Luego de la aplicación de la denominada “muerte cruzada” en el Ecuador en mayo, el país vive una gran presión política con respecto a las elecciones anticipadas que se llevarán a cabo este agosto. No solo la clase política está en trance, debido a la ventana de oportunidades que se abrió inesperadamente, sino que también la ciudadanía se enfrenta a un nuevo reto: elegir a las autoridades (en tiempo récord) que armarán el tablero para la próxima partida en 2025. No es tarea menor.

Ocho candidaturas, dos posibilidades

Como primera posibilidad, si el Gobierno de transición que se inaugurará en agosto no gozara, por su naturaleza, de un respaldo mayoritario, lo cual es previsible por la ausencia de un liderazgo reconocible en los últimos meses y la fragmentación que dejó la iniciativa de impeachment contra el presidente Guillermo Lasso, no debería ni podría formular grandes cambios. Este debería enfocarse en homogeneizar la competencia política para que en 2025 la decisión sea más beneficiosa para el país y no decante en la ya conocida disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La otra posibilidad, la más posible y contraproducente a la vez, es que el Gobierno de transición ofrezca cambios y reestructuraciones (hasta constitucionales) como puente entre la inestabilidad actual y el futuro Gobierno que se elegirá en 2025. Esta opción supondría la instrumentalización de la grave crisis política que atraviesa el país para armar el andamiaje institucional y acondicionar una candidatura presidencial en 2025 mientras dura el Gobierno de transición.

El riesgo latente de esta última opción es que, mientras dure el Gobierno de transición, la etapa se convierta en una prolongada e intensa campaña electoral, lo cual significaría una evidente transgresión a la competencia justa y en igualdad de condiciones frente al resto de las opciones del espectro político. Además, el Gobierno encaminaría esfuerzos con miras al posicionamiento político, a la par que se dejan de lado las profundas fracturas sociales que requieren de acciones concretas y a largo plazo, sin mencionar la urgencia de las tareas pendientes que deja el Gobierno saliente en materia económica, productiva y laboral.

Las ocho candidaturas presidenciales que se han oficializado no dejan de ser un indicio del desacuerdo y el personalismo político que ha caracterizado al Ecuador, incluso mediante la dinámica de gobierno que en estos meses se desarrolla, donde el presidente Lasso gobierna con decretos leyes de urgencia y no existe un Poder Legislativo que haga de contrapeso. Paradójicamente, una clase política comprometida con los valores democráticos enfocaría sus esfuerzos en el consenso y en mecanismos ciudadanos de veeduría y respeto de los derechos humanos.

Retomando la idea inicial, ¿cuál es el reto ciudadano al que se enfrentan ecuatorianos y ecuatorianas? Independientemente de las preferencias políticas, en los próximos meses el papel ciudadano es reconocer propuestas viables y sensatas por sobre grandes proyectos a largo plazo y las implicaciones aquí descritas. La captura del voto en estos meses tendrá una dinámica novedosa, pues se intentará mostrar un interés cívico y de compromiso con la democracia mientras se participa en unas elecciones que nacieron del disenso. Los extremos ideológicos se atenuarán para acercarse al votante medio mediante un discurso conciliador, al tiempo que cada candidatura se considera la única capaz de canalizar la fragmentación.

Los siguientes meses nos enfrentaremos a una fuerte campaña electoral con ofrecimientos y promesas: los que no están, prometerán volver, y los que están, dirán que nunca se fueron. Ahora más que nunca el electorado debe exigir y reconocer respuestas sensatas y cívicas, de modo que en los dos próximos años podamos promover nuevos y frescos liderazgos sin tener que mirar al pasado.