Coautor Claudio Andrés Téllez Zepeda
Hace apenas tres semanas, el 8 de enero, el mundo vio con horror cómo los partidarios del presidente saliente Jair Bolsonaro irrumpieron en los edificios del Gobierno federal de Brasil. La cuarta democracia más grande del mundo fue rehén de activistas neotrumpistas y se ha denunciado que contó con la posible connivencia de secciones de las fuerzas militares y de seguridad.
Sin embargo, a pesar del paso de esta tormenta, la economía de Brasil, que está en problemas, sigue siendo la décima más grande del planeta y la más grande de América Latina y el Caribe. Como resultado, la forma en la que evolucione en el transcurso del mandato presidencial 2023-2026 tendrá ramificaciones con impactos allende las fronteras del país.
Los desafíos que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene por delante son realmente desalentadores: una tasa de interés establecida por el banco central que llega al 13,75% y una alta inflación en medio de una recesión mundial. El desempleo alcanzó un máximo del 14,1% en el primer trimestre de 2021, pero tuvo una modesta recuperación empañada por el aumento del trabajo informal y la precariedad en la economía del mismo tipo.
La proporción de jóvenes brasileños que no trabajan ni estudian se incrementó a poco menos de dos de cada diez en 2011 al 23,5%. Una década después, el número de hogares con renta per cápita inferior a 497 reales al mes (96 dólares aproximadamente) aumentó a 62,9 millones de personas en 2021. Lo más alarmante, especialmente para una potencia agroexportadora como Brasil, es que poco más de la mitad de la población se ha enfrentado a algún grado de incertidumbre alimentaria en los últimos años y, desde principios del año pasado, 33,1 millones de brasileños padecen hambre inmediata.
Efectivamente, el límite del gasto de la era de Michel Temer congeló el gasto público en términos reales por hasta veinte años desde diciembre de 2016. Sin embargo, el Congreso respondió a la derrota electoral de Bolsonaro mediante la aprobación de un incremento del límite del gasto por un año. Así, elevó el techo a 145 mil millones de reales (27,95 mil millones de dólares) y sacó de la camisa de fuerza fiscal un monto de 23 mil millones de reales (4,43 mil millones de dólares) para las inversiones públicas.
La intención era (esto estaba alineado con las promesas de campaña de Lula) permitir el mantenimiento del programa Bolsa Família (eliminado en diciembre de 2021 y reemplazado por Auxílio Brasil) y recomponer los gastos con la Farmácia Popular y la alimentación escolar, entre otros programas. Sin embargo, dado que se prevé que el gasto público se incremente, existe una necesidad urgente de crear una nueva ancla fiscal, a fin de tranquilizar a los mercados y evitar que la inflación regrese a los altos y volátiles niveles del tumultuoso pasado de Brasil.
Debido a las altas (y crecientes) tasas de interés globales y al agotamiento de la liquidez, hay mucha presión sobre la tasa de cambio. A su vez, los precios internacionales de las materias primas, excepcionalmente volátiles desde la invasión de Rusia en Ucrania en 2022, han hecho que la agroindustria brasileña (sobre todo en lo referente a las perspectivas de exportación de soja) enfrente un riesgo significativo a la baja.
Por otro lado, se espera que, con el nombramiento del economista Bernard Appy para la Secretaría Especial del Ministerio de Hacienda, el gobierno de Lula priorice la reforma tributaria. De hecho, Appy es el mentor de la propuesta actual en el Congreso, la PEC 45/2019, que comprende la sustitución de los impuestos federales y estatales por un tributo único llamado impuesto sobre bienes y servicios (IBS), similar al impuesto al valor agregado (IVA) utilizado en varios países.
Simplificar el código tributario podría conducir a grandes ganancias en cuanto a eficiencia y productividad para la economía del país. El Gobierno progresista del Partido de los Trabajadores (PT) también está estudiando la tributación de dividendos superiores a 1 millón de reales (194.600 dólares) al año y una reducción en los impuestos sobre la nómina que son pagados por las empresas. Asimismo, se podría explorar otra vía para abordar el déficit de ingresos fiscales: revisar los subsidios federales y reintroducir el código federal, el PIS y los impuestos Cofins sobre los combustibles que la administración saliente eliminó en un año electoral. El reciente ministro de Economía, Fernando Haddad, también prometió una propuesta marco para una nueva ancla fiscal con miras a abril de 2023.
La República Popular China sigue siendo el mayor socio comercial de Brasil. Sin embargo, no se puede contar con China para impulsar la economía brasileña tanto como antes. Las exportaciones mineras de Brasil (en particular, el mineral de hierro, que representó el 70% de las exportaciones mineras totales) han sufrido con la caída de la demanda desde que comenzó la desaceleración del sector inmobiliario de China por la crisis de Evergrande y los bloqueos prolongados en la búsqueda de una estrategia «COVID cero».
No obstante, China ha pivotado partiendo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que Brasil desea unirse. Después de que prestatarios como Venezuela y Ecuador no pagaron sus préstamos, Pekín busca ahora un modelo de asistencia para el desarrollo más estándar que esté centrado en la construcción de infraestructura básica y en la obtención de acuerdos petroleros de empresas estatales. Sin embargo, una economía de ingreso medio-alto como Brasil no puede ganar mucho con esto. De hecho, la dependencia excesiva de las exportaciones de productos básicos (tanto mineros como agrícolas) de una China cada vez más orientada hacia la tecnología podría impulsar una reprimarización y desindustrialización de la economía brasileña.
En cambio, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, especialmente gracias a las prioridades ambientales del presidente Lula, se alinea con las de Bruselas. En enero de 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió, asimismo, abrir discusiones para la adhesión: Brasilia debe perseguir esto de manera proactiva.
Los resultados de las elecciones de 2022 fueron celebrados en todo el mundo por parte de ambientalistas, activistas de derechos humanos y voces a favor de la democracia. Junto a Chile y a Colombia, Brasil marcó, a su vez, el comienzo de una nueva marea rosa del progresismo suramericano mediante posibles lecciones para todos nosotros. Sin embargo, así como ocurre con todas las revoluciones político-idealistas, la prueba real de su eficacia residirá en la gestión económica y en una gobernanza tangible y competente.
Lula da Silva tiene sus retos por delante y tendremos que estar atentos. ¡Por ahora, boa sorte Brasil!
Claudio Andrés Téllez Zepeda es matemático aplicado y politólogo chileno con doctorado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.
Autor
Investigador asociado en el South Asia Institute of Research and Development, (Katmandú, Nepal). Econmetrista. Consultor de análisis de riesgos, inteligencia empresarial, análisis de la cadena de valor y precios de transferencia.
