Las imágenes de abril de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, saliendo hacia Nueva York escoltado por agentes de la DEA camino a su juicio por narcotráfico, recuerda a la de 2009 cuando otro expresidente, Manuel Zelaya, abandonaba Tegucigalpa en avioneta después de la orden de detención de la Corte Suprema de Justicia, desobedecida por el general Romeo Vázquez Velázquez.

Los dos presidentes buscaron su reelección. Zelaya no negoció con la clase política, trató de imponerse y fue acusado por la justicia de traición a la patria. El Congreso lo condenó simbólicamente con un voto de desaprobación de 124 diputados, del total de 128. Meses después fue indultado. Hernández, igualmente autoritario, fue más hábil y logró una interpretación extraña que le permitió reelegirse. Pero tras la reciente derrota electoral fue extraditado por narcotráfico.

En este marco, Xiomara Castro, la esposa de Zelaya y quien se presentaba como la opción del cambio a las formas de hacer política, ganó las elecciones de noviembre del 2021 con el 51% de los votos. La presidenta encabezó por aquel momento una coalición integrada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), el partido Salvador de Honduras (PSH), y el partido Innovación y Unidad (PINU).

Sin embargo, a apenas seis meses de la asunción de Xiomara Castro, esas esperanzas se han difuminado. Por un lado, muchos comunicadores que apoyaron abiertamente a LIBRE durante años y que instauraron la idea de que el gobierno hondureño había conformado un narco estado que pretendía perpetuarse en el poder, hoy ocupan cargos de elección popular en el gobierno de Xiomara Castro.

Comunicadores como Mauricio Ramos, fundador de UNE TV es Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos; Ivis Alvarado (UNE TV) es Secretario de Prensa del Gobierno; Milton Benítez (El Perro Amarillo) es ministro-asesor en Materia de Comunicaciones; Gerardo Torres (UNE TV) es Vicecanciller; Jorge Aldana (UNE TV) es alcalde de Tegucigalpa; y Mauricio Rivera (UNE TV) Diputado Nacional.

Previo a las elecciones, el 13 de octubre del 2021, la idea del posible fraude electoral se encontraba tan arraigada que finalmente tanto el hoy designado presidencial Salvador Nasralla (PSH), como Doris Gutiérrez (PINU) pactaron apoyar en su carrera presidencial a la esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Esto, para que tuviera mayores posibilidades electorales a cambio de un pacto de posiciones de gobierno y de su investidura como designados presidenciales.

Una vez en el gobierno, sin embargo, la coalición ha empezado a fisurarse. La resistencia de LIBRE al pacto con el Partido Salvador de Honduras y el estilo autoritario de toma de decisiones con el que se ha conformado el gobierno no han contribuido a moderar el ciclo de tensión hondureño.

Xiomara Castro ha sido señalada por buena parte de la sociedad civil de organizar un gobierno en el que su familia tiene una relevancia determinante, lo cual no es saludable para la democracia. El expresidente Manuel Zelaya Rosales es el asesor principal de la presidencia. Sin embargo, su protagonismo es tan decisivo que críticos tradicionales de las administraciones anteriores como los jesuitas del ERIC-SJ, la ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y otras figuras se han manifestado de forma expresa, tanto sobre la inconveniencia de esta relación política como sobre el nepotismo en el primer nivel de gobierno.

Otros integrantes de la familia de la presidenta que se encuentran en cargos de primer nivel son su hijo Héctor Zelaya, Secretario de la Presidencia; su sobrino José Manuel Zelaya, titular de Secretaría de la Defensa; su cuñado, Carlos Zelaya, Secretario del Congreso; y su hija Xiomara Zelaya, Diputada.

Ante esta situación, el Designado Presidencial Salvador Nasralla comenzó a manifestar su inconformidad con la nueva administración ya que no había cumplido sus compromisos dando espacios a su partido en el ejecutivo. Nasralla señaló que su voz no era escuchada por la presidenta. Y esto ha provocado la primera derrota importante del gobierno en el Congreso hondureño.

Poco después de estas declaraciones, los diputados de su partido (PSH) votaron en contra del gobierno y apoyaron a la oposición evitando que se aprobara de forma urgente una ley que reformaba el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. El designado presidencial Nasralla declaró que no se podía aprobar una ley tan importante a “matacaballo”. Con esta afirmación le recordó a la presidenta que no tenía mayoría en el Congreso y que no debería cometer los mismos errores que Zelaya en 2009 al ignorar a los “compañeros” y a los poderes del Estado.

La derogación de la Ley de Defensa y Seguridad, aprobada en 2011, era una promesa de campaña de Xiomara Castro. Uno de los propósitos principales era eliminar como integrantes del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional al presidente del Congreso Nacional, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al Fiscal General de la República, bajo el argumento de la independencia de poderes y de que así la democracia estaba en cuestión.

Pero ese no ha sido, sin embargo, el problema. Lo que causa desconfianza en la clase política es el poder que se le asignaría al Secretario Técnico del Consejo, que por delegación de la presidencia coordinaría los temas de Seguridad y Defensa del país. Esto, en un contexto como el actual, definirá la gestión de la mayoría de las políticas de desarrollo y gobernabilidad de la nación.

Ante la posibilidad de crear una figura política tan poderosa, que además presumiblemente podría ser asumida por uno de los integrantes de la familia Zelaya, o de su círculo más cercano, las acusaciones hacia la nueva administración adquirieron una nueva dimensión. Frente a ello, y mostrando su poder, los aliados de la presidenta se rebelaron y provocaron la primera derrota importante del gobierno.

El mensaje es claro: la gobernabilidad de Honduras pasa por la estabilización de una coalición que incluya a los socios políticos y que limite tanto el nepotismo como la toma de decisiones unilaterales.