Hace exactamente un año veíamos las dramáticas escenas de cadáveres apilados en salas hospitalarias, en contenedores refrigerados, en el interior de las viviendas y en las aceras de la ciudad de Guayaquil. Estas eran las primeras imágenes de los devastadores efectos de la pandemia en el Ecuador a ojos del mundo.

El Ecuador se ha posicionado entre los países con un panorama desolador en la lucha contra el Covid-19. Con corte a inicios de marzo, el país    registra 299.216 casos confirmados y 11.403 fallecidos según cifras del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, institución que durante la emergencia sanitaria no reflejó credibilidad debido a sus contradicciones con la cruda realidad, con un sistema de salud desbordado y con las funestas consecuencias en casi todo el territorio nacional.

No obstante, el nuevo coronavirus coloca sobre el tablero una serie de antecedentes sobre los cuales reflexionar: el histórico rol del Estado, la configuración política y la desigualdad y pobreza que sistemáticamente han perdurado en este país.

La provincia del Guayas y su capital Guayaquil, una de las ciudades más importantes y densamente pobladas del país —bastión económico  por su puerto—, albergó en los primeros meses de la crisis a casi el 68% del total de casos confirmados en el país. Esto se dio no solo a causa de la demora en la implementación de medidas preventivas a partir del primer caso registrado, sino también debido a la composición social de la provincia, de la cual se desagregan dinámicas políticas y económicas particulares.

Siguiendo a Norbert Lechner en su trabajo «La política ya no es lo que fue«, la dinámica de mercado imperante en nuestras sociedades latinoamericanas da por resultado una imperiosa necesidad de eficiencia económica por parte de los Estados, soslayando a segundo —o último— plano la “integración social”. Es decir, dejar por el margen de la política pública las numerosas necesidades y desigualdades sociales, a costa del desempeño económico. Claro está, también tiene mucho que ver la voluntad política y los intereses en juego en cada coyuntura crítica.

Lo mencionado podría tener su materialización tanto en Guayaquil como en todo el Ecuador. Dada la condición económicamente privilegiada de la provincia del Guayas, como uno de los principales puertos del Pacífico, a lo largo de décadas se ha generado riqueza para sectores comerciantes y exportadores, pero a su vez ha germinado su correlato en periféricas comunidades que viven en extrema pobreza. La desigualdad económica se ha traducido en crisis de representación política, misma que ha operado en beneficio de las élites.

Aquí los servicios públicos de salud —así como de educación y vivienda— han sido abordados históricamente en disonancia con las realidades. Esto a provocado a largo plazo una precarización de esos servicios y su posterior desbordamiento frente a la pandemia del Covid-19.

Por otro lado, antes de la crisis sanitaria, las condiciones sociales de Guayaquil se presentabann como reflejo de una crisis política canalizada por la inequidad financiera. Si a futuro estas condiciones no son corregidas, la situación podría desembocar en una profundización de la crisis social y, a largo plazo, en una crisis estatal.

Desarticulación entre la región y el Estado

Como coda histórica, Guayaquil ha intentado independizarse del Ecuador debido a su condición de puerto, influencia política y a los réditos económicos que todo ello implica. Este relato, por sorprendente que sea, aún prevalece bajo la idea de “Guayaquil independiente”, muchas veces utilizado como slogan en concentraciones políticas y festivas de la ciudad.

Por otro lado, hay que recordar que el ex alcalde de esta ciudad, quien permaneció en funciones 18 años, fue opositor consagrado del ex Presidente Rafael Correa, lo cual llevó a un modelo de gestión de la ciudad que puso en evidencia una confrontación centro/periferia, liderazgos locales frente al proyecto nacional del ex presidente Correa. La consecuencia: una desarticulación de lo regional con lo estatal.

Ahora bien, este modelo de ciudad con la configuración política que hemos explicado, junto con las consecuencias nefastas del Covid-19, podrían afectar la entidad del Estado debido a la baja operatividad de este en el territorio porteño y en otras ciudades igualmente golpeadas por la pandemia.

Si tenemos en cuenta la definición de Guillermo O`Donnell del Estado como una entidad que proclama su autoridad sobre la población de un territorio, en Guayaquil esa autoridad se ve amenazada. Los líderes políticos locales que ahora están gestionando la emergencia dejan en tela de juicio las características o funciones estatales: eficacia de la burocracia y efectividad del sistema legal.

La crisis del Estado podría explicarse también por el vaciamiento de la democracia, donde las instituciones estatales pierden relevancia para la vida cotidiana  de la mayoría de la gente que sufren la desigualdad y falencia de servicios o instituciones estatales. De esta manera se aferran a la autoridad local como única instancia de control, lo que puede dar pie a dinámicas políticas de corte populista. Un ejemplo es la “iniciativa” de varios alcaldes para adquirir vacunas por su cuenta, y con ello, dar una “solución” efectiva y rápida en sus ciudades, por encima de la gestión nacional.

Guillermo O`Donnell planteaba que “los ciudadanos y ciudadanas tenemos un derecho público e irrenunciable al Estado”, y esto lamentablemente no se ha materializado en el caso del Ecuador. La lista es larga, desde la falta de empleo, las condiciones de vivienda precaria de los sectores más pobres, falta de alcantarillado y servicios básicos, poca o nula presencia de la autoridad frente a problemáticas sociales como el microtráfico y el contrabando. A esto se suma la evidente ineficacia del sector de la salud lo cual hace que el Estado adquiera ahora grandes retos de cara a garantizar los derechos de las y los ecuatorianos.

El estado debe tener presencia en las zonas más afectadas por el Covid-19, incluso por sobre autoridades locales y liderazgos personalistas. Debe convertirse “no sólo en promotor del desarrollo económico y la equidad social, sino también en promotor y garantía de los diversos aspectos de la ciudadanía política, civil,  social y cultural”, para de esta manera ir combatiendo la crisis que se avizora.

La denominada “democracia ciudadana”, como condición necesaria para el desarrollo, también juega un papel preponderante en medio de esta crisis ¿Qué podemos esperar de una ciudadanía soslayada económica y políticamente? Existen varias respuestas, pero solo bajo esa democracia ciudadana se podrá construir una mejor sociedad que adopte “la capacidad de creación y agencia de la misma sociedad, donde la cultura y sus actores constituyen la mejor energía para avanzar en una sociedad de bienestar digna”.