Los procesos electorales conllevan una dinámica de transferencia. Por un lado, la ciudadanía realiza permanentemente juicios de valor sobre la gestión de un gobierno o un político, mientras que los aspirantes al poder se disputan la representación mediante la cual asumen una supuesta voluntad popular que les transferimos. Ese traspaso, por medio del voto, se traduce en una mayor o menor legitimidad de los ganadores, que es empleada como justificación para imponer una agenda. Esta dinámica es clave en la conflictividad entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, o la denominada pugna de poderes.
En el balotaje, los ecuatorianos eligieron a Guillermo Lasso para dirigir el país durante los próximos cuatro años. Mientras que, en la primera vuelta, la ciudadanía eligió a los asambleístas del poder Legislativo, donde el partido del presidente electo obtuvo apenas 12 de 137 curules. En este marco, Lasso tendrá que buscar acuerdos con otras bancadas en busca de gobernabilidad y esquivar la confrontación.
De la pugna de poderes al buen gobierno
Si bien la pugna de poderes ha dejado de lado la resolución del conflicto por vías pretorianas, un fuerte conflicto entre Ejecutivo y Legislativo podría afectar seriamente la estabilidad de un gobierno, aunque no de un régimen.
En Ecuador, para la nueva administración que se inaugura en mayo de 2021, todo dependerá de tres factores. En primer lugar, la capacidad del Ejecutivo para incluir en su agenda medidas popularmente respaldadas y transversales. En segundo lugar, la cohesión de las bancadas en la Asamblea bajo una lógica de gobernabilidad y no de revanchismos. Y por último, el grado de conflictividad social que se desarrolle como producto de los dos factores anteriores.
La gobernabilidad o “buen gobierno” en el Ecuador, durante los últimos catorce años, ha dependido de un hiperpresidencialismo—predominante en la región— que prácticamente se despojaba de los controles y equilibrios (checks and balances) debido a las holgadas mayorías legislativas. Esto redujo al mínimo las posibilidades de iniciativas de agrupaciones políticas no oficialistas y en ese marco, la pugna de poderes superó a la pluralidad y consensos que debería caracterizar a un régimen democrático.
El presidencialismo per se conlleva una personificación del poder, y con ello la conflictividad política y social. Por lo tanto, las condiciones institucionales que han de procesar esos umbrales de conflicto se vuelven imprescindibles. Tomando en cuenta el aparato gubernamental cultivado durante más de una década en el Ecuador, se torna urgente que el nuevo presidente direccione la institucionalidad bajo el imperativo categórico de acuerdos y objetivos compartidos. Es decir, una participación efectiva de todas las fuerzas políticas en la toma de decisiones, para así instaurar el legítimo “buen gobierno”.
Configuraciones Ejecutivo – Legislativo
Según los resultados oficiales, la primera mayoría de la Asamblea Nacional recae en la coalición de UNES (Unión por la Esperanza), un conglomerado de organizaciones afín al proyecto político del ex presidente Rafael Correa, que obtuvo 49 de los 137 escaños. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, de izquierda, se consolidó como segunda fuerza con 26 curules, mientras que la Izquierda Democrática completa la trilogía de las listas más votadas que, en la sesión inaugural, deberán dirigir la elección de las futuras autoridades del Legislativo.
Con este panorama de fragmentación, los acuerdos son imprescindibles para el oficialismo, que apenas cuenta con 12 legisladores. Izquierda Democrática y Pachakutik por su lado, se perfilan como los llamados a establecer alianzas con el resto de legisladores para formar mayoría, si no quieren que el control recaiga en el ala correista.
Por consiguiente, el Presidente electo tendrá que ensanchar su umbral ideológico para lograr integrar las posiciones del centro-izquierda que representan la Izquierda Democrática y Pachakutik, si lo que busca es gobernabilidad y cierto margen de maniobra. Por su parte, el correismo tendrá que decidir si se atrinchera en el Legislativo —con frágiles acuerdos— o se integra a las conversaciones dejando de lado su estigma de conducta política hermética, lo cual se traduce en una gran oportunidad del Ejecutivo para sortear la pugna de poderes.
La pugna de poderes conlleva en su génesis una crisis de legitimidad. Esta disputa ha sido histórica en el Ecuador, producto de un sistema multipartidista, sumada la cultura política con tendencia a liderazgos personales y/o regionales. Todo ello en clave de un régimen presidencialista que pocas veces ha logrado instaurar una “doble legitimidad” Ejecutivo-Legislativo.
En tiempos como los que transcurren, se vuelve imperioso llegar a acuerdos y establecer objetivos comunes en busca de superar la profunda crisis que atraviesa el país. Una pugna de poderes en este contexto, además de catastrófico, sería una clara muestra de la falta de voluntad política de nuestros representantes. Esto, en un escenario de democracias fatigadas donde se requiere más que nunca de compromisos y acciones para el bienestar de la mayoría.
Foto de Asamblea Nacional del Ecuador
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Autor
Cientista político. Candidato a Doctor en C. Política por la Univ. del Salvador -USAL (Argentina). Máster en Política Comparada por FLACSO-Ecuador y en Derechos Humanos y Democratización en A. Latina por la Univ. Nacional de San Martin-UNSAM (Argentina).
