En estos días se desarrollan los Encuentros de Primavera, una reunión anual conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) históricamente asociada al mundo de las finanzas. En años recientes, sin embargo, comienzan a cobrar relevancia nuevos temas, y la emergencia climática ocupa un lugar destacado en la agenda de discusiones. La participación en el evento también se amplía. No solo concurren los gurúes de las finanzas, los ministros de Economía o los presidentes de bancos centrales. En los encuentros en Washington participan también miembros de la academia, así como organizaciones civiles y activistas.
Con las temperaturas globales en ascenso, los debates comienzan a orientarse al monto de las inversiones de adaptación, qué países deberían abonarlo, y cuáles son los instrumentos financieros a disposición. Ya sea para las obras de adaptación o asociadas con proyectos de transición, las finanzas devienen centrales. Más acuciante resulta la necesidad de los países emergentes y en desarrollo (PEED), un grupo con fuertes oportunidades de inversión, pero altamente dependiente en materia de financiamiento. Considérese, por caso, las ventajas competitivas de estos países en lo que refiere a la producción de energías limpias, pero que reciben menos del 10% de las inversiones.
El discurso ambiental del Banco Mundial deviene muy ambicioso y las posturas adoptadas por el personal del FMI reflejan también preocupación por la temática, ya que plantean la necesidad de modificar conductas y repensar herramientas. En este sentido, han decidido incluir el clima en el marco del tradicional reporte bilateral de Supervisión General – el tan mentado informe Artículo 4 que anualmente realizan los auditores del Fondo entre los países miembros. La idea de estabilidad evaluada por estos informes ya no se limita al aspecto macro – financiero, considera también lo climático, evitar los “cisnes verdes”. Esta problemática está ahora en la mayoría de sus declaraciones, forma parte de sus intenciones generales, obviamente.
La mayoría de los PEED sufren por la deuda soberana, un problema que se vio agravado tanto por la irrupción del Covid-19 como por las múltiples crisis que subsiguieron. Esto significa que los gobiernos terminan asignando más fondos a servicios de deuda que a salud o educación, una situación que padecen más de 3.300 millones de personas.
Mientras tanto, los inversores privados se alejan y las transferencias de fondos netos resultan negativas: en el último año salieron capitales por más de US$ 200.000 millones. Al considerar el apoyo neto brindado por los inversores privados a los PEED para hacer frente a desastres, estos países recibieron US$ 68.000 millones por repago de capital e intereses por encima de lo brindado [en fondos frescos]. Lo mismo sucede con el comportamiento de las entidades multilaterales y agencias de ayuda bilaterales que obtuvieron más de US$ 37.000 millones por pago de intereses y capital, al tiempo que siguen reduciéndose los flujos de fondos no comerciales.
Mientras tanto, los fondos específicos basados en los derechos especiales de giro (DEGs), profusamente publicitados, siguen mostrando un escaso protagonismo. Mientras el fondo de apoyo a la reducción de la pobreza (PRSF) desembolsa solo US$ 3,150 millones, el asociado a la Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) reparte en 2023 unos US$ 780 millones.
Los compromisos adoptados tras los Acuerdos de París por parte de los PEED se están viendo afectados por la falta de fondos, el problema de acceso al crédito y la falta de mecanismos para resolver las crisis de deuda. Pero la culpa no es toda ajena: también inciden mucho las actitudes que adoptan quienes están al frente de los gobiernos. Fuertemente expuestos a eventos extremos y sujetos a los efectos del cambio climático, por otra parte, muchos de estos países avanzan con proyectos de prospección petrolera. Tal actitud se justifica por la necesidad de divisas en el corto plazo, aunque a mediano y largo plazo la decisión adoptada enfrenta al país a un incremento en su nivel de endeudamiento.
Se sigue favoreciendo a la industria petrolera
Por otro lado, a pesar del reconocimiento del problema climático por parte de las entidades de Bretton Woods, en sus prácticas cotidianas terminan favoreciendo a la industria petrolera. Este tipo de actitud resulta observable en Guyana, así como en Argentina. En su operatoria, tanto el Fondo como el Banco siguen priorizando las restricciones que impone la macroeconomía en el corto plazo, en lugar de considerar los desequilibrios económicos y financieros que genera la profundización del modelo petrolero en el mediano a largo plazo.
En las recomendaciones del Fondo se prioriza el pago de la deuda, aun cuando el costo (subsidios, exenciones impositivas, reducción de retenciones) así como los riesgos (financieros) de avanzar con el yacimiento petrolífero Vaca Muerta supere con creces los beneficios. Esto también implica nueva infraestructura (gasoductos, puertos gasíferos, etc.), cuyos repagos toman décadas.
No solo se recomiendan acciones, también se financian proyectos. Considérese, por caso, el involucramiento del Banco Mundial en el proyecto offshore de Guyana: brindando fondos por más de US$ 55.000 millones. Esto sucedía en 2020, un año después de haberse comprometido a no financiar nuevos proyectos. Cabe mencionar que el contrato firmado con Exxon eximía a esta compañía de toda responsabilidad que pudiera originarse en un hipotético derrame (costo que debe asumir el Estado, un problema que termina padeciendo su población), así como de todo riesgo financiero que genere el proyecto. Todo ello sin mencionar el bajo nivel de royalties originalmente pautados, o el desastre ambiental que genera el proyecto a lo largo de su vida útil.
El repago de la deuda requiere de divisas, lo cual suena lógico. Lo ilógico es financiar proyectos que pronto pueden quedar varados, lo cual agravaría el problema de deuda. En este sentido, la profusión de proyectos petroleros no resulta, desde un punto de vista financiero, dinámicamente sostenible. Pero tampoco en lo económico: poco queda en el país tras descontar la plétora de beneficios, subsidios y exenciones otorgados tanto como las exiguas regalías que pagan las empresas participantes –aspectos a menudo olvidados por quienes, acríticamente, priorizan el desarrollo de este tipo de proyectos.
El problema del financiamiento no se resuelve con un mayor involucramiento del sector privado, al menos no únicamente. Tampoco con las declaraciones o la inclusión de nuevas herramientas financieras. Se necesita también que los fondos que arriben se alineen a los objetivos fijados en París 2015. En particular, con lo normado en el artículo 2.1.c: la necesidad de lograr que los fondos que se movilizan resulten consistentes con el sendero de descarbonización y desarrollo sustentable.
Según el informe del Comité Independiente de Expertos del G20, las ambiciones marchan por detrás y los compromisos distan de ser cumplidos. Mientras tanto, la emergencia continúa agravándose, los desastres naturales cobran nuevas víctimas, la transición se empantana mientras la industria petrolera sigue receptando fondos. Aún estamos a tiempo de refundar el multilateralismo, brindar nuevos objetivos a las instituciones en el albor de la postguerra en las Conferencias de Bretton Woods.
El pedido de muchos, incluidas varias ONGs y prestigiosos académicos, es que instituciones como el Fondo o el Banco cumplan y sean coherentes con sus nuevos cometidos. En definitiva, que los flujos sean dirigidos al financiamiento de largo plazo, inclusivo y sustentable.
Autor
Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development", Cambridge University Press, 2020.
