejerció una influencia significativa sobre la administración pública y el sistema judicial, particularmente en los procesos de designación de jueces y fiscales, lo que contribuyó a consolidar las lealtades internas del chavismo y a debilitar la independencia del Poder Judicial.
Con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, Cilia adoptó el título de “primera combatiente”. La denominación no fue un detalle menor. Por un lado, reforzó el lenguaje y la épica de la revolución bolivariana; por otro, evitó el uso del término “primera dama”, ya que en ese momento la pareja no estaba formalmente casada. Al mismo tiempo, el concepto dialoga con una tradición regional de primeras damas que buscaron resignificar su rol político, como Eva Perón conocida bajo diversas denominaciones, entre ellas, “la primera trabajadora”, “eterna vigía de la Revolución”, o “escudo de Perón” o Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió ser llamada “primera ciudadana”.
El caso de Cilia Flores tampoco constituye una excepción dentro de un fenómeno regional más amplio. En América Latina, varias primeras damas han sido investigadas o procesadas judicialmente por causas de corrupción y delitos financieros en regímenes democráticos. El antecedente más reciente es el de Nadine Heredia, primera dama de Perú entre 2011 y 2016, condenada a 15 años de prisión y actualmente asilada en Brasil. A ello se suman casos en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde esposas de presidentes fueron acusadas de financiamiento ilegal de campañas, lavado de dinero o uso indebido de fondos públicos.
En 2015, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) detuvo a dos sobrinos de Flores por delitos vinculados al narcotráfico en un caso que marcó un punto de inflexión en su exposición pública. Desde entonces, ella reforzó un perfil público más bajo, con énfasis en lo tradicional y familiar, visible en su programa televisivo Con Cilia en familia, emitido por la televisión estatal. Flores ha sido objeto de sanciones por parte de varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Panamá y Colombia, que la han vinculado con la erosión de la democracia y redes de corrupción en Venezuela y lo que se tradujo en restricciones de ingreso y congelamiento de bienes para ella y para integrantes de su círculo familiar.
A pesar de ese aislamiento internacional, Flores siguió desempeñando un fuerte rol institucional e influyente dentro del régimen hasta principios de 2026, cuando el 3 de enero fue detenida en Caracas, junto a Maduro, durante una operación de las fuerzas estadounidenses. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos vinculados al narcotráfico ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, lo que puso en la mira no solo su trayectoria personal sino también las estructuras de poder que representó dentro de la dictadura venezolana. Ella formaba parte de un círculo estrechamente ligado al núcleo del régimen, donde su voz y su cercanía con Nicolás Maduro moldearon durante años las dinámicas internas y las políticas públicas.
La detención de Cilia Flores vuelve a colocar en el centro de la escena un cargo institucionalmente opaco en los gobiernos presidencialistas: la figura de la primera dama, cuyo margen de acción y de corrupción se amplifican en contextos autoritarios, como también ocurrió con Lucía Hiriart de Pinochet en Chile. Pero, que también afecta a las democracias, ya que se trata de un rol sin definición legal precisa, sin controles administrativos claros ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Esa ambigüedad institucional ha permitido que, en distintos países y regímenes, esposas de presidentes acumulen influencia y capacidad de intervención al margen de las estructuras formales del Estado, lo que ha habilitado que algunas primeras damas ejerzan poder real, con alta visibilidad y gravitación política, pero sin responsabilidades institucionales. Mientras ese vacío persista, la primera dama seguirá siendo una figura tan influyente como estructuralmente controversial dentro de la administración pública.












