El estudio de la influencia china en América Latina se ha enfocado, sin ninguna duda, en las relaciones económicas y comerciales entre el gigante asiático y los países de la región. Si bien existe una cantidad considerable de estudios en torno a, por ejemplo, el poder blando de China, es menos común encontrar análisis sobre la influencia política e institucional del país en la región.
Entre los instrumentos de internacionalización política de Pekín destacan la diplomacia entre pueblos (people-to-people diplomacy), la paradiplomacia china o el compromiso multilateral del Partido Comunista Chino (PCCh) en América Latina, a través de espacios como el Foro China-CELAC y sus diversos subforos, que articulan intercambios con medios, think tanks, partidos políticos y sectores de la sociedad civil.
Esta serie de mecanismos, que en países democráticos se despliegan como vehículos de poder incisivo, adquieren una relevancia particular en su interacción con regímenes no democráticos. En Centroamérica, los casos de Nicaragua, El Salvador y Honduras —clasificados respectivamente como autocracia cerrada, autocracia electoral y democracia electoral en zona gris por V-Dem— ilustran cómo estos vínculos pueden ser instrumentalizados en una doble dirección: por un lado, los gobiernos receptores los utilizan para reforzar prácticas de concentración de poder; por el otro, China los aprovecha para consolidar su presencia estratégica en el istmo.
En este sentido, la cooperación entre China y estos países no debe entenderse solo como un intercambio de recursos o inversiones, sino como un entramado más amplio de interacciones institucionales, tecnológicas e ideacionales que, en determinados contextos, puede contribuir a la reproducción de dinámicas autoritarias, como señala el informe Autoritarismo con características chinas del centro Expediente Abierto.
Intercambios entre pueblos: socialización de élites y transferencia de prácticas
Los intercambios entre pueblos constituyen uno de los instrumentos más visibles —y a la vez más subestimados— de la proyección internacional china. En apariencia, estos mecanismos buscan fomentar el entendimiento entre sociedades. No obstante, forman parte integral de la política exterior del PCCh y operan bajo un fuerte control estatal, articulando redes de influencia que conectan a actores extranjeros con el aparato político chino.
En América Latina, y particularmente en Centroamérica, estos intercambios han trascendido los ámbitos culturales o académicos para incluir sectores sensibles del aparato estatal. Delegaciones de policías, militares, jueces y fiscales han participado en programas de formación en China, donde se exponen a doctrinas operativas y modelos de gobernanza vinculados al control del orden público y la administración de justicia.
En el caso de Nicaragua, funcionarios de la Policía Nacional han sostenido reuniones bilaterales con el ministerio de Seguridad Pública de China y participado en programas de capacitación que incluyen entrenamiento en tácticas antidisturbios, uso de drones en operaciones policiales, investigación criminalística y protección de dignatarios. Esta cooperación también se extiende a la participación en plataformas internacionales de seguridad lideradas por China.
De manera similar, en 2024 el embajador chino Zhang Yanhui, acompañado por el recién nombrado agregado de defensa Dai Zenggang, sostuvo una reunión oficial con el ministro de Defensa de El Salvador en la que discutieron la ampliación de la cooperación en áreas clave de defensa, señalando una profundización de los vínculos militares entre los dos países. Estas interacciones trascienden el ámbito de la defensa y se extienden a los dominios jurídico y fiscal. En 2023, el presidente de la Corte Suprema, Óscar López, se reunió en Pekín con Zhang Jun, presidente del Tribunal Popular Supremo de China, donde firmaron acuerdos de cooperación judicial. Posteriormente, en 2024, el fiscal general Rodolfo Delgado se reunió con su homólogo chino para fortalecer la cooperación entre las instituciones de procuración de justicia.
Un patrón similar puede observarse en Honduras, donde la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, participó en un foro de cooperación judicial organizado por China en Quanzhou en 2023 y se reunió con el embajador chino Yu Bo en 2024 para ampliar la cooperación jurídica bilateral. Tales intercambios han facilitado la circulación de experiencias relacionadas con la digitalización judicial, la gestión criminal y la construcción del denominado “Estado de derecho”, en un contexto en el que el poder ejecutivo ha ampliado su control sobre el sistema judicial.
