La mayoría de los mexicanos han naturalizado la violencia en sus vidas. Se cuidan mínimamente, pagan extorsiones y tratan de no meterse en problemas. Otros muchos, que no pueden o no quieren pagar las imposiciones protestan con miedo, algunos pierden la vida o ven desaparecer familiares. Y otros, son obligados a entrar en la lógica criminal y acaban sufriendo las consecuencias.
Comprender la violencia en México exige una mirada más allá de las cifras nacionales, ya que cada municipio refleja dinámicas propias donde confluyen factores sociales, políticos y criminales que moldean realidades contrastantes. Para dimensionarla adecuadamente, es necesario analizarla desde el nivel local, donde se observa cómo coexisten, dentro de una misma entidad federativa, territorios con alta conflictividad, zonas bajo control criminal y regiones en las que la presencia del Estado es apenas perceptible. En el caso mexicano, esta complejidad se manifiesta en cuatro escenarios distintos de violencia, que reflejan la diversidad de contextos y desafíos que enfrenta el país.
Cuatro escenarios de la violencia
El primer escenario de violencia es el que se presenta en municipios con una gran presencia del Estado y del crimen organizado, en dónde el índice de asesinatos es muy alta y supera tasas de 60 por cada cien mil habitantes, superando en diferentes años tasas de 100. Municipios con más de medio millón de habitantes como Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua) superan las 1,000 muertes violentas al año, mientras que Cancún (Quintana Roo), Acapulco (Guerrero), Celaya o Irapuato (Guanajuato) tienen cifras que varían de 500 a 800 homicidios al año. Entre los municipios que tienen menos de medio millón de habitantes destacan Playa del Carmen, Tulum (Quintana Roo) o Cajeme (Sonora), entre otros.
El segundo escenario corresponde a la mayoría de las áreas urbanas, que se mueven en tasas de homicidios que varían de 10 a 30 por cada 100.000 habitantes. No se superan en general los 200 homicidios al año, y éstos se concentran especialmente en las áreas marginales de las áreas metropolitanas de ciudades como Guadalajara y Monterrey, o como delegaciones de la Ciudad de México como Iztapalapa o Cuauthémoc entre otras.
El tercero se encuentra en zonas en las que la presencia del Estado no es fuerte o constante, y en dónde la dinámica de enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado provoca que las tasas de homicidios superen los 50 por cada cien mil habitantes. Este contexto se encuentra especialmente en áreas rurales de municipios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y más recientemente en diferentes municipios de Sinaloa y Tabasco.
Finalmente, el cuarto escenario es aquél donde el crimen organizado tiene el control del territorio y el Estado no tiene presencia efectiva. En estos espacios hay índices moderados y bajos de violencia homicida, pero se presume un importante número de desaparecidos y los ciudadanos están sometidos al control social y político de los delincuentes. Ello sucede especialmente en Tamaulipas, Veracruz, y espacios del sureste mexicano como Tabasco, Chiapas, Campeche y las comunidades rurales de Quintana Roo.
¿Un Estado fallido?
En el caso de los dos primeros escenarios, la importante presencia del Estado hace que no sea adecuado señalar la debilidad estatal, sin embargo, es muy claro que la respuesta del Estado ha sido claramente ineficiente para controlar la violencia. Hasta el momento, las diferentes estrategias de gestión de la inseguridad han fracasado en México.
En cuanto al tercer y cuarto escenario, se puede abrir el debate sobre si en estos casos podemos hablar de un Estado fallido y en cómo se debe fortalecer el mismo para recuperar la gobernabilidad democrática efectiva. La falta de policías profesionales, bien pagados y confiables a nivel local, y la apuesta por una respuesta militarizada a la violencia hace que sea muy difícil gestionar estas situaciones ya que no hay presencia ni inteligencia efectiva sobre el territorio.
El cuarto escenario es particularmente muy delicado porque demuestra que los indicadores de homicidios no son determinantes para saber si el crimen organizado tiene el control efectivo sobre la población. Y sin un conocimiento profundo del terreno, es muy difícil saber si estamos ante una zona libre de violencia o ante una zona controlada por grupos de la delincuencia organizada.
Persistencia de la violencia
La violencia ha persistido a lo largo de los años en amplias zonas del país y se traslada de forma puntual según estalla algún conflicto o se llega a algún pacto. Se encuentra presente en toda la geografía nacional pero para ser interpretada debe analizarse con atención el nivel local. Los esfuerzos de las autoridades para maquillar las cifras de homicidios a lo largo del país, no logran ocultar su importante dimensión e impacto, que además, se complica con el aumento de los desaparecidos que en 2015 no llegaban a los 4,200 y en 2024 superaron los 13,200.
Las interrogantes para los próximos años se centran en conocer si la estrategia de la actual administración de Claudia Sheibaum dará resultados (hasta el momento no se visualiza un cambio en la tendencia) y cuáles son los efectos de las leyes antiterroristas aprobadas por Estados Unidos.
¿Qué pasará si Estados Unidos fuerza a que se dejen de pagar extorsiones bajo el argumento de que las mismas suponen una colaboración con actividades terroristas?
Autor
Profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales (IMEESDN). Profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
