A pesar de que ha sido una preocupación mundial persistente, la falta de consenso entre los Estados ha obstaculizado los esfuerzos para abordarla efectivamente. La coordinación internacional ha enfrentado desafíos significativos por la dificultad para establecer posturas compartidas entre los países sobre este tema complejo. Solo en el 2000 se logró un acuerdo sustancial mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención de Palermo. Este acuerdo proporcionó un marco importante para guiar a los países en el abordaje del crimen organizado dentro de sus propias jurisdicciones.
A su vez, mediante compromisos multilaterales, se ha intentado facilitar acciones destinadas a monitorear, prevenir, detectar, perseguir y sancionar el crimen organizado nacional, utilizando estándares internacionales como referencia y fomentando respuestas adaptadas a las realidades nacionales. No obstante, el consenso entre los Estados no ha sido tan contundente como para abordar esta problemática desde una perspectiva amplia y coordinada que trascienda las fronteras nacionales y aborde sus múltiples dimensiones.
Ante la proliferación de las actividades delictivas, la falta de voluntad política y la limitada coordinación transnacional para abordar esta problemática contribuyen a la complejidad del crimen organizado. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, las Américas tienen una puntuación media de 43 sobre 100 en la falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones.
A menudo, los países, especialmente los latinoamericanos, enfrentan dificultades para cooperar en la investigación y el enjuiciamiento de delitos transfronterizos debido a diferencias en los marcos legales, la falta de recursos, los problemas de comunicación, la corrupción e, incluso, las diferencias políticas entre los gobiernos de turno. Esta falta de coordinación ha permitido que las organizaciones criminales operen con impunidad y aprovechen las lagunas en los sistemas de justicia penal para continuar sus actividades ilícitas.
En consecuencia, el crimen organizado ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, adaptándose a los cambios en el entorno socioeconómico y tecnológico para expandir sus operaciones y aumentar su influencia. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilícito de drogas representa un mercado global de miles de millones de dólares, que alimenta la corrupción, violencia e inseguridad. Es un hecho que la exportación de fenómenos delictivos como la trata de personas, el tráfico de armas, el ciberdelito o el fleteo desafía permanentemente los enfoques tradicionales de aplicación de la ley.
La globalización de la economía criminal
El crimen organizado contemporáneo se destaca por su transnacionalidad y su capacidad para aprovecharse de la globalización económica. Las organizaciones criminales han desarrollado redes internacionales para moverse fácilmente a través de las fronteras y aprovechar las diferencias entre los sistemas legales y financieros de diferentes países. La economía criminal es un gran negocio, representa hasta el 1,5 % del producto interno bruto mundial, con ingresos anuales que superan los 870.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo, los países latinoamericanos han reconocido la gravedad del crimen organizado en diversas declaraciones regionales multilaterales, como la Declaración de Seguridad de las Américas en 2003. En regiones mexicanas y colombianas, la ausencia estatal ha permitido que grupos del crimen organizado asuman el control sobre la población y el territorio. Además, recientemente, la delincuencia organizada transnacional ha sobresalido como un problema de seguridad internacional, lo que subraya su magnitud e impacto en la región.
¿Qué hacer para abordar este fenómeno?
Diferentes analistas coinciden en que es necesario fortalecer los mecanismos internacionales de cooperación y promover una mayor armonización de las leyes y los procedimientos legales regionales. Si bien la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y otras iniciativas internacionales proporcionan un marco jurídico para combatir el crimen organizado global, su efectividad depende en gran medida de la voluntad política y la cooperación comprometida de los Estados.
Por su parte, la seguridad ciudadana sigue preocupando a la población, especialmente en regiones donde la presencia y la influencia del crimen organizado son más pronunciadas. El Informe Global sobre Seguridad Ciudadana de la ONU indica que la violencia y la delincuencia representan una amenaza significativa para el bienestar y seguridad de los ciudadanos en muchas partes del mundo, donde causan más muertos que los conflictos armados, y es una problemática cuya complejidad radica en la necesidad de abordar no solo las manifestaciones visibles de la criminalidad sino también las causas profundas que la alimentan.
Estos desafíos ameritan promover una acción coordinada y multidimensional que involucre a todos los sectores, desde el Gobierno hasta la sociedad civil. Esto implica no solo fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden y mejorar la aplicación de la ley, sino también abordar las causas subyacentes al crimen, como la desigualdad económica, la exclusión social y la falta de oportunidades para los jóvenes. También se debe fomentar la participación ciudadana y el empoderamiento de las comunidades locales para prevenir y combatir el crimen, así como promover una cultura de legalidad y respeto por el estado de derecho. Pero no aisladamente, sino dándole la trascendencia regional que la problemática amerita.
Necesidad de mecanismos de índole regional
En un contexto marcado por la transnacionalidad del crimen organizado, resulta imperativo fortalecer los mecanismos de cooperación regional para abordar efectivamente esta amenaza. Aunque existen iniciativas regionales en América Latina —como la Organización de los Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas—, al igual que organizaciones internacionales de policía criminal con presencia en la región —como Interpol y Ameripol—, la falta de voluntad política y los intereses divergentes de los países miembros a menudo obstaculizan la implementación de estrategias comunes de seguridad. A su vez, la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley de diferentes países sigue siendo limitada, dadas las diferencias en los marcos legales y las políticas de cada nación.
Finalmente, para superar estos desafíos es necesario impulsar una mayor integración y coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado, fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información, capacitación conjunta y cooperación operativa entre los países. Tales acciones podrían incluir la integración de mecanismos regionales que les permitan a los cuerpos policiales tener la capacidad para investigar y enjuiciar delitos transnacionales, así como la armonización de los procedimientos legales y leyes en seguridad. Además de un asunto inconcluso pero determinante: promover una cultura de confianza y colaboración entre los países de la región, reconociendo que la seguridad es un bien público que debe protegerse y promoverse en beneficio de todos los ciudadanos.
Autor
Doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Investigador en la Organización de Estados Iberoramericanos OEI. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.