Dicho esto, sería inexacto asumir que estos intercambios conducen automáticamente a la adopción del modelo chino. Más bien, su relevancia radica en la gradual socialización de las élites políticas y administrativas en marcos alternativos a la democracia liberal. Como se ha señalado, estos espacios funcionan menos como plataformas de diálogo horizontal y más como mecanismos para integrar a actores extranjeros en redes de influencia dirigidas por el PCCh, donde se promueve una visión idealizada del régimen de partido único y del desarrollo sin liberalización política.
Tecnología y control: la dimensión material de la cooperación
Si los intercambios entre personas operan en el nivel de la socialización de élites, la exportación de tecnología constituye su contraparte material. En Centroamérica, esta dimensión se ha desarrollado principalmente a través del suministro de infraestructura digital, sistemas de telecomunicaciones, plataformas de vigilancia y soluciones de “ciudades inteligentes”, muchas de ellas impulsadas por empresas vinculadas al Estado chino.
En Nicaragua, el gobierno sandinista ha promovido sistemas como el SINAREM (Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias) con ayuda de China. Este tipo de arquitectura tecnológica, basada en datos centralizados y vigilancia integrada, tiene aplicaciones evidentes para el control social.
En el mismo tenor, la Biblioteca Nacional de San Salvador, construida por empresas chinas, incorpora sistemas de reconocimiento facial y servicios automatizados. Además, funcionarios salvadoreños han visitado empresas como Huawei, China Mobile y BYD en el marco de programas de capacitación en China, donde han estado expuestos a tecnologías 5G, plataformas de conectividad y soluciones de gobernanza digital. Aunque presentadas bajo el discurso de la modernización, estas herramientas amplían la capacidad del Estado para gestionar datos y monitorear espacios públicos.
Honduras se encuentra en una etapa más incipiente de la cooperación tecnológica con China, pero sigue una trayectoria similar a los otros casos. Funcionarios hondureños han participado en programas sobre “ciudades inteligentes” en China, donde han sido expuestos a sistemas de “cerebro urbano” basados en big data, sensores y vigilancia integrada. A nivel interno, el sistema nacional de emergencias 911 —que incluye reconocimiento de matrículas y miles de cámaras interconectadas— ha sido vinculado a tecnologías asociadas con Huawei y otras empresas relacionadas. Aunque se presenta como infraestructura de seguridad pública, este sistema proporciona las bases para capacidades más amplias de monitoreo.
La relevancia de la tecnología china no radica únicamente en su potencial para la represión abierta. Como sugieren análisis recientes, estas herramientas permiten formas de control más sutiles y persistentes y amplían no solo la capacidad del Estado para reprimir, sino también su capacidad para gobernar de manera preventiva.
La cooperación autoritaria como proceso relacional
Las dinámicas señaladas invitan a reconsiderar la presencia de China en Centroamérica. Más allá de infraestructura y comercio, la evidencia apunta a un marco más amplio de cooperación. Por un lado, China expande su influencia en sectores estratégicos del aparato estatal, construye redes con las élites gobernantes y promueve la adopción de estándares tecnológicos y marcos regulatorios alineados con sus intereses globales. Por el otro, los regímenes receptores obtienen acceso a recursos, tecnologías y conocimientos que pueden fortalecer sus capacidades de control, reducir su dependencia de socios occidentales y legitimar sus prácticas iliberales de gobierno.
Sin embargo, este proceso no es uniforme ni determinista, ya que su impacto depende en gran medida de las condiciones políticas internas. En Nicaragua, la cooperación con China amplifica estructuras autoritarias ya existentes; en El Salvador, se entrelaza con un proceso más gradual de autocratización, y en Honduras, genera preocupaciones principalmente vinculadas a dependencias estratégicas emergentes.
En este sentido, la cooperación autoritaria debe entenderse no como una imposición externa, sino como un proceso relacional moldeado por intereses convergentes y trayectorias políticas específicas. La pregunta clave, por tanto, no es si China está “exportando autoritarismo”, sino cómo sus mecanismos de cooperación interactúan con dinámicas domésticas que ya avanzan en esa dirección.
Autor
Investigador en el centro Expediente Abierto (www.expedienteabierto.org). Especializado en la influencia autoritaria de China y Rusia en América Latina. Autor del libro Viejas Ideas. ¿Nuevos Desafíos? Un estudio teórico sobre el ascenso del iliberalismo (Traveler, 2023).
