El triunfo de Jair Bolsonaro ha dado paso a las especulaciones sobre las condiciones de gobernabilidad que enfrentará una vez que esté en el poder. En el próximo Congreso estarán representados 30 partidos, y el del presidente tendrá únicamente el 5% del Senado (4 senadores) y poco más del 10% de la Cámara Baja (52 diputados), menos del 13,4% obtenido por el Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta Dilma Rousseff en las elecciones de 2014. El sistema político de Brasil es uno de los más fragmentados del mundo, y en cada elección viene rompiendo su propio récord. En 2014 había 28 partidos representados en la Cámara Baja. De los 30 que obtuvieron representación este año, 15 poseerán menos de 10 diputados. En 2014 ese número era de 12 partidos.
Si bien el incremento de la fragmentación puede ser pequeño en relación con la legislatura anterior, su dimensión preocupa, teniendo en cuenta los problemas de gobernabilidad que afrontó la presidenta Rousseff desde el inicio de su segundo gobierno y que derivaron en su impeachment, a pesar de haber sido elegida con una amplia coalición de partidos. Una diferencia importante es que Bolsonaro emerge de las elecciones más fuerte que Dilma en 2014. No solo por haber conseguido un porcentaje de votos mayor, 55,1% frente al 51,6% de Dilma aquel año, sino también porque Bolsonaro no carga con el peso del desgaste de un primer gobierno, y se beneficia del «crédito» dado a presidentes en el comienzo de mandato.
La estabilidad a medio y largo plazo de esos apoyos dependerá, en gran medida, de la recuperación económica.
Otro antecedente de escasa gobernabilidad es el gobierno de Fernando Collor, quien fue elegido en 1989 por una coalición de pequeños partidos con menos del 10% de los diputados, y también fue objeto de impeachment. Pero el perfil más conservador de la mayoría de los partidos y legisladores del próximo Congreso, y el respaldo más o menos explícito de algunos de ellos a Bolsonaro en la segunda vuelta, hacen factible el apoyo de más del 50% de los congresistas. Y alcanzar los tres quintos necesarios para enmiendas constitucionales tampoco parece imposible. Sin embargo, la estabilidad a medio y largo plazo de esos apoyos dependerá, en gran medida, de la recuperación económica.
Ese posible respaldo legislativo presenta, no obstante, dos obstáculos notorios. Por un lado, una de las más reiteradas promesas de campaña de Bolsonaro fue que en su gobierno los nombramientos serían exclusivamente por criterios técnicos y no implicarían acuerdos políticos. No es una promesa más. Se trata de una de las principales razones de adhesión de gran parte de su electorado: el distanciamiento de la clase política tradicional. Pero sin cargos públicos que negociar, principal mecanismo de formación de coaliciones en democracias multipartidarias, Bolsonaro difícilmente conseguirá una mayoría estable. El segundo obstáculo para afirmar apoyos es la falta de experiencia de muchos de los colaboradores próximos al presidente electo en aspectos básicos de las normas que rigen la actividad política. Exceso de “ruido” con potenciales aliados puede minar posibles acuerdos.
Sin embargo, las recientes declaraciones de uno de los hijos de Bolsonaro, que además ha sido elegido senador, sobre la posibilidad de acuerdos con el MDB, el camaleónico partido del actual presidente Michel Temer, sugieren que hay disposición para la negociación. Por otra parte, algunos nombramientos, como el del polémico juez Sergio Moro para el Ministerio de Justicia, que han suscitado amplia aceptación entre su electorado, pueden dar margen de maniobra para incursionar, en cierto grado, en negociaciones políticas sin gran reprobación por parte de sus seguidores.
La gobernabilidad está asociada, además, al debate sobre la fortaleza de las instituciones para hacer frente a eventuales desbordes autoritarios del futuro presidente. Este debate no es infundado en virtud de las polémicas declaraciones de Bolsonaro en su trayectoria como diputado, dejando clara su baja adhesión a valores democráticos básicos, incluso durante la campaña electoral. Este es un tema central, debido a que los Ejecutivos liderados por presidentes con poca adhesión a valores democráticos que cuentan con mayorías legislativas, suelen generar conflictos institucionales con el Poder Judicial. Así, el presidente del Supremo Tribunal Federal y la fiscal general de la república ya han enfatizado, en más de una ocasión desde la definición electoral, que el nuevo presidente deberá cumplir con la Constitución y respetar los derechos individuales y de las minorías. Este tipo de pronunciamiento, bastante inusuales, señalan la preocupación que genera el futuro gobierno de Bolsonaro.
Finalmente, sus reiteradas críticas hacia los medios de comunicación insinúan otro posible frente de conflictos. Si bien hay un amplio abanico de opiniones entre los analistas políticos sobre el grado de fortaleza de las instituciones democráticas del país, parece haber menos divergencias en que estas serán puestas a prueba en los próximos años.
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Autor
Cientista político. Profesor de la Universidad Estatal del Norte Fluminense - UENF (Brasil). Doctor en Ciencia Política por el Inst. Univ. de Investigaciones de Rio de Janeiro - IUPERJ (actual IESP / UERJ). Postdoctorado en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
