En 2021, unos 133.000 solicitantes de asilo atravesaron el peligroso Paso del Darién para llegar a Estados Unidos. En 2022, la cifra casi se duplicó y para este año se prevé que se supere los 400.000. Sin embargo, el número de solicitantes de asilo no es lo que debe alarmarnos sino el peligro que estos desesperados migrantes de Venezuela, Haití, Ecuador, Cuba, Senegal, Ghana, Somalia, Guinea, Congo y muchos otros países deben soportar para llegar a Estados Unidos.
El Tapón del Darién es una zona de unos 100km de largo y 50 de ancho entre Colombia y Panamá cubierta de densa selva tropical, montañas escarpadas, vastos pantanos y ríos que con demasiada frecuencia arrastran a los emigrantes a la muerte. Además, la ruta está plagada de contrabandistas, miembros de las ex FARC y otros delincuentes que roban, violan, asesinan, secuestran y venden migrantes vulnerables a redes de tráfico de personas.
En respuesta a esta creciente calamidad humanitaria, el 11 de abril de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una declaración trilateral de los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciando un plan para «abordar la grave situación humanitaria en el Darién». El plan de 60 días pretende poner fin al movimiento ilícito de personas y mercancías a través del Darién, abrir nuevas vías legales y flexibles para los migrantes y refugiados y lanzar un plan para reducir la pobreza, mejorar los servicios públicos, crear empleo y promover oportunidades económicas y sostenibles en las comunidades fronterizas del norte de Colombia y el sur de Panamá.
El anuncio fue recibido con críticas. «Al Otro Lado», una organización que ayuda a migrantes en Estados Unidos y México, criticó la aparente falta de viabilidad del plan. La organización Haitian Bridge Alliance tachó el plan de «aterrador» porque probablemente requerirá la militarización de la frontera colombiana y, por tanto, aumentará los peligros de la travesía. Y es que el plan perpetua la opresión a través de una mayor externalización de la política fronteriza y de inmigración de Estados Unidos.
Este es el último ejemplo de la externalización de la política de inmigración de Estados Unidos y la ampliación de su frontera para impedir que las personas lleguen a territorio estadounidense, donde pueden solicitar asilo legalmente. Por ejemplo, en 2014 se implementó el Plan Frontera Sur para que México pudiera detener a los migrantes centroamericanos antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
Además, durante la administración Trump se negociaron acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras para que aceptaran a los solicitantes de asilo en ruta hacia el norte. Estados Unidos también empezó a exigir a los solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica que pidieran refugio en uno de estos países o en México antes de hacerlo en Estados Unidos.
El Gobierno de Trump también implementó los Protocolos de Protección de Migrantes que exigen a los aspirantes a solicitar asilo en México esperar a que sus solicitudes sean adjudicadas y activó el Título 42, una política de salud pública, para permitir que la patrulla fronteriza expulse a los migrantes sin documentos sin procesarlos.
La tendencia continúa con la Administración Biden. En octubre de 2022 el gobierno anunció un plan por el que se concedían 24.000 visados humanitarios a migrantes venezolanos y, al mismo tiempo, se inhabilitaba a los venezolanos para solicitar asilo si no entraban en Estados Unidos por un punto de entrada autorizado. Por otra parte, con la finalización del Título 42, que ha supuesto una presión adicional para que la Administración controle quién llega a la frontera (volviendo a las leyes anteriores que permiten a cualquier persona solicitar asilo en cualquier lugar en suelo estadounidense), la Administración Biden está tratando, una vez más, de evitar que la gente llegue a los EE.UU.
En conclusión, estas políticas crean, reflejan y perpetúan la opresión global que es cuando las políticas y prácticas de diferentes Estados se compaginan para frenar procesos como la migración. En primer lugar, el plan para detener la migración a través del Darién no es aleatorio ni accidental, forma parte de una red más amplia de políticas y prácticas destinadas a impedir que los solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos.
En segundo lugar, el plan pone a los migrantes venezolanos en un doble aprieto, por el mero hecho de ser venezolanos y pobres ya que, si bien la Administración está permitiendo que algunos venezolanos entren por los aeropuertos, esta no es una opción para los de bajos recursos.
En tercer lugar, es probable que el plan aumente los peligros a los que se enfrentan los solicitantes de asilo, ya sea porque tienen que soportar la selva sin asistencia humanitaria, porque tienen que pagar a contrabandistas para que los lleven por rutas que eluden a los funcionarios o porque se encontrarán con militares que les impedirán entrar en el Darién. Como dijo el politólogo Joseph Carens, «las fronteras tienen guardias y los guardias tienen armas». En estas circunstancias, los solicitantes de asilo se enfrentan de forma sistemática a una violencia potencial desde más frentes que antes.
Por último, preocupa que Colombia y Panamá promuevan los intereses de Estados Unidos por encima de los propios. El hecho de que el electorado estadounidense sea actualmente más xenófobo hacia los migrantes latinoamericanos que hacia otros como los ucranianos, no implica que los países latinoamericanos tengan que colaborar con Estados Unidos en impedir su llegada a la frontera sur.
Estas naciones podrían (y durante la mayor parte de la historia lo han hecho) simplemente dejar pasar a estos migrantes por sus países y ofrecerles protección. Pero el hecho de que hayan optado por no hacerlo, refleja una relación dominante arraigada en una larga historia de intervención estadounidense en la región.
Este plan no busca proteger a los migrantes de un viaje increíblemente peligroso. Así que sigamos pensando en mejores formas de ayudar a estos migrantes a construir futuros sin repetir patrones opresivos del pasado.
Autor
Profesora asociada e investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de los Andes, Colombia. Doctora por Michigan State University. Autora de "Just Immigration in the Americas: A Feminist Account" (Rowman & Littlefield International, 2020).
