En estas fechas podríamos rememorar los efectos destructivos que, a lo largo del año, generaron diversos desastres naturales (ciclones, inundaciones, incendios, sequías) cuya magnitud resulta exacerbada por efecto del cambio climático. Un informe reciente, nos alerta de los crecientes peligros que la conjunción de estos fenómenos plantea a la humanidad, como también las amenazas que ello supone (migración forzada, tensiones ante la escasez del agua), todo lo cual degrada la calidad de nuestras democracias. Y así emerge el sálvese quien pueda, poco sorprende el ascenso de la extrema derecha y el negacionismo climático.
Con un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al uso de combustibles fósiles, las concentraciones de carbono y metano baten récords año tras año. El metano es responsable de más del 30% del aumento en temperatura evidenciada desde el inicio de la revolución industrial. De menor permanencia en la atmósfera, pero mayor capacidad de absorción que el carbono, el efecto nocivo generado por sus emisiones plantea la urgencia dejar atrás la explotación gasífera. Pero ello no impide que el gas natural resulte calificado como “combustible de transición”, toda una contradicción que sostienen muchos en tiempos de creciente negacionismo.
Tampoco se piensa en los crecientes riesgos financieros asociados al exceso de oferta que actualmente se gesta en el segmento de gas natural licuado (LNG), que puede inducir a que un gran número de los proyectos bajo estudio no generen los retornos esperados. También debería destacarse el cambio contractual que conlleva operar en este mercado, donde precios y cantidades pueden alterarse en el corto plazo, volatilidad ajena al mercado tradicional donde los despachos de gas se asociaban a contratos de largo plazo. O considerar los mayores riesgos climáticos la logística de comercialización (ductos, plantas de licuefacción, buques GNL), que a menudo operan en áreas expuestas a eventos extremos tanto como expuestas al aumento en el nivel de los mares.
Tampoco deberían soslayarse los riesgos geopolíticos que comienzan a evidenciarse y amenazan con encarecer, entre otros aspectos del negocio al transporte marítimo. Las terminales de LNG son proyectos capital – intensivos, lo cual plantea importantes inversiones y extensos períodos de amortización, lo cual evidencia su exposición al riesgo de transición. Por ello resulta contradictorio el apoyo que obtienen estos proyectos por numerosos gobiernos, garantizando la rentabilidad en base a subsidios y exenciones, pero desconociendo los compromisos ambientales previamente contraídos, así como costos ambientales (externalidades) que genera esta actividad.
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima que el pico de los combustibles fósiles arribará antes de terminada la presente década, destacando que mismo en el escenario más pesimista la demanda futura resulta abastecida con los proyectos actualmente en curso. Año tras año, el informe BP Energy Outlook viene reduciendo los escenarios de demanda futura. De concretarse el objetivo de emisiones netas cero, ninguno de los proyectos hoy en carpeta encontrará mercado cuando quede operativo, pero tampoco se garantizan las compras bajo otros escenarios: la incertidumbre que evidencia el mercado aumenta de manera significativa. Independientemente de las proyecciones, nada garantiza que el mercado asiático mantenga los niveles de demanda de aquí a 10 – 15 años. Mucho menos si los precios de los combustibles fósiles continúan elevados y con la volatilidad de los últimos años. Las inversiones en renovables avanzan tanto en Japón como en Corea del Sur, dos de los principales importadores de LNG. En el ámbito de la UE, la transición avanza aceleradamente: la energía eólica es la segunda fuente en generación de electricidad (superando al gas), al tiempo que aumenta la capacidad instalada de energía solar. Esto implica una fuerte reducción en la demanda de gas, que el plan energético europeo (REPower EU) estima en un 52% para 2030 – respecto a los valores del 2019. La evidencia, por lo tanto, debería reducir las expectativas que pone el gobierno argentino en este mercado.
A nivel global, las fuentes renovables ya explican el 30 % de la generación eléctrica. Y es que la capacidad de los equipos renovables mejora de manera continua y sus precios están bajando de forma acelerada. Lo mismo sucede con las baterías, lo cual otorga autonomía a la producción renovable. La continua baja de costos y el mayor poder de almacenamiento, sin duda, influirán en la toma de decisiones de los importadores, acelerando la transición.
Todo ello hace que la demanda futura presente una fuerte incertidumbre, al tiempo que aumenta el riesgo financiero de los proyectos. Los proyectos que podrían desarrollarse en territorio argentino recién estarían operables a inicios de la próxima década, lo cual habla de un período extremadamente escaso para recuperar lo invertido si las proyecciones de la demanda resultan verdaderas. ¿A cuánto debería cotizar el LNG (dólares por millón de unidades termales británicas – BTU) para que las exportaciones argentinas sean rentables?
El principal proyecto en discusión se establecería en Punta Colorada, localidad ubicada en el golfo San Jorge de la provincia de Río Negro, área natural que hasta hace poco calificaba como zona protegida. Dicha calificación resultó revertida por el accionar conjunto de los tres poderes de gobierno de Río Negro, convencidos de las bondades del modelo extractivo para transformar la provincia. Dicho entusiasmo se plasmó en la pronta aprobación del nuevo régimen de incentivos a la inversión extranjera (RIGI), al tiempo que decidía acallar a la sociedad civil.
Los fondos que insumirá el proyecto que encabeza Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) resultan cuantiosos, más de US$ 3.000 millones. Se espera que se construyan otros dos, para así poder abastecer la planta de licuefacción de GNL que se instalaría en la citada localidad costera. Esta última inversión sería de entre unos 30 y 50 mil millones de dólares. Referentes del sector destacan que estas inversiones permitirían abastecer a unos 400 barcos al año, lo cual redundaría en exportaciones por US$ 15 mil millones anuales, mayoritariamente destinadas a Europa y Asia.
Se desconoce si se ha tenido en cuenta el riesgo de transición y la eventualidad que los activos pierdan todo valor antes que su amortización haya sido completada. Tal eventualidad podría llevarnos ante una nueva crisis de deuda soberana. Un nuevo fin de año nos muestra como agotamos nuestro presupuesto de carbono, al tiempo que las decisiones de inversión nos alejan de lo acordado en París 2015.
A todo esto, los medios locales destacan el desarrollo que generará la inversión, transformando el carácter bucólico de Playas Doradas en un “símbolo de la industria petrolera argentina”, una industria que está destinada a morir. Poco se habla de los riesgos financieros, mucho menos del peligro de extinción que supone seguir apostando por el petróleo.
Autor
Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development", Cambridge University Press, 2020.
