El 1º de octubre se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de México la iniciativa de Decreto impulsada por el presidente López Obrador que busca modificar tres artículos de la constitución relacionados con la gestión del sector eléctrico. Hace tiempo que desde el oficialismo se había anunciado la intención de llevar adelante una contrarreforma constitucional para responder a la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, aprobó en 2013 y que llevó a la privatización del sector.

La iniciativa remitida a la Cámara de Diputados es audaz, agresiva y polémica, y el debate ha estallado con fuerza en los medios de comunicación y las redes sociales.

El ejecutivo ha señalado que la reforma es necesaria por cuestiones de “seguridad nacional” y considera que la reforma del 2013 afecta los intereses nacionales y beneficiaba únicamente los intereses de empresas privadas, especialmente extranjeras, a costa del pueblo y de sus intereses. El gobierno reclama así que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelva a ser un organismo del estado y que sea el actor más relevante en la producción y gestión de este sector en el país.

El sector empresarial y la oposición política consideran que la reforma es una expropiación en toda regla y que la credibilidad y confiabilidad de México en el extranjero están en riesgo. La cancelación de los contratos existentes pondría en riesgo varios tratados internacionales, lo cual llevaría a las empresas afectadas a recurrir a los tribunales internacionales.

La oposición considera también que la CFE no tiene capacidad para dotar del servicio al país, teniendo en cuenta que la propuesta de reforma señala que deberá proveer “por lo menos” el 54% de la electricidad del país. Además, en el caso de aprobarse, la reforma no permitiría cumplir los compromisos adquiridos por México con la sostenibilidad del planeta al privilegiarse la producción de energía en centrales eléctricas contaminantes.

La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó en una entrevista al diario El País: “no nos va a venir nadie de fuera a decir si la reforma energética está bien o mal”. La funcionaria, quien se considera “nacionalista” y afirma que antes de pensar en una ideología, piensa en su país dijo: “La seguridad energética es vinculante con la seguridad nacional, nosotros somos Gobierno y el Gobierno está para satisfacer las necesidades de suministro básico de todos los mexicanos”.

Por otra parte, Manuel Barlett, el actual Director General de la CFE y quien fuera secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid (1982-1988) y de Educación de Carlos Salinas de Gortari (1988-1992) repitió en diferentes ocasiones, en un debate organizada por el periodista Jenaro Villamil en Canal 14, que la reforma que se estaba impulsando para acabar con el neoliberalismo era una cuestión de “seguridad nacional”.

¿Podrán aprobar las reformas?

La dificultad que enfrenta la administración mexicana para aprobar esta y las otras dos reformas constitucionales que pretende impulsar —una sobre temas electorales y otra relacionada con la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional—, es que ni siquiera con sus aliados cuenta con suficientes votos en el legislativo para aprobarlas (le hacen faltan otros 57 diputados y 10 senadores).

La oportunidad que se le presenta al oficialismo es que enfrenta a un PRI dividido que necesita agarrar aire para detener su caída electoral y volver a protagonizar el debate político. El partido de oposición tiene integrados en sus grupos parlamentarios a 71 diputados y 13 senadores entre los cuales el oficialismo podría encontrar el apoyo que le permita alcanzar la mayoría requerida.

Otro reto que deberá superar el oficialismo es que uno de sus socios, el Partido Verde Ecologista, que aporta 43 diputados y 6 senadores, no puede permitirse el lujo de aprobar una reforma que pueda ser considerada contraria a las energías limpias y el medioambiente.

Por ello, el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, el poblano Ignacio Mier, ha señalado que su agrupación está abierta a llegar a negociaciones que no afecten el espíritu reformador. Y en la misma línea, el líder de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, ha asumido el reto de alcanzar una negociación, tanto con sus aliados como con integrantes de la oposición.

AMLO recurre nuevamente a las Fuerzas Armadas

Más allá del éxito o no del gobierno en esta iniciativa, lo grave es que la administración del presidente López Obrador está apelando nuevamente, —esta vez con la excusa de la eficiencia y de la seguridad nacional— a las Fuerzas Armadas para enfrentar los problemas de gobernabilidad.

La seguridad nacional está relacionada con lo excepcional y las políticas públicas con lo cotidiano y lo que se debe racionalizar. La gobernabilidad de una nación no puede encontrarse en la excepcionalidad de forma permanente. El “nacionalismo” es una forma de ver el mundo, aunque la secretaria de energía de México lo quiera disociar de una ideología; y en ese contexto la “seguridad nacional” es una justificante constante.

Gobernar un país recurriendo a la seguridad nacional en todo momento debilita la administración pública y distrae al gobierno de atender sus asuntos cotidianos con normalidad. El concepto de “seguridad nacional” le es útil a muchos políticos para eludir sus responsabilidades, mientras que para quienes tienen una cultura política autoritaria la “militarización” se asume como algo razonable.

Las ideas de seguridad nacional y gobernabilidad se confunden con demasiada frecuencia sin que haya una reflexión profunda sobre sus implicaciones. Si finalmente se aprueba la reforma del sector energético mexicano bajo la excusa de que se trata de un tema seguridad nacional, ¿veremos también a los militares construyendo centrales eléctricas y distribuyendo la energía?

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