En las elecciones presidenciales brasileñas de este año, las campañas se están dirigiendo con mayor intensidad hacia las mujeres, atribuyéndoles un papel central en sus estrategias electorales. Al mismo tiempo, ellas continúan estando infrarrepresentadas en el poder político. Como demuestran las investigaciones sobre género y política, las mujeres constituyen la mayoría del electorado brasileño, pero siguen siendo minoría en los Parlamentos, en las direcciones de los partidos, en los gobiernos y en las principales instituciones del Estado.
Esta discrepancia tiene una relevancia particular en un país como Brasil, donde la desigualdad de género se cruza con la desigualdad económica y racial. Las mujeres, sobre todo las mujeres negras y pobres, son quienes más sufren violencia doméstica, quienes tienen menor acceso a la justicia y quienes continúan ganando menos por el mismo trabajo. Instrumentalizar esta cuestión únicamente con fines electorales, sin acompañarla de una política pública consistente, tiene un coste social muy alto.
No es de hoy que las cuestiones de género ocupan un papel central en la opinión pública. La campaña electoral de Dilma Rousseff, en 2010, estuvo marcada por la instrumentalización del aborto; Jair Bolsonaro instrumentalizó y se benefició de falsos rumores relacionados con cuestiones de género y sexualidad. Desde entonces, la «ideología de género» pasó a formar parte del vocabulario político de una parte significativa de la extrema derecha brasileña.
La novedad está en la forma en que las mujeres han pasado a ser movilizadas en 2026. Si durante años el género fue sobre todo un instrumento de polarización moral, lo que se observa ahora es su explicitación y simultaneidad: los dos bandos, ideológicamente opuestos, construyen al mismo tiempo planes y portavoces femeninas, impulsados por encuestas en tiempo real. Este cambio no es resultado de una conversión de los partidos a la agenda de la igualdad, sino de la percepción, reforzada por las encuestas, de que el voto femenino puede ser decisivo en unas elecciones altamente polarizadas.
Los datos
A pesar de contar con cuotas de candidaturas y una reserva proporcional de recursos del Fondo Electoral, el país continúa entre aquellos con menor representación parlamentaria femenina del mundo, según los datos más recientes de la Unión Interparlamentaria, en la 138.ª posición entre unos 180 parlamentos, con un 17,2 % de mujeres en la Cámara de Diputados y un 18,5 % en el Senado. Un estudio reciente de Clara Araújo y Eduardo Ramos, publicado este año en la revista Dados, ayuda a explicar por qué: al analizar toda la composición de las direcciones ejecutivas de los partidos brasileños entre 2018 y 2022, los autores muestran que las mujeres ocupaban apenas el 20 % de estos órganos nacionales en 2018, cifra que aumentó hasta el 22 % en 2022; en las ejecutivas estatales, el porcentaje pasó del 25 % al 30 %. Cabe señalar, sin embargo, que la presencia de mujeres en estos cargos de decisión tuvo un efecto positivo sobre la financiación y el lanzamiento de candidaturas femeninas, aunque estadísticamente modesto, y que la existencia formal de secretarías de mujeres dentro de las ejecutivas, concebidas para funcionar como canal de presión interna, no tuvo un impacto significativo en ninguno de los años analizados.
Lo que realmente diferencia a los partidos, según el estudio, es la ideología, y este es el punto central. Los partidos de izquierda presentaron, en promedio, un 5,5 % más de candidaturas femeninas que los de centro en 2022 y destinaron entre un 6 % y un 9 % más de financiación a las candidatas. Los de derecha, también los menos institucionalizados —con un 81 % de los directorios estatales «provisionales» en 2022, frente al 21 % entre los de izquierda—, mostraron una asociación negativa y estadísticamente significativa con la presentación de candidaturas femeninas, pero no tuvieron un efecto significativo sobre la financiación.
La ciencia política ha demostrado que hombres y mujeres participan en redes de capital social diferentes, y son las redes masculinas, orientadas hacia la esfera pública, las que funcionan como capital político convertible en candidaturas. Además, existen elevados niveles de violencia política de género en el país, y las amenazas de muerte forman parte de la vida cotidiana de las pocas mujeres que consiguen acceder al poder. El asesinato de la concejala Marielle Franco, el 14 de marzo de 2018, se convirtió en una de las expresiones más brutales y emblemáticas de esta violencia.
