Guatemala es un país en el que el débil Estado ha sido capturado desde hace décadas por una alianza entre el empresariado y el crimen organizado, por una parte, y la clase política configurada tanto por diputados como por miembros del Ejecutivo, por otra, en una clara interconexión. Esta situación se ha exacerbado durante la pandemia de la COVID-19 al decretarse estados de sitio en zonas ocupadas por empresas mineras para perseguir líderes comunitarios y en áreas de conflictividad social.
En este sentido, pueden citarse varias situaciones acerca de la persecución del gobierno del presidente Alejandro Giammattei a actores de la rama judicial que tienen como misión algunas labores relacionadas con actos de corrupción o de protección de violaciones de derechos humanos, así como sobre la consolidación de la impunidad con la que el Gobierno arropa los desmanes medioambientales de los que son beneficiarios empresas mineras transnacionales en connivencia con la élite nacional.
En el primer ámbito, el desmantelamiento de oficiales del Poder Judicial incómodos y que han mantenido una actitud independiente ha sido una nota dominante en los últimos tiempos. Así, Juan Francisco Sandoval Alfaro, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que ya estaba siendo perseguido por el aparato estatal desde el gobierno del presidente anterior, Jimmy Morales, al destapar el caso de la Alfombra ―que llevaron empresarios mineros rusos a la casa presidencial y en la que había fajos de billetes de miles de dólares―, activó el detonante para su partida al exilio, primero a El Salvador y luego a Estados Unidos.
En la misma dirección, el 9 de marzo la magistrada Erika Aifán siguió la misma ruta que Sandoval Alfaro, integrando, así, una lista de 15 operadores de justicia que han dejado recientemente el país. Aifán abandonaba una carrera judicial de casi veinte años en la que había abordado casos por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico a decenas de los empresarios, políticos o capos criminales más poderosos de su país hasta llegar al propio presidente Giammattei.
Como último jalón, hasta el momento, de este sombrío escenario y en una dirección similar, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el 22 de marzo al juez anticorrupción Pablo Xitumul, conocido por su combate contra la corrupción y el manejo de casos en los que se encontraban involucrados altos cargos de las Fuerzas Armadas.
En el segundo ámbito, en octubre de 2021, fuerzas policiales y del Ejército entraron en un par de comunidades de El Estor, un pueblo cerca de la costa caribeña, usando como escudo legal el decreto de estado de sitio establecido para ese municipio en el contexto de la pandemia.
Entonces, una familia de activistas comunitarios en defensa del medio ambiente, perseguidos por el Estado y por la minera, fue retenida por las fuerzas policiales que secuestraron computadoras y material resguardado en una radio católica/comunitaria.
Como muchas otras, se trató de personas sumamente expuestas y sin ningún tipo de apoyo o protección por su lucha contra la empresa suizo-rusa Solway, propietaria de una mina de níquel a cielo abierto. Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, ubicados en el occidente del país, son también áreas conflictivas que además están tomadas por el crimen organizado.
Este escenario, que en definitiva tuvo sus prolegómenos más recientes cuando la exfiscal general Thelma Aldana fue bloqueada en su carrera presidencial con el Movimiento Semilla y que tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 2019, está, por otra parte, acorde con el desempeño del país en otros indicadores. Así, el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann para 2022 ubica a Guatemala como el cuarto peor país en desempeño en la región superando únicamente a Nicaragua, Cuba y Venezuela, algo que ya señaló el índice de The Economist Intelligence Unit para 2021.
Ambas mediciones confirman la situación arriba indicada y que también está en línea con el puesto 150 que ocupa el país de un total de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción que lleva a cabo Transparencia Internacional. El informe subraya que el caso pocas veces citado de Guatemala, cuyo nivel de ingresos de las remesas de sus emigrantes lo coloca en segundo lugar de toda América Latina tras México (11.000 millones de dólares), sitúa al país en la cola del desempeño político latinoamericano. Su carácter de Estado semifallido se combina con un alto deterioro de su institucionalidad democrática que lo lleva al borde del autoritarismo.
El pasado 24 de marzo, António Guterres, secretario general de la ONU, mostró ―al albur de la persecución que desde el Estado están sufriendo fiscales y jueces― su preocupación por este problema y señaló la importante contribución que los funcionarios judiciales guatemaltecos han tenido en el combate contra la impunidad y la corrupción, una tarea que durante años se vio apoyada por el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), desmantelada, sin embargo, con oprobio en septiembre de 2019.
Autor
Director de CIEPS - Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP-Panama. Profesor Emerito en la Universidad de Salamanca y UPB (Medellín). Últimos libros (2020): "El oficio de político" (Tecnos Madrid) y en co-edición "Dilemas de la representación democrática" (Tirant lo Blanch, Colombia).