Disputadas en las urnas, excluidas del poder: esta es la distancia que define una de las principales características de las elecciones de 2026. Sin embargo, la pregunta más relevante para el futuro del país no es si las campañas han empezado a hablar más a las mujeres, sino si esta centralidad electoral producirá cambios concretos en la distribución del poder y, en consecuencia, en la vida y los derechos de las mujeres. Entre los dos principales candidatos, Lula y Flávio, las posibles respuestas parten de lugares muy diferentes.
Una cuestión ideológica
En el campo de la extrema derecha, el creciente protagonismo de Michelle Bolsonaro no representa una revisión de la tradición política del bolsonarismo, sino que responde a las dificultades de los candidatos del Partido Liberal (PL) entre el electorado femenino, identificadas de forma consistente por sucesivas encuestas desde 2022. Durante el gobierno de Bolsonaro, la igualdad de género nunca constituyó una prioridad estructural de la acción gubernamental; por el contrario, la agenda estuvo marcada por la oposición a las políticas de diversidad y por el uso recurrente de las «guerras culturales» como instrumento de movilización. Entre 2020 y 2023, los recursos del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos destinados a combatir la violencia contra las mujeres se redujeron casi un 90 %.
La situación es diferente en el campo liderado por Lula, como demuestran la historia y los datos. Desde 2003, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) construyeron un conjunto sustancial de políticas dirigidas a las mujeres. Por mencionar algunas de las principales, están la Ley Maria da Penha y la creación de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres. Durante el actual mandato, Lula volvió a crear el Ministerio de las Mujeres en enero de 2023 y el presupuesto discrecional alcanzó cifras récord. Durante el mismo período, el Gobierno sancionó la Ley de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres (Ley 14.611/2023), firmó el Pacto Nacional para la Prevención de los Feminicidios y retomó el Programa Mujer: Vivir sin Violencia, con el objetivo de alcanzar 40 unidades de la Casa de la Mujer Brasileña para 2026. También se lanzaron convocatorias especiales para promover la participación de las mujeres en ámbitos tan diversos como la ciencia y el cine.
Este historial, sin embargo, no debe funcionar como salvoconducto. La propia Enmienda Constitucional que creó la cuota de financiación para las candidatas, promulgada en 2022, incluyó una amnistía para los partidos que habían incumplido dicha cuota en elecciones anteriores. Un segundo intento de ampliar esta amnistía, la PEC 9/23, fue aprobado por la Cámara de Diputados en julio de 2024, con el apoyo de diputados del PT. El único partido de izquierda que orientó su voto en contra fue el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). En otro ejemplo, el Gobierno de Lula optó por nombrar hombres para las vacantes abiertas en el Supremo Tribunal Federal, a pesar de la movilización de movimientos como Mulheres Negras Decidem, que recomendaban el nombramiento de la primera mujer negra en la historia del tribunal.
Aunque la izquierda ha incorporado más medidas concretas para que la igualdad de género avance, no solo en los discursos de campaña, sino también en el presupuesto, la legislación y la vida cotidiana de las mujeres, no se la puede eximir de errores o contradicciones. Al mismo tiempo, no existe equivalencia entre los dos proyectos políticos más fuertes en disputa este año. Las mujeres nunca habían estado tan presentes en las campañas electorales de ambos lados, pero la izquierda no debería responder a ello con retrocesos o dudas sobre la centralidad de esta agenda. Es la diferencia ideológica en la práctica histórica, y no únicamente la intensidad del discurso coyuntural de cada campaña, la que debe orientar el escrutinio de las promesas de 2026. Tenemos más que ganar que perder si abordamos de manera consistente las cuestiones que afectan a la vida de las mujeres, convocándolas a defender sus derechos y su autonomía
Autor
Doctora en Ciencia Política pelo Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Univ. del Estado de Río de Janeiro (IESP/UERJ), con estancia de investigación en la Universidad de Cambridge. Investigadora de postdoctorado en el Instituto Serrapilheira (Río de Janeiro).
